Pero hay un dato que destacan en la Corte: si la AFIP tenía algo para reprocharles a Lorenzetti, a sus hijos y a Héctor Marchi, funcionario del alto tribunal, ¿por qué no siguió las reglas habituales para investigar?

Fuentes cercanas a Lorenzetti afirman también que los bienes del juez están declarados desde hace muchos años.

Entre esos bienes que Echegaray le adjudica al juez, dicen, hay varias sociedades y un departamento que figuran en sus declaraciones juradas -como se explica por separado- y sostienen que nunca generaron reclamo alguno del organismo. Señalan además que el departamento de Puerto Madero fue comprado en 2005 y está declarado.

Habitualmente, la AFIP, cuando tienen dudas sobre un patrimonio, le envía al contribuyente un primer requerimiento. Un inspector se presenta en el domicilio y le solicita que en un plazo de algunos días brinde explicaciones y presente documentos.

Si, aun así, la AFIP no queda satisfecha con la respuesta, en un segundo momento, le inicia un sumario y una determinación de oficio: le imputa al contribuyente un delito, fija el monto de la deuda impositiva y le da al contribuyente la oportunidad de hacer su descargo.

En cambio, en la Corte explican que las cosas, en este caso, ocurrieron de otro modo y que la AFIP investigó en forma solapada, sin comunicárselo formal ni informalmente a Lorenzetti.

El último fin de semana largo, el presidente de la Corte, cuando estaba en su ciudad natal, Rafaela, se enteró de que la AFIP de Santa Fe, por pedido de sus superiores, estaba hurgando en su patrimonio, el de sus hijos y el de Marchi. Y se lo dijo a sus colegas.

Durante una semana, la AFIP oficialmente no lo confirmó ni desmintió. Hasta que ayer, sin embargo, surgieron pruebas certeras de que las sospechas de Lorenzetti sobre la existencia de esa pesquisa sí eran ciertas.

En efecto, el director de la DGI, Roberto Toninelli, dejó una pista en un acta que lleva su firma.

Toninelli asentó en ese documento una llamada telefónica que le hizo Marchi, para transmitirle el desagrado de Lorenzetti por la supuesta investigación de la AFIP. También escribió que, durante una reunión, él le dijo a Marchi que éste no había presentado sus declaraciones juradas, al mismo tiempo que le aseguró que no existía investigación alguna sobre Lorenzetti.

Sin embargo, en esa acta Toninelli menciona a la sociedad Ratio SA, que ayer Echegaray públicamente relacionó con los hijos de Lorenzetti y con la compra de un inmueble en Puerto Madero.

Más allá de que Lorenzetti brinda una explicación de la existencia de esa sociedad y al margen de la verdad o falsedad de las imputaciones que ahora hace la AFIP, está claro que el organismo recaudador sí estaba investigando a Lorenzetti o, al menos, a sus jóvenes hijos, y a Marchi.

De otro modo, ¿cómo podría haber Echegaray mencionado tantos datos sobre Lorenzetti? Y también está claro que Marchi no estaría siendo investigado si no estuviese trabajando en la Corte.

En la Justicia, finalmente, también señalan que esta investigación sobre Lorenzetti llega justo en el momento en que el Poder Ejecutivo desató un muy fuerte embate contra la Corte Suprema, que incluye críticas de la Presidenta al fallo del máximo tribunal, que declaró inconstitucional la nueva ley del Consejo de la Magistratura y un nuevo proyecto de ley para sacarle al tribunal la administración de la Justicia.

¿Acaso pueden las acusaciones de Echegaray desvincularse de todo ese contexto?.