Después de un largo debate, que en nada conmovió al oficialismo para cambiar siquiera una coma del proyecto, el blanqueo de capitales fue sancionado por la Cámara de Diputados hace dos semanas y días después fue reglamentado con una rapidez que, sinceramente, no sorprende.
Esta medida sólo puede ser entendida como un verdadero síntoma de la urgencia económica en la cual estamos. Incluso tomando datos provenientes del INDEC, la economía está prácticamente estancada desde 2011; creció el desempleo; el déficit fiscal se tapa emitiendo descontroladamente moneda y aumentando así la inflación.
Perdemos 50 millones de dólares por día de reservas porque tenemos que comprar energía, los inversores no confían en el país y fracasó el cepo cambiario.
Faltan los recursos, se derrumban las mentiras. Y para campear esta situación unos meses, porque eso es todo lo que importa ahora, dan este manotazo. Un manotazo de la peor calaña, porque abre de par en par las puertas al dinero sucio.
En la historia argentina se hicieron muchos blanqueos, con diferentes motivos y finalidades y sobre todo, en diferentes contextos. Pero de ningún modo el que alguien lo haya hecho antes significa automáticamente que hacerlo ahora está bien. Sostener eso es engañoso y necio, especialmente con una ley inconsistente, inequitativa, y que será ineficaz para con sus objetivos.
Esta ley presenta serias deficiencias. En primer lugar, con ella no se da amnistía sólo a la evasión fiscal sino a todos los delitos de la Ley Penal Tributaria (aprovecharse indebidamente de subsidios, apropiarse de fondos provisionales, asociación ilícita para defraudar al estado, y más).
Como no exige declarar el origen de los fondos a blanquear, en la práctica lo que va a permitir es el lavado de dinero, porque sin información la AFIP no puede saber si el dinero viene de evasión o de otro delito.
Y así legaliza dinero venido de cualquier lado: del robo a mano armada a un banco, de una extorsión, de la trata de personas, del narcotráfico, de la venta ilegal de armas, de un secuestro o infinitos etcéteras.
Esta ley, así sólo va a servir para que legalicen su dinero los grandes evasores y los grandes delincuentes. Los pequeños ahorristas no pueden darse el lujo de confiar el resultado de su esfuerzo a un Estado cada vez más insolvente, que ya hipoteca sus jubilaciones y se financia con el congelamiento del mínimo no imponible.
En segundo lugar, la ley pone en la misma situación al que se esfuerza por cumplir la ley como que al que no. ¿Con qué legitimidad después el Estado puede seguir exigiendo que la gente cumpla y siga pagando los impuestos que lo financian? Todos los ciudadanos tenemos por igual el compromiso de sostener la existencia del Estado, y lo hacemos a través de los impuestos.
Este compromiso, el pacto fiscal, es el que permite que el Estado subsista cumpliendo sus funciones, garantizando los derechos y protegiendo a las personas.
Esta ley rompe el pacto fiscal, porque aplaude a los que burlan el sistema y no aportan nada para un Estado que es de todos. Y al favorecer a los avivados por encima del resto, el Estado rompe la cohesión social.
Con la sanción de esta ley, el kirchnerismo entierra muchas de sus banderas épicas: la del desendeudamiento, la de la pesificación, la de sus convicciones, aquellas que Néstor Kirchner dijo hace 10 años que no dejaría en la puerta de entrada de la Casa Rosada.
Ahora volvieron a dejar el traje a rayas para los evasores en el ropero, y pasaron a un traje a medida para ellos y para los peores delincuentes del mundo. El modelo se desgrana cada vez más rápido.
Nuevamente en vez de estar discutiendo políticas económicas de fondo, debimos discutir un blanqueo de capitales insostenible, como muchas de las políticas económicas cortoplacistas y efectistas del kirchnerismo.
Desde nuestro lugar ya prometimos la derogación de la ley y la persecución de los evasores. Por eso ya votamos en contra, porque votando en contra de esta ley votamos a favor de Marita Verón, de las víctimas del narcotráfico, de las economías regionales, de los que cada mes ven cómo el sueldo les rinde menos, de las personas y las PyMEs que tienen al día sus impuestos. A favor del Estado de derecho y de las mismas reglas para todos.