En un contexto como el argentino, caracterizado por una larga historia de impunidad en casos de corrupción que ha favorecido a personajes poderosos, las recientes condenas impuestas en la causa del contrabando de armas del Ejército a Croacia y a Ecuador al ex presidente Carlos Menem (siete años de prisión), a su ex ministro de Defensa Oscar Camilión (cinco años y medio) y a los otros diez acusados (de cuatro a cinco años), representan un trascendente paso adelante que podría convertirse en un punto de inflexión si otros jueces redoblan sus esfuerzos en causas similares.
Un par de enseñanzas encierran los 18 años de proceso judicial que mediaron entre la denuncia judicial realizada por el abogado Ricardo Monner Sans en marzo de 1995 y la lectura, el jueves pasado, de los montos de las condenas. La primera, que deberían tener muy en cuenta los funcionarios que nos gobiernan en la actualidad en medio de un mar de escándalos de corrupción, es que, muchas veces, la pérdida de poder político pone fin a la impunidad de que se gozaba antes.
La segunda es que la excesiva duración de un proceso -que en el caso del contrabando de armas obró como atenuante en las condenas- no necesariamente concluye con el archivo o la prescripción si, como en el caso que nos ocupa, se ha llevado a cabo una prolija recolección de pruebas documentales y testimoniales.
Si bien las condenas resueltas por la Sala I de la Cámara de Casación no se encuentran firmes, pues restan las apelaciones ante Casación y la Corte Suprema, el paso dado es trascendente y debería imprimirle nuevo impulso a una causa conexa y mucho más grave: la del atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero, lugar donde se acondicionaba el armamento proporcionado por el Ejército. El 3 de noviembre de 1995, una serie de estallidos en la planta mató a siete civiles de la ciudad cordobesa y dejó centenares de heridos. La Justicia sostiene que el atentado procuró eliminar pruebas del contrabando a Croacia y Ecuador.
El juez de ese expediente ha elevado a juicio a varios imputados, pero aún resta resolver si se procesará a Menem y al entonces jefe del Ejército, teniente general (R) Martín Balza, actual embajador en Costa Rica.
Las condenas del contrabando de armamento incluyeron una suerte de reparación, al imponerles a cinco ex funcionarios de Fabricaciones Militares la devolución de un total de casi 900.000 dólares que habrían cobrado en concepto de coimas. Los pagos deberán realizarse si queda firme la sentencia. En ese momento, además, habrá que pedir el desafuero de Menem, pues se trata de un senador. El oficialismo ha dejado trascender que, mientras tanto, no hará nada por adelantar el desafuero de su aliado en votaciones clave, pese a que, para algunos senadores de la oposición, habría que proceder ahora por razones morales. Por lo tanto, no sería de extrañar que, mientras tanto, Menem siga votando con los senadores kirchneristas.
Pero por encima de todo, es digno de destacar el valor histórico del paso que ha dado la Justicia. Por primera vez desde el retorno de la democracia se ha condenado a un presidente constitucional por un grave hecho de corrupción. Este desenlace parecía inimaginable cuando comenzó la investigación en 1995. Las explicaciones y negativas del entonces presidente tenían la misma fuerza que en el presente revisten similares negativas y desmentidas de funcionarios respecto de los casos de corrupción del kirchnerismo.
Otro paralelismo que debería inquietar a los principales exponentes de la actual administración es que el sumario por los envíos de material bélico sufrió en sus comienzos serios retrasos y tuvo que sortear fuertes trabas y largos períodos de aparente inactividad, en los cuales el fiscal federal Carlos Stornelli acopiaba en silencio valiosas pruebas. La reacción de aquel gobierno resultó similar a la del actual en el caso Ciccone: acusar a los investigadores y atribuirles falsamente intenciones políticas. Hubo otro dato sugerente: el entonces juez federal Jorge Urso, caracterizado como uno de los jueces menemistas, en determinado momento se convirtió en un firme impulsor de la investigación.
Cuando el avance del expediente parecía irrefrenable, la Corte Suprema de Justicia, caracterizada por la llamada "mayoría automática" que solía favorecer al régimen menemista, le quitó a la causa sus delitos más graves, como los de asociación ilícita y falsedad ideológica, y sólo dejó uno: el de contrabando, sobre el que no se expidió. Así, el sumario pasó del fuero federal al penal económico, donde corrió peligro de no prosperar. Sin embargo, se llegó al juicio oral, que concluyó en septiembre de 2011 con las absoluciones, coincidentes con el período en el que Menem, antes antikirchnerista, votaba en el Senado junto con el oficialismo.
Las posteriores condenas que pusieron coto a la impunidad podrían marcar el comienzo de una nueva etapa, con una Justicia que trabaje sin vacilaciones en la búsqueda de la verdad y la sanción de los culpables, y un poder político consciente de que si incurre en la ilegalidad, tendrá que afrontar las consecuencias.
