A partir el siglo XIX, la industria azucarera se consolidó en Tucumán como una de las actividades pilares de la economía provincial. Pero el ingenio Bella Vista, ubicado en dicha provincia, fue autorizado por el gobierno de Tucumán a destilar alcohol nuevamente, luego de estar prohibido durante dos años a hacerlo, pero la firma está denunciada por el gobierno de Santiago del Estero por contaminación del embalse Río Hondo, al tiempo que la misma pasó por alto la aprobación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 

El hecho puntual es que, el pasado 30/5, Bella Vista firmó, en conjunto con el ingenio Fronterita, contratos para la implementación de un plan ambiental. Así lo confirmó Alfredo Montalván, secretario de Medio Ambiente de la provincia de Tucumán, quien explicó que se trata de un proyecto para el tratamiento de la vinaza que se genera en el proceso de destilación del alcohol.

Pero el defensor del Pueblo, Martín Díaz Achával, decidió denunciar dicho acuerdo, y  ahora espera conocer qué actitud tomará el Gobierno nacional. “El Bella Vista que no venía destilando ahora tiene un certificado para iniciar la destilación, y ya comenzó la molienda para la producción”, comentó el ombudsman santiagueño, según informó el diario El Liberal de Santiago del Estero.

Díaz Achával, quien estuvo al tanto de los controles que técnicos de Santiago del Estero, Tucumán y la Nación, efectuaron por los ingenios tucumanos, reflejó que su preocupación radica en que se desconoce si el ingenio Bella Vista tiene un sistema de tratamiento. “Obviamente tenemos que investigar y auditar”, adelantó. 

El titular de Medio Ambiente recalcó que en el programa intervinieron empresas tecnológicas de Europa, inversores privados, la Corporación Andina de Fomento, Banco Interamericano de Desarrollo y capitales privados nacionales y locales. Y explicó que la firma tendría que haber presentado el año pasado un plan de reconversión industrial que tendría que ser aprobado por Tucumán, pero por sobre todo por la Nación, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

El convenio se selló con la consultora ambiental Crealab, radicada en Buenos Aires, y establece la concesión de vinaza por 30 años. El emprendimiento requerirá fondos por U$S 100 millones en total y apunta a la producción de sulfato de potasio y a la generación de energía. El secretario de Medio Ambiente de Tucumán, expresó por su parte que otras industrias se comprometieron a firmar posibles acuerdos, tal como lo hizo en mayo el ingenio Santa Bárbara, del empresario Julio Colombres.

"Si bien en estos años hemos transitado por soluciones coyunturales, no hemos descuidado el armado cuidadoso de un proyecto que tenga en cuenta que la vinaza es un producto del que se puede obtener agua, energía y fertilizantes. Este proyecto, que requerirá un plazo de dos años, tiende a usar toda la vinaza que se genera en Tucumán para la obtención de energía, sales de potasio y agua para riego", manifestó el funcionario al diario La Gaceta de esa provincia.

"Lo que más atrae del proyecto no sólo es la obtención de los derivados mencionados, sino que las destilerías que entreguen su vinaza recibirán una retribución por metro cúbico entregado y, además, las mismas pueden ser socias del proyecto", agrego Montalván.

Cabe destacar que la Sayds es el garante de un acuerdo tripartito entre Santiago del Estero, la vecina provincia y la propia Nación, y cuya fiscalización está a cargo de la misma Corte Suprema, que entendió en esta problemática a raíz de los amparos ambientales que introdujo la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de Estado de Santiago del Estero en contra de los ingenios que contaminaron el embalse Río Hondo por años. 

Por tal motivo, Díaz Achával, explicó que se tendría que haber hecho una presentación por parte de la industria a la Sayds. “El problema pasa por quién será el garante del acuerdo”, agregó el defensor. 

Esta polémica surge a días de que se reúna el Comité de Cuenca Salí Dulce en Buenos Aires, y allí Santiago del Estero pida definiciones sobre las empresas que no cumplieron con las inversiones ambientales. Abel Tévez, secretario del Agua, adelantó que solicitará que se paralicen las destilerías en infracción.