Tres emisarios de la Casa Rosada salieron a presionar a varios grupos económicos, para obligarlos a traer dinero del exterior y comprometerlos con el blanqueo de capitales. A cambio, les prometen jugosos negocios locales y también protección política.
Guillermo Moreno, Julio De Vido y Ricardo Etchegaray llevaron adelante negociaciones secretas y también utilizaron la amenaza directa para “convencer” a hombres de negocios. El trío admite que ya tiene el compromiso de veinte grupos empresarios para traer plata y así fortalecer el blanqueo.
En la nómina estarían las empresas que fueron beneficiadas por la construcción pública, las obras viales, las importaciones y también nuevas compañías petroleras que crecieron en la última década.
Clarín confirmó que Moreno confió la “operación” en reuniones reservadas con caciques industriales. Estuvo con dirigentes de la UIA y CEO de compañías fabriles. El secretario fue muy directo: “Tenemos la información de quién tiene dinero afuera. Y lo van a tener que traer”. También advirtió a todos que “los vamos a controlar y quien no traiga la guita, la va a pasar muy mal.” El titular de la Unión Industrial, Héctor Méndez, conoció esta actitud y la comentó en el último y convulsionado encuentro de la UIA.
Se dijo, además, que Julio De Vido llevó adelante acciones “pro blanqueo” por pedido de la Quinta de Olivos. Con otras formas, también habría intimidado a los hombres de negocios.
En la lista de empresarios que, según el Gobierno, se comprometieron a entrar al blanqueo se encontraría el núcleo duro del empresariado kirchnerista: Hugo Dragonetti, Cristóbal Lopez, Gerardo Ferreyra, Vila-Manzano, Lázaro Baez, y Rudy Ulloa. Pero también habrían sido ¨invitados¨ a ingresar divisas otros conglomerados de negocios con trayectoria en la Argentina. En la Secretaría de Comercio se insiste en que, entre ellos, figuran el grupo IRSA, de Eduardo Elsztain; la constructora Roggio; IMPSA, de Enrique Pescarmona; el grupo importador Newsan, de Rubén Cherñajovsky, y varias petroleras, como la de Carlos Bulgheroni.
Moreno admitió –entre sus íntimos– que aquellos veinte grupos ya habrían comprometido traer un piso equivalente a 2.000 millones de dólares. Ahora irían por los banqueros.
La avidez oficial, está vinculada a una única meta: arribar a octubre con un buen stock de reservas del Banco Central. Moreno lo puso en números: “Necesitamos un total de 4.000 millones de dólares, para llegar a las elecciones sin sobresaltos.” El funcionario se mostró muy optimista y dijo que ya se habían corregido los errores cambiarios. Afirmó: ¨La economía ahora va a facilitar la reelección.” La sobreactuación de Moreno obedece al mal momento que vive dentro del Gobierno.
Cristina Kirchner comenzó a dudar de la efectividad de sus acciones y puestas en escena.
En el festejo de los diez años de kirchnerismo, Mercedes Marcó del Pont aprovechó la concentración de funcionarios para divulgar esa información explosiva en la Casa Rosada. La titular del Banco Central le comentó lo siguiente a varios ministros: ¨La Presidenta está cansada de los fracasos de Moreno en la lucha contra la inflación.” El sábado, también transmitieron ese comentario Hernán Lorenzino y Axel Kicillof a varios referentes del kirchnerismo.
Por eso, en el Gobierno se toma como un dato cierto que “el control militante” fue una decisión de Cristina para monitorear al propio Moreno. La tarea fue asignada a Kicillof, ahora encargado de procesar los datos que trasmitan los militantes de La Cámpora.
La puja forma parte de la despiadada lucha de poder interna, fruto de que los funcionarios tratan de culpar a otros por los severos desaciertos del Gobierno. Hacia afuera, el plan político es usar el control para responsabilizar a los empresarios de la inflación.
La estrategia confirma que Cristina Kirchner no tomará medidas reales para combatir la inflación estructural.
Los precios se recalentaron por decisiones de la Casa Rosada, entre las cuales están la expansión monetaria, el déficit fiscal, el desborde cambiario y el desaliento a las inversiones productivas que impide aumentar la oferta de bienes.
Aun así, la Quinta de Olivos resolvió tomar por un atajo de circunstancia: echarle la culpa a los empresarios por la remarcación de precios.
Daniel Funes del Rioja advirtió sobre el problema en el último encuentro de la UIA. Llevó un planteo severo y oficial de la COPAL: que la central fabril saque un documento que cuestione el argumento oficial y condene el uso del aparato kirchnerista de medios para tergiversar el comportamiento de precios de las empresas.
Adrián Kauffman Brea acompañó el planteo del titular de COPAL, y la cúpula fabril se comprometió a evaluar una declaración formal contra los ataques de la Presidenta.
En la reunión hubo una mención a Cristóbal López. Lo acusaron de emitir en sus medios oficialistas datos falsos sobre balances de empresas y rentabilidad de firmas como Arcor y Molinos. Dijeron que son informes “apócrifos” que elaboró la Secretaría de Inteligencia y que poco tienen que ver con la realidad de esos negocios El “zar del juego” ya recibió un golpe duro, después de que Dilma Rousseff vetó la venta de Petrobras a su holding. Brasil tiene una actitud distante de la Casa Rosada y no quiso involucrarse con un grupo kirchnerista vinculado al negocio del juego. Pero hubo un dato llamativo: el Grupo Indalo careció de una defensa adecuada de la Casa Rosada. Fue una decisión de Cristina: no le perdona la actitud contemplativa que López tuvo frente al escándalo de corrupción de Lázaro Báez.
