Para conseguirlo tiene que declarar el origen del dinero. Si el Gobierno pretendía reactivar el sector inmobiliario volcando sobre él los dólares adquiridos por el público en el mercado negro, hubiera bastado conceder el COTI a quienes se acogieran al nuevo blanqueo.

Sin embargo, por una iniciativa de Guillermo Moreno, las autoridades crearon un nuevo instrumento, el Certificado de Depósito para Inversión (Cedin). El comprador, en vez de pagar el inmueble con divisas declaradas a través del COTI, deberá entregar sus dólares al Banco Central. Éste, a cambio, le entregará cedines. El vendedor recibirá esos cedines y los presentará al Central, que se los canjeará por dólares.

¿Por qué los funcionarios involucran al Central en la compraventa? No fue para dinamizar la economía. Fue para poder crear el Cedin. ¿Qué utilidad descubrieron en ese nuevo instrumento? Según detectaron algunos economistas perspicaces, a través del Cedin el Gobierno podrá intervenir de manera legal en un mercado ilegal: el del blue.

Controlar el circuito del dólar paralelo es una vieja aspiración de Moreno. Para el secretario de Comercio la posibilidad de que la gente compre y venda bienes a su antojo es una pesadilla. Además, el precio de esa divisa empeora las expectativas y, por lo tanto, impulsa la inflación. Para controlar lo que, por definición, es incontrolable, Moreno apostó primero a maltratar a los vendedores de dólares. No funcionó: el bosque de "arbolitos" es infinito.

Para encontrar otra solución, según versiones muy confiables, la Anses transferiría dólares oficiales a un par de financieras amigas para que los vendan en el mercado blue.

Con los pesos obtenidos, esos cambistas recomprarían los dólares al Central, simulando importaciones de servicios. Un fiscal federal investiga la maniobra.

El Cedín resolvería la cuadratura del círculo: inyectar dinero blanco en un mercado negro. ¿Cómo? Sencillo: el Central podría emitir esos certificados para que los cambistas los ofrezcan a los que demandan dólares. En otras palabras: el Cedín sería el vehículo a través del cual el Gobierno entregaría reservas monetarias para abaratar el blue.

La hipótesis es convincente porque lleva un sello inconfundible del kirchnerismo: la incongruencia. Para descubrirla basta con reconstruir la política cambiaria del último año y medio: la inflación hizo que los ahorristas huyeran hacia el dólar; esa presión produjo una caída de reservas; para detenerla las autoridades crearon el cepo; esa medida dio lugar a un mercado paralelo; los precios de ese mercado son cada vez más divergentes de los del oficial por la persistencia de la demanda de dólares; para distender esa demanda se crea el Cedín; ahora, el Gobierno podrá entregar dólares oficiales a cambio de cedines. Resumen: al cabo de un largo rodeo, el Central volverá a perder reservas. Es decir, se reencontrará con el fuego del que huía.

Hasta fines de 2011, había un instrumento que se podía cambiar por dólares: el peso. Pero la inflación lo inutilizó. En vez de combatir la inflación para restaurar esa moneda, Cristina Kirchner prefirió crear otra: el Cedín. ¿Logrará arruinarla como al peso? ¿En poco tiempo el valor nominal del Cedín se deteriorará, por temor a que el Central no los reconozca? Hay financistas que se están preparando para disfrutar de ese mercado secundario.

Existen rarezas más llamativas en esta forma de des-administrar. Gracias al blanqueo, al que trae dólares negros se lo premia con una tasa del 4%. Pero al que trae dólares blancos se lo penaliza con un encaje del 15%. Esa barrera se creó cuando había exceso de divisas. Y sigue allí. Es un modo fetichista de practicar el "nunca menos".

Con la misma lógica, se agasaja con un jubileo al que se puso al margen de la ley, pero se sigue cobrando el impuesto a las ganancias al que vive de un salario. "Si van a ser generosos con los lavadores, por lo menos que sean justos con los trabajadores", ironizó el sindicalista Ricardo Cirielli.

La incoherencia es el hábitat natural del kirchnerismo. Volvió a demostrarlo en el mercado del trigo. El Gobierno ahogó a los productores con retenciones y regulaciones. La superficie sembrada en 2012 fue la menor de los últimos 110 años. Alarmados, los funcionarios decidieron "estimular la producción". En vez de quitar las trabas que ellos mismos manipulan, crearon un fideicomiso para distribuir subsidios. ¿De dónde saldrá el dinero? De las retenciones que causan la asfixia. ¿Y si eliminaban las retenciones?, se preguntó Félix Sanmartino en la nacion. Las autoridades no saben/no contestan.

La misma Presidenta que pretende reanimar el consumo para conseguir más votos, impide a los comercios publicar las ofertas de lo que se podría consumir. Está dispuesta a terminar con los supermercados con tal de terminar con los diarios.

La política energética padece la misma contradicción. La señora de Kirchner confiscó YPF para evitar que Repsol la abriera a inversores extranjeros. Designó allí a Miguel Galuccio, que busca abrir la empresa a inversores extranjeros. Son los que negociaban con Repsol, que ahora se niegan a invertir en una compañía confiscada.

¿Por qué asombrarse de los malos resultados de YPF? El mismo grupo humano estuvo ocho años entrenándose en Enarsa. El viernes pasado echaron al presidente de esa compañía, Exequiel Espinosa. Lo único memorable de su gestión fue la contratación del avión que trajo a Buenos Aires a Guido Antonini Wilson y su célebre valija. A Enarsa se le cedieron áreas offshore por las que nunca se interesó. Envuelta en la bandera de la soberanía, se convirtió en una sospechosa importadora de combustibles. Decapitado Espinosa, la empresa quedó en manos de un abogado y un sociólogo.

Esta política energética promueve el éxodo de varias compañías extranjeras. Es posible que el Bono para el Desarrollo que el Gobierno acaba de ofrecer a los tenedores clandestinos de dólares sirva a algunos amigos del poder para capturar esos activos. El caso Báez demostró el riesgo de exportar dinero.

En la guerra contra los medios la Presidenta no consigue ser más congruente. Elaboró una ley para pulverizar a Clarín, de la que sólo se está salvando Clarín. Aliados del Gobierno, como José Luis Manzano, intentan eludir la nueva normativa. Pero cuando el kirchnerismo acepta sus argumentos descubre que también serían aplicables a Héctor Magnetto.

El desapego por la calidad administrativa se ha vuelto un rasgo constitutivo del kirchnerismo. Ese desdén se corresponde con una concepción reduccionista de la vida pública, para la cual todos los problemas, aun los más complejos, se originan en un complot maquinado por enemigos ocultos que, al contradecir la voluntad del que manda, atentan contra el bien de la Nación.

Para esa visión, el desabastecimiento energético, la fuga hacia el dólar, la carrera de los precios, el estancamiento o la falta de inversión no son el resultado de procesos impersonales que, de tanto desafiar los rudimentos de la ciencia, producen desequilibrios inmanejables. Son la confirmación de que ese adversario escatológico se resiste, en su perversidad, a la derrota. La magnitud del desafío que el kirchnerismo se ha impuesto determina la necesidad de otra reelección. Lo confesó Carlos Heller, acaso el predicador más sagaz con que cuenta la religión oficial: "La alternancia es una mala cosa cuando se piensa en cambiar el país a fondo".

La Presidenta se ha cansado de explicarlo: su administración no está siendo amenazada por la propia incompetencia, sino por un orden internacional que, sostenido por aliados locales, desea escarmentarla. Ella cree estar pagando el precio de haber desenmascarado, con su exitoso experimento, el fracaso global del capitalismo ortodoxo.

Hay que prever que, cuanto más mortificantes sean las prestaciones de la economía, más hostil será el Gobierno en la persecución de aquellos a los que declaró sus enemigos. A mayor ineficacia, mayor autoritarismo.

El diagnóstico oficial impone un criterio para la selección del personal. La idoneidad es accesoria. La obediencia es esencial. El quinteto que el viernes pasado intentó explicar el nuevo blanqueo en el Senado -un malicioso legislador lo llamó la "Banda de los Cinco", en alusión a aquella Banda de los Cuatro del maoísmo, con cuya evocación Zannini lagrimea- está cohesionado por un factor más contundente que una idea: es el temor reverencial a Cristina Kirchner.

Cada miembro del grupo -Moreno, Kicillof, Marcó del Pont, Echegaray y Lorenzino- imputa a los otros cuatro una parte del problema. A Marcó, el desmanejo monetario; a Echegaray, el cepo impositivo; a Moreno, negar la inflación; a Kicillof, admitirla, y a Lorenzino, querer irse. Todos tienen razón. Cada uno construyó una parte de la trampa en la que está atrapada la economía argentina. Un laberinto del que ni siquiera Cristina Kirchner conoce los planos.