Por fin, después de verificar el derrumbe de las siembras de trigo, reducidas a 3,1 millones de hectáreas, cifra casi igual a la mitad de las cultivadas al inicio de la administración kirchnerista y similar a las de más de un siglo atrás, el gobierno nacional reconoció el valor de este tradicional y valioso cultivo, ligado a la historia del mundo.

La propia Presidenta reconoció que "para nosotros el trigo es fundamental". Claro que lo es, tal como se lo ha repetido insistentemente desde esta columna editorial, por su interés para la economía nacional, como vital alimento y por su valor en el contexto exportador, en el que se verifica la ventaja tarifaria en vigor en Brasil, a punto de perderse.

También es importante por su participación en la necesaria rotación de los cultivos, principalmente con la soja, y por su aporte de recursos financieros a la producción, justamente cuando lo demandan los gastos de la siembra y cultivos estivales.

Sin embargo, la decisión adoptada no es lo deseable, aunque podría constituir un paso hacia la futura derogación del perturbador tributo. Ocurre que la supresión de la retención requiere el paso por el aporte de la retención por parte de los exportadores a un fideicomiso a cargo del Banco de la Nación, cuya administración estará a cargo de un grupo de entidades representativas de las cooperativas agrícolas, de la industria molinera y de las exportaciones, pero no de las entidades que componen la Comisión de Enlace. En cambio, se incluye a una entidad menor, de reciente creación y, no por casualidad, adicta al oficialismo.

El sistema contendría, además, un cupo de exportación de cinco millones de toneladas, que, juntamente con los siete millones reservados para el consumo, suman 13 millones, que espera como mínimo el oficialismo a partir del sistema por crearse. Se insiste así en el régimen de separación del consumo y la exportación, destinado a defender "la mesa de los argentinos", un tema sin sustento a la luz de la participación de la harina de trigo en el precio del pan, que no superaría el 10 por ciento. El sistema creado requiere, para poder alcanzar el bolsillo de los productores, su recaudación mediante el pago por parte de los exportadores al fideicomiso, el cual a su vez lo transferirá a los productores. A su vez, los productores, al finalizar la cosecha, deberán informar bajo declaración jurada cuál ha sido la cantidad que se ha cosechado.

Cuánto más sencillo, sin burocracia mediante, y mucho más convincente para los destinatarios del programa sería eliminar lisa y llanamente las retenciones a la exportación de trigo. Años atrás, el Gobierno lanzó un programa denominado Trigo Plus para devolver retenciones en caso de que la producción superara los 13 millones de toneladas, meta que finalmente no se cumplió.

Ahora, se verá cuál es la respuesta de los productores ante un sistema que les permitiría lograr un adicional de unos 20 dólares por tonelada de trigo. La credibilidad del Gobierno no juega a favor de una entusiasta respuesta, toda vez que está a la vista lo que ocurre mes tras mes con las tramposas estadísticas que proporciona el Indec desde 2007, ni con incumplimientos de compromisos fiscales o de los casos de corrupción que se ventilan a diario en un contexto de inseguridad jurídica que se acrecienta con el correr de los días.

La siembra de trigo en el norte del país está comenzando ya para finalizar en el extremo sur de Buenos Aires y La Pampa a mediados de agosto, hecho que limita la perspectiva de estimular las siembras del cereal, que requiere la movilización de recursos que no se logran de un día para el otro. En síntesis, el sistema ideado es de compleja y tardía aplicación. En este contexto, se verá cuál es la respuesta de los castigados productores argentinos a estas vagas promesas que ya se incumplieron en el pasado.