A escasas horas de la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación que podría darle el golpe de gracia a la República si finalmente se aprueban las tres más cuestionables iniciativas que integran el mal llamado paquete de "democratización" de la Justicia impulsado por el gobierno nacional, es necesario volver a convocar a los representantes del pueblo a reflexionar seriamente sobre el paso que se aprestan a dar. También a la ciudadanía toda para que, mediante los más diversos mecanismos legales a su alcance, rechace esas propuestas que tienen groseros vicios de inconstitucionalidad y que terminarán consagrando la concesión de la suma del poder público al Poder Ejecutivo Nacional.
El oficialismo kirchnerista intentará sancionar mañana en forma definitiva los proyectos de leyes de reforma del Consejo de la Magistratura, de limitación de las medidas cautelares contra el Estado y de creación de las cámaras de casación para los fueros Civil y Comercial; Contencioso Administrativo, y Laboral y Previsional. La idea es aprobar esas iniciativas tal como han salido del Senado, donde fueron aprobadas en un trámite inusualmente veloz, sin un adecuado tratamiento en las comisiones legislativas y prácticamente a libro cerrado, al margen de algunas modificaciones impulsadas por una organización no gubernamental, el Centro de Estudios Legales y Sociales, presidido por un periodista muy cercano al Gobierno. Numerosos y calificados sectores de la sociedad, entre ellos la Conferencia Episcopal, han advertido sobre la gravedad para una genuina democracia de una reforma con la envergadura de la propuesta, si se basa en la imposición antes que en el consenso.
La brutalidad de los procedimientos seguidos por el oficialismo para aprobar esta reforma judicial, incluida su férrea negación al diálogo con la oposición y con múltiples sectores que podrían aportar interesantes puntos de vista, muestra a las claras cuál es el verdadero propósito del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Se trata, como ya hemos dicho desde esta columna editorial, de someter a la Justicia al absoluto arbitrio del Poder Ejecutivo, haciendo que el principio republicano de división de poderes se convierta en letra muerta.
Mediante la mentirosa consigna de la "democratización" del Poder Judicial, se busca convertir al Consejo de la Magistratura en un apéndice del partido gobernante y, a partir de las facultades de ese órgano de seleccionar y remover a los magistrados, hacer depender a los jueces de la voluntad política del Poder Ejecutivo.
La elección popular de los jueces, abogados y académicos que integren el Consejo de la Magistratura terminará sometiendo este cuerpo a los partidos políticos, y especialmente a la hegemonía de aquella fuerza que triunfe en las elecciones. Los candidatos a consejero, quienes concurrirán dentro de una lista sábana que compartirán con postulantes a otros cargos electivos, deberán, de acuerdo con la iniciativa oficial, hacer campaña política y conseguir financiamiento. Un Consejo partidizado con hegemonía de una mayoría tendría la posibilidad de manipular al Poder Judicial, en tanto que el aumento del número de miembros, de 13 a 19, y la elección popular modificarán las mayorías necesarias para disciplinar y remover jueces, lo cual podría ser utilizado para presionarlos. Algo, por cierto, que el kirchnerismo ya ha querido hacer más de una vez.
La creación de las tres nuevas cámaras de casación apuntará al mismo objetivo del oficialismo de controlar al Poder Judicial, por cuanto buscará integrarlas con jueces cercanos. Al mismo tiempo, disminuirá el acceso a la Justicia, dado que aumentará el costo de litigar y las causas demorarán aún más que ahora. El caso de los juicios promovidos por jubilados es uno de los más elocuentes .
Finalmente, con la limitación de las medidas cautelares contra el Estado, queda claro que los ciudadanos dejarán de tener una herramienta esencial para frenar abusos por parte de las autoridades nacionales. Del mismo modo, se limitará en forma drástica la protección de derechos de las personas. Con una ley como la propuesta, ya se habría procedido al desguace del Grupo Clarín, se habría silenciado a muchos otros medios de prensa, se le habría confiscado a la Sociedad Rural su predio de Palermo, y se habrían cometido muchas otras arbitrariedades contra el derecho de propiedad.
Resulta claro que el gobierno kirchnerista no quiere una Justicia independiente, lo cual implica que está apuntando a terminar con la República y con las libertades individuales de cada argentino que no esté dispuesto a someterse a la voluntad de un gobierno que avanza hacia formas cada vez más totalitarias.
