El proyecto del Gobierno para "democratizar la Justicia" constituye un peligroso avance sobre las libertades individuales y sobre la independencia de la Justicia frente a las influencias del Poder Ejecutivo, ya sean para beneficiar a éste o a otros gobiernos en el futuro. Oponerse a esta reforma no significa afirmar que la Justicia actual esté bien; hay evidencias de ineficiencia y de corrupción desde hace muchos años, que fueron exacerbadas por este gobierno, y que seguramente no desaparecerán si se lleva adelante la reforma pretendida.
Los mecanismos que existen para evitar este avasallamiento del derecho pasan por las movilizaciones cívicas, como las del 16 y el 18 de abril; por la actuación de los más altos niveles de los tribunales, y también, especialmente, la de los partidos políticos en las elecciones de octubre próximo.
Las elecciones de octubre no están para que en el Congreso se elijan las mejores políticas sociales y económicas que propongan los diferentes partidos políticos, dentro de la variedad ideológica que los caracteriza. Ésa podrá ser la tarea de 2015, cuando elijamos quiénes nos deberán sacar de los desequilibrios que el kirchnerismo dejará como pesada herencia a los que lo sucedan.
El desafío de octubre de este año es otro, mucho más angustiante: frenar el avance totalitario del kirchnerismo. Nadie puede cuestionar la legitimidad del triunfo de 2011, pero tampoco se puede desconocer la disposición del Gobierno a controlar los tres poderes del Estado, a descalificar a las minorías en el Congreso, a la manipulación de la Justicia para proteger la inmensa corrupción que lo caracteriza, al uso en beneficio partidario de los medios oficiales de comunicación y a las recientes amenazas del uso de la violencia para el logro de sus objetivos de acumulación de poder político. Este sesgo antirrepublicano, totalitario y prepotente es un retroceso en nuestra reconstrucción democrática y debe preocuparnos, a los partidos políticos que conformamos la oposición, por encima de las diferencias que mantenemos en otros aspectos ideológicos y formales.
No estamos ante un grupo político que tiene una idea diferente de cómo manejar la Argentina dentro del juego democrático; estamos ante un grupo que quiere cambiar las reglas del juego democrático en su propio beneficio. Y lo hace ante la evidencia de que no hay manera, dentro de la Constitución Nacional, de lograr la ansiada reforma que permita un tercer período a la actual presidenta. Esto es así porque para lograr los dos tercios en el Senado deberían conseguir 23 de los 24 senadores en juego, lo que constituye una imposibilidad dentro de las leyes vigentes, que asignan dos senadores al ganador y uno al segundo. Cabe reconocer qué sabia resultó la condición fijada por los constituyentes de 1994 para evitar la hegemonía totalitaria de un partido.
Planteada la urgencia del momento actual, el objetivo excluyente de 2013 debería ser, más que evitar la re-reelección, recuperar el control del Senado de la Nación. Esto no es una tarea imposible, como veremos.
De los 24 senadores que deben renovar su banca 13 corresponden al oficialismo. En cinco de los ocho distritos que eligen senadores, el oficialismo pone en juego dos bancas. Estos distritos son Capital Federal, Chaco, Entre Ríos, Río Negro y Neuquén. Si la oposición, mediante alianzas, logra imponerse en sólo 3 de estos 5 distritos, el oficialismo pierde la mayoría en el Senado. Así de simple, aunque nada fácil.
Adicionalmente, se podría decir que también la elección de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires es clave, no tanto por su incidencia en la conformación de la Cámara baja, sino por ser un distrito clave para evidenciar la debilidad creciente del kirchnerismo.
Consecuentemente, en estos seis distritos, los partidos políticos de la oposición deben realizar los esfuerzos necesarios para concretar acuerdos e incrementar así las posibilidades de obtener triunfos que decreten el comienzo del final de la era kirchnerista. Soy plenamente consciente de las dificultades ideológicas, históricas y éticas que diferencian a los diversos partidos opositores. Pero hoy los riesgos son de naturaleza diferente de los que enfrentábamos en 2007 y 2011, cuando las alianzas entre radicales y algunos peronistas terminaron debilitando al conjunto, porque no fueron entendidas ni acompañadas por las bases, por motivos bien comprensibles. Estos acuerdos supondrán sacrificios personales de bien ganadas aspiraciones políticas, pero la sociedad los reconocerá y los premiará oportunamente.
También, si el proyecto oficial logra avanzar, estamos ante unas elecciones nacionales para los cargos del futuro Consejo de la Magistratura. Sería muy importante lograr alianzas en este aspecto y concentrar nuestros votos en los candidatos que nos puedan asegurar en el futuro tener una Justicia independiente. Éste es otro aspecto que caracteriza como nacionales las próximas elecciones, ya no tan "legislativas".
Si logramos frenar el proceso autoritario en 2013, las diversas fuerzas políticas, incluido el kirchnerismo, podrán competir democráticamente en 2015 para que la ciudadanía elija la mejor propuesta de gobierno. En ese caso, no resultará necesario que el espacio no kirchnerista esté unido, ya que hay diferencias profundas entre las propuestas que provienen de la centroderecha y las del ala progresista. Pero si no logramos frenar los avances totalitarios ahora, no hay competencia democrática en 2015.
Es imperioso entonces que, especialmente en esos seis distritos, los políticos opositores escuchen el reclamo de la ciudadanía y se junten detrás de un solo reclamo: no pasarán por encima de la Constitución Nacional.
