El tironeo Gobierno-campo toca máximos. El motivo: requieren dólares con urgencia y la rápida exportación de la soja parece ser la única solución del Gobierno. Al menos, los economistas dicen que es una de las últimas oportunidades que tiene para achicar la brecha cambiaria. O crece al presión... o crece. No hay chances de que el Estado trabaje para que los productores eviten malvender la soja.

Mientras el gasto público sigue creciendo muy por encima de los ingresos y las reservas del Central se hunden en el camino inmerso, la urgencia del Gobierno nacional no puede sino apuntar a la soja, el "yuyito del que vive (desde los tiempos de Néstor Kirchner) el Gobierno nacional", pero que a la vez "no deja vivir". 

Lo dijo hoy el titular de la Sociedad Rural, Luis Etchevehere, luego de reclamar al Gobierno que elimine las retenciones a las exportaciones agropecuarias, debido al impacto de la inflación y del dólar blue sobre los costos.

En una entrevista con radio La Red el empresario agropecuario consideró que "toda la economía debería tener un dólar igual para comprar que para vender" y no dudó en reclamar: "Sáquennos las retenciones para devolver competitividad al campo".

Dijo que la soja la están cobrando "un 35% menos que el dólar oficial, a $ 3,20", mientras que los insumos y los servicios "crecen al ritmo del blue". "Así no hay economía que aguante", expresó.

El dirigente rural explicó por qué no liquidan la soja: "Si guardás la soja, de esa manera pasás el año sin sobresalto; en cambio, si vendés todo hoy, sufrís el impuesto a la inflación".

Según sostuvo el Gobierno presionó el mes pasado para que vendieran la soja. "Fueron a los campos los inspectores de la AFIP, le decían a los productores vendé, si no vendés lo que tenés ahora no vas a poder venderlo después", señaló.

Por su parte, el presidente de Acsoja, Miguel Calvo, estimó que los efectos de la soja en la cotización del dólar "comenzará a sentirse recién en 15 días, cuando empiecen a entrar los granos de la cosecha nueva". 

En diálogo con Radio 10, el dirigente dijo que "es muy poca" la soja del ciclo anterior que "está en manos de los productores" y consideró que "es muy difícil obligarlos a todos para que liquiden el mismo día". 

El jueves último, Etchevere también había advertido que los exportadores no tienen soja para generar ingreso de dólares. De esta manera, descartó que puedan liquidar sus cosechas en el corto plazo. 

"Prácticamente no hay nada; si hay algún productor que tiene algo de producto para poder llegar a la cosecha nueva como para poder encarar las cuentas es muy poquito y tampoco va a solucionar un problema gravísimo que tiene el Gobierno", expresó en relación a la intención del Ejecutivo nacional de que liquiden los excedentes de granos para inyectar divisas en el mercado tras la disparada del dólar negro.

Según el titular de la SRA, la situación del agro no es buena, lo cual queda en evidencia luego de que  "el año pasado se esperaban 50 millones de toneladas y por cuestiones climáticas se cosecharon 40". 

Luego agregó: "Para junio-julio del año pasado los productores habíamos vendido el 80% de la cosecha. A fin del año pasado las cuentas que había era que había un 1,6 millón solamente. O sea que prácticamente nada".

Sobre el valor del dólar soja, Etchevehere explicó que "al oficial se le descuenta el 35%, sería a $3,20". "Para nosotros está $1.600 la tonelada, pero descontado el flete y los gastos de comercialización, por ejemplo el productor chaqueño no llega a los 1.000. El productor uruguayo recibe US$530 de verdad, billete", sostuvo. 

"Viene un año difícil. Todos pronostican 30% de inflación y el señor que sembró soja y que tuvo una buena cosecha va a ser muy prudente a la hora de vender porque va a tener que ser muy eficiente", adelantó.

Ayer, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, salió a desmentir el uso de la ley antiterrorista contra el sector. "Sólo se aplicaría la norma penal tributaria", dijo. 

Echegaray sostuvo que "las versiones (sobre la aplicación de la ley antiterrorista) corren por cuenta del diario (El Cronista) que las publicó" y que el organismo que encabeza "sólo aplica la ley penal tributaria". 

El funcionario criticó a las cerealeras y sostuvo que las que mantienen deudas con el fisco por hacer "una viveza", la de "preanotar existencias para descontar impuestos" no están incluidas en el plan de facilidades lanzado ayer. 

En ese sentido, puntualizó que Cargill le debe al fisco U$S228 millones, Bunge U$S126 millones, LDC 141 millones, Aceitera General Deheza 48 millones, Molinos 197 millones, Nidera 132 millones, Vicentín 62 millones, y Oleaginosas Moreno 17 millones.

La posibilidad de que Cristina Fernández aplique la ley 26.734 generó el rechazo de los principales representantes del campo.

Etchevehere , calificó la medida como “un acto fascista”.

Por su parte, El diputado nacional por el Frente Peronista, Eduardo Amadeo, señaló que la aplicación de la ley antiterrorista a productores sojeros "es una medida con sesgos dictatoriales y muestra claramente la desesperación del gobierno ante los fallidos intentos de parar la sangría de dólares".

La ley antiterrorista permite tomar como actos hostiles las manipulaciones en el mercado. En el oficialismo creen que los sojeros no venden granos para impedir el ingreso de divisas.

La disputa es por unos US$5.000 millones producto de la soja que, según el Gobierno nacional, existe en silobolsas desde la cosecha pasada, algo que los productores niegan.

Según trascendió, el Gobierno esperará hasta abril para ver con qué ritmo arranca la liquidación de la actual cosecha, que tendrá su epicentro entre ese mes y junio.

# La Mesa de Enlace analiza dejar de vender soja

Productores rurales del noroeste argentino plantearon a la Mesa de Enlace Agropecuaria la necesidad de realizar "medidas de fuerza a nivel nacional" por la falta de respuesta oficial a los reclamos del sector, y ratificaron la "unidad" de ese nucleamiento.

El encuentro, que se desarrolló en San Miguel del Tucumán, concentró a productores de esa provincia, Salta y Santiago del Estero, y tuvo como telón de fondo el repudio del sector por las versiones de que el gobierno aplicaría la ley antiterrorista.

El director suplente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Jorge Argüelles contó que esos rumores "cayeron muy mal", y dijo que en la reunión hubo coincidencia en la necesidad de que la Mesa de Enlace se mantenga "unida", y en "realizar medidas de fuerza" porque la situación del sector "es insostenible".

Al respecto, señaló que entre las acciones se propuso "un cese de comercialización, aunque sin cortes de ruta, y respetando el abastecimiento de necesidades básicas como la leche", y acotó que las opciones de duración van desde "unos pocos días hasta por tiempo indeterminado".

La Mesa de Enlace recién a mediados de abril, cuando finalice la ronda de encuentros por el interior del país, definirá los pasos a seguir.

La asamblea de Tucumán es la quinta convocada por el nucleamiento en un mes y medio para conocer la visión de los productores; sus dirigentes expusieron la coyuntura del campo, y repudiaron la eventual aplicación de la ley antiterrorista para obligar a vender soja.

Etchevehere enfatizó que "en vez de pedir que vendamos la cosecha, el gobierno debería explicar qué hizo con los US$60.000 millones en retenciones que aportó el campo".

"No podemos aceptar en este momento que se amenace a los productores porque la cosecha vieja se vendió prácticamente en su totalidad y la cosecha nueva está sin levantar", expresó.

A su vez, el presidente de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, advirtió que "si no aparecen las soluciones que estamos reclamando hace tiempo, no quedará más alternativa que ir a una gran protesta agropecuaria nacional".

En su discurso, Buzzi pidió al gobierno nacional que tome el ejemplo del Papa Francisco y "revea la actitud de revanchismo hacia el sector agropecuario, al que el oficialismo ha tomado como enemigo desde la derrota que tuvo en 2008, con el conflicto por la 125", según indicó un comunicado de FAA, que agregó que aparecieron pintadas con aerosol firmadas por La Cámpora en las paredes de la sede la SRA de Tucumán -donde se efectuó la asamblea- con la leyenda Democracia o corporación.

Por su parte, el titular de CRA, Rubén Ferrero, aludió a las problemáticas de esa región, y destacó: "El precio del azúcar al productor cayó un 41%, pero el consumidor paga un 18% más que el año pasado. Y todo esto es producto de la inflación, y el dólar blue que es seguido por la remarcación de precios".

A su turno, el titular de Coninagro, Carlos Garetto, aseguró que "lejos de ser especuladores, y de pensar maniobras especulativas, el productor atraviesa un momento de incertidumbre, con altos costos de producción y pérdida de competitividad".

Las próximas asambleas convocadas por la Mesa de Enlace se realizarán en Mendoza, Río Negro, y Santa Fe.