Se manifestó de acuerdo con perfeccionar los mecanismos de la Justicia , y dejó en manos del Congreso el análisis de la reforma del Consejo de la Magistratura, que impulsará la elección popular de todos sus miembros.
Fue una manera elegante de decir que la guerra la hacen otros . La Corte no podía tampoco hacer otra cosa.
Si ella también se declarara en guerra, aunque fuera con un solo párrafo beligerante, perdería en el acto su poder de árbitro institucional. Se apresuró, así, premeditadamente. ¿Quién podría negarse a respaldar conceptos como "democratización", "transparencia" o "legitimidad" ? Nadie. Pero una cosa es hacerlo sobre esos conceptos todavía vacíos y otra cosa será cuando los proyectos de leyes, y sus letras grandes y chicas, aterricen en el Congreso. Esos jueces hablaron ahora para callar después.
La Presidenta le declaró la guerra , es cierto, al poder mediáticamente más frágil. Es imposible imaginar a la Corte Suprema contestando en público los desvaríos del poder político. Ni sus jueces están preparados para eso, ni ésa es su función en la vida, ni podrían hacerlo sin provocar una crisis institucional de imprevisibles dimensiones. Tampoco podrían contestar con sus sentencias, porque en tal caso la Corte se incineraría a sí misma como tribunal de justicia. La Corte sabe que le han declarado una guerra, pero conoce también los estrictos límites que tiene para meterse ella en el campo de batalla.
Una sola idea de las muchas propuestas por Cristina depende de la Corte. Es el pago del impuesto a las ganancias para los jueces, del que ahora están eximidos. En rigor, hay una vieja ley de los años 90 que los obliga a pagar ese impuesto, pero que está frenada por una acordada de la Corte menemista. Es, por tanto, la propia Corte la que debería cambiar la resolución del anterior tribunal. La Corte no tenía una opinión unánime sobre este caso, aunque los cinco miembros nuevos del tribunal habían dicho siempre que los jueces debían pagar ese impuesto. Carecen también de defensa política. ¿Cómo explicarían que ellos no deben pagar ese impuesto mientras sí lo hacen los directores de escuela o los camioneros? La Corte resolverá ese asunto en tiempos muy rápidos, se acordó ayer.
Por lo demás, ¿para qué se pronunciaría ahora la Corte sobre la creación de las Cámaras de Casación en los distintos fueros? Ésa es una pelea que reconoce, en primer lugar, a dos protagonistas: el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. La Constitución de 1994 ordenó la transferencia de esos fueros a la jurisdicción capitalina, pero todos los gobiernos nacionales que hubo se negaron a hacer ese traslado. Cristina le agregó a la rémora la creación de una nueva instancia. Es probable que el pleito entre Cristina y Mauricio Macri termine también en la Corte, que debería resolver sobre la constitucionalidad de la eventual ley.
El único proyecto sobre el que la Corte no dio ninguna opinión es el referido a la elección popular de todos los miembros del Consejo de la Magistratura. No le gusta esa idea, pero dejó el caso en la decisión del Congreso. El proyecto ya fue denunciado por anticonstitucional por la Asociación de Magistrados y es probable que algunos partidos opositores también lo hagan. Es el peor de todos los proyectos anunciados por Cristina, porque colocaría en fugaces mayorías electorales la designación o la expulsión de los jueces del país. Si se concretara, sería la ofensiva final para colonizar definitivamente el Poder Judicial. También su constitucionalidad deberá ser decidida por la Corte.
No es necesario ir al pasado para saber lo que el cristinismo quiere hacer con el Consejo de la Magistratura. Un hecho sintomático sucedió en las últimas horas. El juez de la Cámara Federal Civil y Comercial Francisco de las Carreras fue denunciado por asociaciones de derechos humanos cercanas al oficialismo ante el Consejo de la Magistratura. El pedido de juicio político se respalda en una información del diario Página 12 de enero, según la cual De las Carreras habría firmado en 1979 una solicitada, que publicó Clarín, en repudio a la visita a la Argentina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en apoyo, por lo tanto, del gobierno militar. La CIDH terminó haciendo la primera y más amplia denuncia internacional sobre los crímenes de la dictadura.
De las Carreras, que integra el tribunal que debe resolver sobre la constitucionalidad de la ley de medios por una presentación del Grupo Clarín, ya había sido recusado por el Gobierno a fines del año pasado. Lo acusó entonces de haber hecho un viaje a Miami invitado a un congreso de jueces por una ONG presuntamente vinculada con Clarín, aseguró el oficialismo. Esta recusación fue rechazada de plano por toda la Cámara Civil y Comercial. La nueva ofensiva contra De las Carreras empezó sobre el fin de la semana pasada.
El lunes, De las Carreras hizo dos presentaciones. Una ante la Corte Suprema de Justicia y otra ante el propio Consejo de la Magistratura. El documento a la Corte fue presentado ante la Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial, que integran las juezas Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco. En ambas notas, De las Carreras negó enfáticamente que haya firmado esa solicitada publicada en Clarín hace 34 años. También aseguró que ni Página 12 ni los denunciantes ante el Consejo lo consultaron sobre la veracidad de esa firma.
El propio De las Carreras aceptó que figuró en la solicitada una firma con "un nombre parecido" al suyo, y pidió que se le requieran a Clarín los antecedentes de la publicación. "Jamás suscribí la solicitada que menciona el artículo periodístico, ni comparto su contenido", escribió el juez.
De la Carreras, que lleva 25 años como juez federal, recordó en su presentación ante la Corte que como juez de primera instancia dictó sentencias reconociendo que el Estado debía indemnizar por daños y perjuicios a víctimas de los crímenes de la dictadura. Puso como ejemplo varios casos en los que se pronunció en ese sentido.
La Comisión de Acusaciones del Consejo de la Magistratura debía decidir en su reunión del próximo 14 si aceptaba esa acusación y, en caso de hacerlo, debía iniciar los trámites del proceso. Sólo en este último caso debía ser notificado el juez De las Carreras, según la reglamentación vigente del Consejo. El kirchnerismo se apuró: sus representantes ante el Consejo notificaron de inmediato a De las Carreras de que había sido acusado. ¿Qué mejor ejemplo, entonces, del Consejo de la Magistratura como una herramienta de devastadora presión sobre los jueces? ¿Qué mejor prueba de que los supuestos enemigos no merecen ni siquiera un juicio justo?.
