Tres hechos producidos en los últimos cuatro días dan cuenta de cuáles son los rasgos del nuevo orden cristinista, autocondenado al aislamiento.
Esos tres episodios son la aprobación parlamentaria del acuerdo con Irán , el anuncio del gobierno argentino de que no está dispuesto a cumplir con una sentencia de jueces estadounidenses que sea favorable a los fondos buitre , y las declaraciones de la procuradora general de la Nación descalificatorias de la justicia argentina, que servirán de prólogo al proyecto de "democratización judicial" del Poder Ejecutivo.
Los tres hechos resumen la situación de un gobierno que ha quedado atrapado dentro de su soberbia. Una soberbia casi propia de un presidencialismo imperial.
La cerrada defensa del acuerdo con Irán para la creación de una Comisión de la Verdad que, desde Teherán, intentaría dilucidar el ataque contra la AMIA, sin escuchar las numerosas objeciones de la oposición ni de las entidades representativas de la comunidad judía en la Argentina, en una sesión a la que volvió el fantasma de los "diputruchos", pareció un atentado contra el sentido común. El Gobierno sólo exhibió sensibilidad para que el país se siga cayendo del mundo y quede alineado junto a un régimen que no se ha destacado precisamente por la defensa de los derechos humanos.
Una frase de Johnatan Blackman, el abogado del gobierno argentino en la audiencia realizada en Nueva York por el pago reclamado por los llamados fondos buitre, sacudió al mundo financiero: "La Argentina, voluntariamente, no acatará el fallo si éste ordena el pago total de la acreencia". El mensaje pareció dictado por la propia Cristina Kirchner, dada la manera en que lo repitieron el vicepresidente Amado Boudou y el ministro Hernán Lorenzino desde el país del Norte.
El anuncio sorprendió a la jueza Reena Raggi, quien le recordó al letrado que "cuando uno se somete a la Justicia es porque piensa aceptar sus veredictos". Se trata de algo elemental, por cierto... en los Estados Unidos. Pero probablemente la magistrada neoyorquina no fue informada debidamente de que el gobierno argentino acostumbra desconocer los fallos de la Justicia, como lo saben cientos de miles de jubilados que esperan la ejecución de sentencias de reajustes de sus haberes. Jugar con las instituciones es peligroso, pero intentar hacerlo en el escenario internacional podría tener consecuencias dramáticas.
No sería utópico que, en algún momento, la Presidenta retome las críticas de la procuradora Alejandra Gils Carbó hacia la justicia local, a la que tildó de "ilegítima, corporativa, oscurantista y de lobbies aceitados", pero extienda esos calificativos a los jueces norteamericanos. Encontrará así un argumento más para avanzar hacia una "democratización" de la Justicia que, en el fondo, sólo parece ser una maniobra para someter a los jueces a los designios del Ejecutivo y anular en los hechos el control judicial de constitucionalidad de sus actos y de las leyes.
