El acuerdo entre el gobierno nacional y la Asociación de Supermercados Unidos y otras entidades del comercio de bienes de consumo y electrodomésticos no es más que un congelamiento de precios impuesto oficialmente, sin otra alternativa formal que el acatamiento por parte de las entidades privadas. Las expresiones de apoyo de algunos dirigentes de las cámaras adheridas sólo reflejan el temor que imponen las acciones y amenazas del secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Las opiniones recogidas en conversaciones privadas varían entre el escepticismo y la indignación. Sólo se prevé un nuevo fracaso, mientras la preocupación gira alrededor del daño que se ocasionará al comercio y a la producción, y cuál será el curso del fenómeno inflacionario durante y después de los sesenta días de duración de la medida.
Sin duda, la oportunidad de este nuevo congelamiento se relaciona con las dificultades observadas para encuadrar las paritarias en incrementos salariales aceptables para el Gobierno. Los datos preliminares de un índice de inflación más alto en enero movieron al Gobierno a producir esta medida en el intento de disponer de un argumento ante la dirigencia gremial. Es una actitud ingenua cuando, seguramente, ningún dirigente sindical u otra persona cree en la eficacia de los congelamientos de precios. Tampoco los legisladores que han ajustado sus dietas. La propia Presidenta había dicho unos días antes que los acuerdos de precios no sirven. Esto, además, ha sido aprendido por los argentinos a través de todas sus experiencias históricas, incluso las más recientes bajo la batuta del propio Guillermo Moreno. Desde el emperador Dioclesiano hasta nuestros días no se recuerda en el mundo ningún congelamiento de precios exitoso y exento de daños al comercio y la producción.
El corto plazo de sólo sesenta días estipulado para esta imposición probablemente tenga que ver con esa incredulidad y con el intento de que el dislate tenga menor calibre. Un congelamiento indefinido hubiera potenciado esa incredulidad. Sin embargo, de inmediato ha surgido la pregunta incisiva. ¿Qué pasará el día 61? Ya se han acumulado distorsiones importantes por el retraso cambiario y por las tarifas de la energía y el transporte, como para agregar otras sin poner en mayor evidencia la imagen de la olla a presión.
La escapada del dólar paralelo está reproduciendo los prolegómenos de situaciones de descontrol vividas en el pasado. Todas ellas incluyeron previas medidas infructuosas de congelamientos y fuertes distorsiones que no pudieron luego resolverse con gradualidad y con control gubernamental. La aparición de este nuevo congelamiento trae reminiscencias que debieron haber sido evitadas.
Pero hubo otra medida insólita que acompaña la operación sobre los precios. El propio secretario de Comercio comunicó a los grandes supermercados que deben suspender la publicidad sobre descuentos y ofertas en los medios de prensa y audiovisuales. La incomprensible explicación oficial ha sido que no será necesario publicitar precios si éstos están congelados. Claramente no es así.
Esta publicidad refleja una intensa competencia y su consecuencia es la reducción y no el aumento de precios. Cuando la Presidenta dijo que los acuerdos de precios con los gobiernos no sirven, agregó que deben ser los consumidores los que deben buscar y comparar. ¿Cómo lo harán si el propio Gobierno prohíbe la publicidad sobre precios? Se trata de un evidente absurdo que una vez más afecta un valor esencial del Estado de Derecho: el de la libertad de expresión. Es difícil comprender esta disposición si no se interpreta que su propósito ha sido atacar los ingresos de los principales diarios a los que el Gobierno tiene como enemigos declarados.
Cuanto antes se revise y revierta esta medida y se ataquen las causas y no las consecuencias de la inflación, menores serán los daños ocasionados.
El Gobierno debe tomar conciencia de su creciente desequilibrio fiscal y de la desbordante expansión monetaria que provoca su financiación por parte del Banco Central. Debe comprender que la insuficiencia de inversión productiva, junto con el impedimento de importaciones, produce finalmente aumentos de precios por falta de respuesta en la oferta de bienes. Debe entender que es la competencia y no la protección la que genera incentivos para mejorar la productividad y reducir costos y precios.
Si realmente la decisión de congelar precios ha respondido a la errónea interpretación de que la inflación se origina exclusivamente en la avaricia de comerciantes inescrupulosos, estaríamos entonces ante un grave caso de incompetencia e ignorancia.
