Esas apariciones fueron mechadas con su nuevo entretenimiento político, los tuits. Palabras breves, pero siempre punzantes y provocadoras. La tregua de los dias de su viaje por Oriente definitivamente terminó.

Su agenda, sin embargo, no parece exhibir demasiados cambios. Apenas la admisión muy tardía de que la inflación constituye un problema. El núcleo de su estrategia en este tiempo continuaría siendo el intento de colonización del Poder Judicial. Con esa idea cerró el 2012 y con la misma idea inauguró este año electoral, clave para su suerte y la de su proyecto.

A aquel núcleo siempre es menester descubrirlo dentro de los menjunjes orales a las cuales se habituó. Habla de trenes, de viviendas, de negociaciones paritarias pero termina cuestionando el papel de la Justicia. Casi a la par, en esta hora, de las críticas trilladas que dedica a los medios de comunicación que no le son adictos.

No habría que negar cierta astucia en su planteo. Cuestiona a los jueces con falta de rigor para tratar a los delincuentes. ¿No es la inseguridad el principal problema que aqueja a la sociedad? ¿No es la Justicia, en ese terreno, una de las muchas patas endebles del sistema? También condena a magistrados que, al parecer, perjudicaron a consumidores en un pleito con los bancos. ¿No son los consumidores, acaso, el eslabón más débil de cualquier cadena de comercialización? Todas cuestiones de envoltorio. Su auténtico enojo pareció disparado por la decisión de José Manuel de la Sota de no habilitar --aduce razones ambientales-- antenas de Televisión Digital instaladas en varias ciudades cordobesas por el Gobierno Nacional. Le importó mucho mas eso que la vieja disputa que mantiene con el gobernador por las jubilaciones y la coparticipación.

Los nuevos planes de Cristina para la Justicia poseen un origen único: la ley de medios, dos de cuyos artículos (45 y 161) fueron declarados constitucionales en primera instancia pero están ahora a consideración de la Cámara Civil y Comercial.

Son 10 mil fojas y 3 pericias. El Gobierno presiona a esos jueces para un dictamen expeditivo. Que permita agrandar la influencia de los medios estatales y para-estatales (abrumadora mayoría) cuando esté lanzada a pleno la campaña.

Aquel envoltorio de Cristina en la cuestión judicial pretende camuflar sus contradicciones. La Presidenta se cansó de cuestionar las medidas cautelares dictadas mientras se define la ley de medios. Pues bien, lo primero que hizo la AFSCA, con su titular, Martín Sabbatella, fue recurrir a un amparo en el pleito cordobés.

La Presidenta también edificó sin pudores otros argumentaciones sobre el Poder Judicial. “Cuando se trata de condenar al Estado o juzgar a funcionarios hay una larga cola de jueces y fiscales tratando de hacer justicia”, describió.

Ocurre exactamente lo contrario. Alcanza con repasar pocos tramos de esta década.

En dos ocasiones, sin abrir investigación, Cristina y Néstor Kirchner fueron sobreseídos en causas por supuesto enriquecimiento ilícito. Lo hicieron Norberto Oyarbide y Rodolfo Canicoba Corral, el juez que debería interrogar en Teherán a los iraníes acusados por el atentado en la AMIA. El mismo Oyarbide acumula causas inciertas en torno a hechos de corrupción que rozarían al Gobierno y sus rivales: el caso de Schoklender y Hebe de Bonafini, la causa del ex secretario Ricardo Jaime, la mafia de los medicamentos que ligaría a Hugo Moyano, las escuchas ilegales que involucran a Macri.

Aquella supuesta “cola de jueces y fiscales” para juzgar funcionarios se dió, con precisión, en sentido inverso en el escándalo Ciccone. Para proteger al vicepresidente, Amado Boudou, fue echado el Procurador general, Esteban Righi; recusado el juez original, Daniel Rafecas, y condenado al ostracismo el fiscal, Carlos Rívolo. La cuestión quedó en manos del juez Ariel Lijo y el fiscal Jorge Di Lello. Ellos se habrían encargado de anestesiarla para no complicar los cálculos cristinistas.

Los dobleces del relato no se extinguen allí. Al anunciar un plan docente, la Presidenta exhortó ayer a los argentinos a “abrir sus cabezas”, a saber mantener conductas dignas y honorables, aún en la disidencia.

Sobrevoló la alusión al abucheo que sufrió Boudou y el escarnio que padecieron Axel Kicillof y su familia. No serían episodios parangonables. Boudou habló pobremente en un acto público. Kicillof viajaba como turista y resultó escrachado. Esa práctica nació en el 2001 y fue perfeccionada en la década K. Tanto, que Cristina podría ser su autora estrella: en julio del 2012 intimidó por cadena nacional a un agente inmobiliario, Rodrigo Saldaña, sólo por haber anunciado una caida en la actividad del sector.