Lo usual es hacerlo mirando datos macroeconómicos del último año y anticipar los del siguiente. Proponemos agregar la consideración de ciertos aspectos profundos, poco visibles, que se esconden detrás de tres acontecimientos con fuerte repercusión pública ocurridos durante el 2012.

Se trata del avance del gobierno sobre YPF, en el mercado de capitales y hace pocos días sobre la Sociedad Rural.

¿Qué tienen en común estos tres hechos?

En los tres casos hay un desplazamiento de lo privado por parte del estado. En los tres acontecimientos se pasó por alto y se postergó con fecha incierta el resarcimiento de los particulares que sufrieron perjuicios económicos, dando preeminencia a lo que el gobierno entiende como defensa del interés público. En los tres, se emplearon justificaciones jurídicas infrecuentes para darle legalidad a la conducta del gobierno, más parecida al ejercicio de la fuerza que al reconocimiento de derechos. Se los acompañó de efectivas campañas sobre la opinión pública que permitieron conseguir la aquiescencia o, al menos, la tolerancia silenciosa por parte de la población al incremento de la capacidad del estado para imponer su voluntad en el terreno económico. Éste seguramente es el cambio cultural más significativo. La creencia de que el estado, en manos de los políticos, hará mejor las cosas que los empresarios particulares.

YPF era la empresa privada más importante del país, pero dejó de serlo en un rápido take over organizado por un grupo de funcionarios con una eficiencia envidiable: Desplazaron a los accionistas mayoritarios sin pagar nada. Sorprendió que la medida recibiera tanta aprobación pública y la notoria incapacidad de esos empresarios para defender su empresa. Cualquier empresario PYME pelea con mayor energía si alguien intenta arrebatarle su empresa. La amenaza de que pueda pasar algo parecido pesará durante mucho tiempo entre quienes deban decidir sobre inversiones de significación en el país.

El funcionamiento de los mercados de capitales argentinos en manos de entidades privadas era razonable. Cuesta justificar que el estado trate de mejorar ese mercado si nada hizo para protegerlo cuando los precios y el volumen de las operaciones caen desde hace tiempo.

Los agentes de bolsa parecen resignados a perder su negocio. Inclusive, algunos hasta ayudaron al gobierno, quizá esperando recibir en el futuro una dádiva que los retribuya. Pero si se analiza más a fondo, puede verse que el nuevo régimen permitirá a los funcionarios estatales impugnar las decisiones de las empresas privadas y que las cuestiones legales que puedan generarse irán a la justicia contencioso administrativo en vez del fuero comercial como ocurre hasta ahora. Muchos ven en esto la revancha del gobierno porque no pudo imponer su voluntad en Papel Prensa, dado que la Comisión Nacional de Valores no tenía fuerza legal suficiente y porque la justicia comercial que intervino no le dio la razón.

Mirando hacia adelante, es difícil de imaginar que las empresas quieran abrirse al mercado de capitales en un contexto donde existe la amenaza de que los políticos puedan torcer sus decisiones con facilidad.

Lo de la Sociedad Rural tiene más un efecto simbólico por lo que ella representa, que un impacto concreto en la economía. Pero igualmente demuestra cómo el gobierno tiene la capacidad de desplazar del ejercicio del derecho de propiedad a una entidad que en la imaginación popular reúne a una parte importante de los empresarios más ricos y poderosos del país. Todavía está por verse cómo reaccionará ese sector.

En resumen, es probable que los funcionarios interpreten que las preferencias de gran parte de la población se orientan hacia una economía en manos del estado, con la creencia de que los planes de los gobernantes son más eficientes que la competencia en los mercados.

También que los empresarios en Argentina son débiles para defender sus intereses. Y que la propiedad privada queda en un segundo plano si el poder político desea disponer de ella.

No parece una buena tendencia para los próximos años.