La idea de que la decisión de recuperar doce hectáreas del Parque Tres de Febrero haya sido una respuesta improvisada para distraer la atención de los saqueos del 19 y el 20 de diciembre no resiste el análisis objetivo. Por el contrario, tanto el Estado como la Sociedad Rural preveían un crítico desenlace, hasta el punto de que en 2011 la Rural pidió a la Justicia que impidiera una decisión que el gobierno aún no había tomado, por lo que fue rechazada, y una acción declarativa de inconstitucionalidad. En 1992, la Sociedad Rural pagó 10 millones de dólares y se comprometió a cubrir diez cuotas anuales de dos millones cada una, pero no cumplió, porque la oposición de asociaciones vecinales y ambientalistas impidió el gran emprendimiento inmobiliario que pensaba realizar. Mientras intentaba conseguir la autorización de la Legislatura, se endeudó con el Banco Provincia para cumplir con las construcciones comprometidas al comprar el predio. Esa deuda se está pagando cada mes con un fideicomiso que administra todos los ingresos que genera el predio. Pero además subsiste una deuda con el Estado Nacional por el precio de venta, que según el ente que administra bienes del Estado asciende hoy a 119 millones de pesos, suma que la Sociedad Rural objeta. Dos dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación, de 2010 y 2011, y las actas de la última Asamblea Ordinaria de la propia Sociedad Rural, de hace apenas tres meses, revelan que la situación se tornó insostenible mucho antes de ahora. La Sociedad Rural formó una comisión encabezada por Manuel Solanet, ex secretario de Hacienda del dictador Leopoldo Galtieri, para estudiar alternativas que le permitieran conservar esa propiedad que percibía en riesgo, pero sin realizar ningún desembolso, como corresponde a la tradición nacional que reverencia. Las alternativas planteadas por el gobierno nacional a la Procuración del Tesoro eran perseguir el cobro de la deuda o revisar la legalidad de la venta. El 2 de setiembre de 2010, el entonces Procurador Joaquín Da Rocha respondió que como paso previo la Sindicatura General de la Nación debía determinar “el precio cierto” del inmueble en el momento de la venta y con las condiciones fijadas entonces. La SIGEN sostuvo que el órgano competente e idóneo para ello era el Tribunal de Tasaciones de la Nación y ese cuerpo consideró el valor del inmueble, al contado y desocupado, en el equivalente a 63,6 millones de dólares de 1991. Pero en la causa penal que instruye el juez federal Sergio Torres contra todos los funcionarios intervinientes en la venta fraudulenta, encabezados por Carlos Menem y Domingo Cavallo, el perito tasador de la Corte Suprema Juan Bialet Salas sostuvo que el predio no valía menos de 132 millones de dólares. Si a eso se suma que no se vendió cash, como exigía la legislación vigente, sino a diez años que luego se estiraron a veinticinco, y que no estaba desocupado sino con todas las edificaciones que pertenecían al Estado, la suma podría decuplicar la que se convino y ni siquiera se terminó de pagar. El 17 de julio de 2011, la nueva Procuradora Angelina Abbona se inclinó por la revisión del decreto firmado en 1991 por Menem y Cavallo. El decreto 2552/12 publicado hace nueve días señala que es ilícita la venta a precio vil, para lo que cita precedentes propios y fallos de la Corte Suprema de Justicia que reconocen la posibilidad de declarar la nulidad en sede administrativa, es decir sin intervención judicial. Como se ve, no hay ninguna improvisación sino el punto final de un largo proceso bien documentado. Es comprensible que la Sociedad Rural y sus aliados políticos y económicos hayan caracterizado la decisión como vengativa, dada la frontalidad de la contienda que plantearon desde la asunción de CFK hace cinco años y la carencia de argumentos técnicos y legales para fundamentar el rechazo (lo cual es diferente de decir que no encontrarán un tribunal comprensivo que los ampare, aunque la jueza de primera instancia en lo civil y comercial Silvina Bracamonte ya haya rechazado la medida cautelar que presentó la SRA, representada por uno de los ideólogos y ejecutores del desguace del Estado durante el menemismo, Juan Carlos Cassagne). Si algún nexo puede establecerse entre el intento estatal de recuperación del predio y los episodios organizados el 19 y 20 de diciembre, es que las huellas del saqueo que dejó la Sociedad Rural son más nítidas que las de los gremialistas de ATE, Gastronómicos, Comercio y Camioneros identificados o detenidos en Río Negro, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Junto con los políticos liberales, conservadores, radicales, de la Coalición Cívica Libertadora y del Peornismo Opositor que el jueves se reunieron en el predio usurpado para cantar el himno y maldecir al gobierno estuvo Gerónimo Venegas, el puente de las cámaras patronales con Hugo Moyano. En 2011, Venegas financió la campaña presidencial de Eduardo Duhalde y al conocer los resultados dijo que eran fraudulentos, que Cristina no había llegado al 40 por ciento.
Un negocio brillante
La alarma que la situación provocaba entre los socios fue ostensible en las asambleas de la entidad en los últimos años. En una de ellas, el socio Roque Luis Cassini afirmó que estaba en juego “la propia existencia de la Rural”. El auditor de la Sociedad Rural, Eduardo Del Piano, afirmó que debido a la deuda el Estado Nacional podría ejecutar el predio de Palermo. En la asamblea del 27 de septiembre de este año, la misma preocupación fue expresada por Hugo Luis Biolcati, quien ese día dejaba la conducción de la Rural. Una de las primeras decisiones de esa asamblea fue proclamar como socio honorario al barón del
