A ese no lo quiero ver mas en la pantalla”. La orden de Cristina Fernández
fue escuchada del otro lado del teléfono por Cristóbal López. El empresario K,
dueño de un emporio multirubro, es propietario desde hace poco del canal C5N y
Radio 10 . La víctima fue el periodista Marcelo Longobardi, realizador de un
programa semanal en TV y otro diario en la mañana de radio. Un día antes de la
decisión presidencial Longobardi había acordado su continuidad con López, a
través de un contrato que recién debía vencer en el 2016. El periodista contaba
con un tropiezo previo, cuando el dueño de ese grupo de comunicación era Daniel
Hadad. En marzo, su programa de los martes en televisión fue sacado del aire en
forma abrupta mientras realizaba una entrevista al ex jefe de Gabinete, Alberto
Fernández.
La censura fue detonada esa noche, también, por el teléfono de Cristina .
Los episodios parecen estar certificando viejas cosas. La obsesión
presidencial con el periodismo que no la adula. La consolidación de un
pensamiento restrictivo sobre libertad de expresión. El vínculo indisimulable
entre ese pensamiento y la ley de medios que pretende instrumentar contra viento
y marea. La contradicción entre esa conducta y la prédica constante sobre la
necesidad de democratizar la palabra. La sorprendente energía depositada en la
batalla por el relato, que no se condice con la desatención sobre otros
problemas de mayor importancia. Cristina no sólo cree que los saqueos y los
desórdenes sociales que prologaron la Navidad fueron producto de una metódica
organización. También le adjudica responsabilidad a los medios de comunicación
no adictos.
“La repetición de las imágenes de violencia en Bariloche provocaron un efecto
contagio” , repitió en los largos días que permaneció recluida en Santa Cruz.
Cristina, por todos aquellos motivos, vivió las vísperas del fallo de la
Corte Suprema de la semana pasada con la ansiedad de un derby. Esas vísperas
incluyeron un diálogo discreto con Alejandra Gils Carbó. La procuradora de la
Nación recomendó a los jueces del máximo Tribunal que dieran por caída la medida
cautelar que ampara al Grupo Clarín , pese a que falta la sentencia definitiva
sobre la constitucionalidad de dos artículos (161 y 45) de la ley de medios.
Habría existido en ese pedido mayor intencionalidad política que consistencia
jurídica.
La Corte desestimó el consejo de Gils Carbó. El único voto en disidencia
sobre la cautelar correspondió a Raúl Zaffaroni, alineado con la tesis de la
procuradora. Los jueces, en cambio, lograron unanimidad sobre el per saltum
presentado por el Gobierno para que la Sala I Civil y Comercial no revisara el
fallo de primera instancia de Horacio Alfonso. Pretendía embretar directamente a
la Corte. Aquel juez dictó la constitucionalidad de los artículos cuestionados.
Los jueces de la Corte confirmaron una tendencia expuesta en fallos
anteriores. Sobre la cual coincidieron siempre, más allá de las distintas
visiones políticas: el per saltum debe ser una vía judicial muy restrictiva.
Sólo para casos excepcionales o de gravedad institucional.
No creen que la suspensión de dos artículos sobre 164 vigentes de la ley de
medios constituya esa figura.
El Gobierno vivió la interpretación como una derrota.
El mantenimiento de la cautelar habría respondido a un criterio de simple
sentido común que tuvo estrecho lazo con el rechazo del per saltum . ¿Cómo
desproteger a una empresa forzada a la desinversión cuando no existe todavía
sentencia definitiva sobre su constitucionalidad? Sin ese resguardo el Gobierno
hubiera actuado de hecho. Ya lo hizo Martín Sabbatella, el titular de la AFSCA,
no bien Alfonso falló en primera instancia. ¿Cómo se repararía el daño de esa
acción si la Cámara o, eventualmente, la propia Corte se inclinaran por la
inconstitucionalidad? El cristinismo cree estar en una guerra contra el
periodismo no adicto.
Y en las guerras no hay leyes que valgan .
No todas resultaron, sin embargo, malas noticias para Cristina. La Corte dijo
también que una vez finalizado el proceso judicial, los artículos objetados de
la ley de medios tendrían aplicación. Es decir, corrigió el año de plazo que
había estipulado la Cámara Civil y Comercial en su último fallo . “Estimamos que
esos jueces se excedieron en su interpretación”, comentó uno de los integrantes
del máximo Tribunal. No pareció ser esa la mirada de Carmen Argibay, que
entendió que no había motivos para expedirse sobre ese punto. La modificación no
fue suficiente para agradar el paladar cristinista.
La Cámara Civil y Comercial tendría ahora un plazo de 60 días hábiles para
pronunciarse sobre el fallo de Alfonso. Esos jueces deben resolver si se acogen
en principio a la feria judicial de enero. De eso dependería que su tarea
concluya a fin de marzo o más allá. La demanda ya la planteó Sabbatella.
La causa posee 10 mil fojas y 3 pericias.
Después, en cualquier caso, regresaría el turno de la Corte. Por un recurso
en queja del Grupo Clarín , si los camaristas ratificaran la constitucionalidad.
O por una apelación del Gobierno si sucediera lo contrario.
Ese sería un derrotero previsible. Pero el cristinismo no lo es. La mayoría
de los jueces de la Corte lo saben. Por esa razón resolvieron coordinar la
guardia de la feria judicial.
“Nadie veraneará muy lejos de Tribunales” , explicaron. Sesenta días hábiles
sería un tiempo demasiado largo para las urgencias del Gobierno. Si a ese plazo
se añadiera la intervención de la Corte, probablemente la definición de la ley
de medios se produzca cuando esté en pleno hervor el año electoral. El
cristinismo requiere antes de esa instancia clave un golpe de timón para evitar
que se siga deflecando su relato.
El hipotético golpe de timón se ocultaría detrás de la nueva cháchara sobre
la democratización del Poder Judicial. El ministro de Justicia, Julio Alak, se
manifestó disconforme con lo resuelto por la Corte. El ex piquetero Luis D’Elía
habló de “un mal día de la Justicia”, también a raíz de la prisión de cuatro
años impuesta a Felisa Miceli. El caso de la fugaz ex ministra de Economía
dejaría tela para cortar. Se trata de la primera funcionaria kirchnerista, en
una década, condenada por un caso de corrupción. Una bolsa con dinero ($ 100 mil
y poco más de 30 mil dólares) hallada en el baño de su despacho ministerial
–cuyo origen certero nunca terminó de explicar– la dejó a la intemperie. Un
delito pequeño en comparación con otros grandes fraudes públicos que han surcado
este tiempo.
Sin deseos de objetar la decisión de la Justicia, llamó siempre la atención
desde su renuncia en julio del 2007, la soledad en que se movió Miceli . Tanta,
que hasta buscó consejos y apoyos en dirigentes kirchneristas que han emigrado
del Gobierno. Pareció carecer de una adecuada estrategia defensiva judicial.
Pero también del más mínimo cobijo de poder que disponen distintos funcionarios
y ex sospechados. Lo dijo en medio de la desesperación: “No llegué con una
estructura de poder como tuvieron otros” , lanzó. Se arrepintió no bien observó
el desierto político que la rodea. Bastaría reparar en un ejemplo para observar
el contraste: por un escándalo de proporciones –el caso Ciccone– Amado Boudou
produjo la renuncia del ex procurador, Esteban Righi, la recusación del juez
Daniel Rafecas y el ostracismo del fiscal Carlos Rívolo. Su causa dormita ahora
en las oficinas de Ariel Lijo y el fiscal Jorge Di Lello.
El cristinismo no se mosqueó por la condena a Miceli. Podría servirle,
incluso, como pátina de una conducta virtuosa de poder capaz de desaparecer de
un rasguño. Pero tampoco le escapa al Gobierno que ese fallo judicial alcanzaría
a hilvanarse con otras decisiones que lo han incomodado.
La reciente determinación de la Cámara Federal que rechazó tres pedidos de
nulidad presentados por Boudou en el caso Ciccone. Otra contramarcha judicial
que dispuso mantener abierta la causa por el asesinato del sindicalista José
Rucci, clausurada en principio por el juez Lijo. También, el sobreseimiento al
ex presidente Fernando de la Rúa por las muertes producidas durante la crisis
del 2001. Una cuestión que el kirchnerismo agitó desde que llegó al poder.
¿Señales incipientes de autonomía judicial frente a un Gobierno que no vacila
en su afán por colonizarlo?
En ese afán Cristina, sin dudas, lleva la bandera. La Presidenta le habló a
los jueces del país como lo haría una rancia patrona de estancia con su peonada.
Mencionó los magníficos sueldos y las jubilaciones de privilegio que les paga.
Se los paga el Estado con recursos del mismo Estado . Por esa paga generosa
exigió a los magistrados que sean severos con los vándalos detenidos que, según
ella, causaron los saqueos.
Notable simplificación , en especial cuando en esos desórdenes participaron
muchos jóvenes que no estudian ni trabajan. Hay 900 mil en esa situación entre
los 16 y los 24 años. Es cierto que, de acuerdo a la reconstrucción de Cristina,
también hubo cómplices del peronismo y los sindicatos.
A su malquerido PJ lo acusó de haber desestabilizado antes a Raúl Alfonsín y
a De la Rúa. Después de nueve años de silencio recordó que a Hugo Moyano le
agrada actuar con prepotencia.
No para de dinamitar puentes con su palabra .
La Presidenta insiste con la existencia de un país de maravillas donde hasta
los ciudadanos, a raíz de la estatización de YPF, habrían dejando de hacer colas
para cargar nafta. Debe hacer mucho que no se ocupa de esos menesteres. Tampoco
importa demasiado que no sea así. Vive su relato con intensidad. Tal vez, porque
ha pasado a ser su único lugar confortable en el mundo.
