La jueza en lo Civil y Comercial Federal, Silvina Bracamonte, rechazó un pedido de la Sociedad Rural (SRA) para frenar la expropiación que fue decidida la semana pasada tras un decreto del Poder Ejecutivo
Ante esta decisión, la SRA deberá desalojar el predio de Palermo en un plazo de 30 días y, como consecuencia, recibió críticas.
Por su parte, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) condenó el "avasallamiento del derecho de propiedad y de las instituciones en aras de réditos políticos discutibles".
Por tal motivo, ACDE hizo un llamado a la reflexión "para respetar los principios republicanos sustentados en la Constitución Nacional, respetando la división de poderes y los derechos sustentados por la Carta Magna".
Asimismo, la SRA apeló el fallo de la jueza Bracamonte que autoriza la estatización del predio ferial de Palermo, al tiempo que intervendrá la misma cámara-la Sala II de la Cámara Civil y Comercial Federal- que estudia la medida cautelar presentada por el Grupo Clarín en el marco de la Ley de Medios.
Voceros de la entidad ruralista informaron que el pedido de la cautelar fue rechazado por "cuestiones formales; o sea que la jueza no llegó a analizar ni a rebatir los argumentos presentados por la SRA", y afirmaron que "quienes tienen que determinar el saldo del precio, y la validez del contrato son los jueces". Asimismo, declararon que "el decreto 2552/2012 es una confiscación prohibida por la Constitución Nacional, artículo 17".
