Los datos del presupuesto muestran que el Gobierno no tiene más caja para seguir sosteniendo este esquema, que debería ser reformulado de raíz. Este año sólo el subsidio a los colectivos le costará más de $ 14.600 millones. Son más de 40 millones por día.
El problema es el sistema. Se subsidia a las empresas por hacer correr colectivos y tener empleados. Lo lógico sería que las tarifas sean las que cubran el costo, la inversión y una ganancia. Y que las subvenciones sean entregadas a los pasajeros. Hoy debería ser más que factible en el área metropolitana. Y si no es así es porque se quiere mantener un mecanismo que facilita la corrupción y el dispendio o porque la tarjeta SUBE es ineficiente. No se trata de dejar de asistir a los pobres, sino de dejar de subsidiar a quien no lo necesita. Lo que debe incluir a los empresarios del sector que cobran, pero no invierten lo que deben.
Los aumentos no parecen encaminados a hacer más razonable el sistema, sino a reducir el costo para el Gobierno, que tiene el déficit fiscal más alto de toda la era Kirchner. El ministro Randazzo habla de la segmentación de las tarifas, pero lo que parecería más razonable es la individualización de los subsidios.
Para los de más bajos ingresos, los aumentos pueden ser muy costosos. Buena parte de la clase media, para la que el transporte público es increíblemente barato, prefiere no utilizarlo, por la mala calidad de algunos servicios. Y para mucha gente con necesidades enormes, el transporte hasta podría ser gratuito.
Todo eso debería poder otorgarse por intermedio de la SUBE y estar relacionado con el pago de la Asignación Universal por Hijo. ¿Hay que ahorrarle al Gobierno $ 1200 millones para tratar siquiera de contener el déficit fiscal? Un camino sencillo sería abandonar el indefendible Fútbol para Todos, al que se terminarán destinando este año 1288,6 millones.
