Suena lindo pero la experiencia indica que cada vez que el kirchnerismo utiliza esa palabra es para domesticar a un sector de la sociedad.

Ocurrió con la Ley de Medios, con los gremios, y ahora con los jueces, por tomar solo algunos casos.

En realidad la presión y el ataque a los jueces tiene que ver con la obsesión del gobierno nacional por desguasar al Grupo Clarín.

Por eso recusó, en un hecho inédito para la democracia, a toda una Cámara, la Civil y Comercial, para colocar en su lugar a jueces del sector Contencioso Administrativo, donde el kirchnerismo se mueve como pez en el agua.

Pero ahora parece ir por todo, como le gusta decir a sus integrantes. Democratizar y domesticar al Poder Judicial.

Y los voceros o la cara visible del gobierno son los de siempre. El ministro de Justicia Julio Alak, a quien el núcleo duro del cristinismo nunca terminará de digerir; y legisladores todo terreno que están o han estado en el Consejo de la Magistratura, como el senador Marcelo Fuentes y los diputados Diana Conti y Carlos Kunkel.

El comportamiento de estos personajes responde a una estrategia que baja directamente de la Casa Rosada.

Por eso lanzaron la idea de la elección popular de los jueces y su permanencia limitada en los cargos, que mereció el rápido rechazo de las principales estructuras del Poder Judicial, comenzando por la Corte Suprema.

Y fue nada menos que el juez de la Corte más cercano al Gobierno, Eugenio Zaffaroni, quien descartó de plano esa alternativa.

En realidad, la Corte no es más lo que era para el Gobierno.

Su renovación fue utilizada con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno como una muestra de cortar con un pasado menemista que había dañado a la justicia. Y fue bueno y bien recibido por los argentinos.

Pero cuando los K empezaron a trasladar de Santa Cruz a la Nación su modelo de manejo del poder y de control de la Justicia, surgieron los problemas.

Y hoy, no son pocos los funcionarios y militantes del cristinismo que consideran que los jueces de la Corte son mal agradecidos por ponerle límites a la avanzada del gobierno.

Quizás el Consejo de la Magistratura sea el mejor ejemplo del escenario que eligió el gobierno para llevarse puesto a varios jueces. Pero, por ahora, la oposición logra trabar esa avanzada.

En esa línea, el fiscal federal Gerardo Di Masi le apuntó a los cinco miembros del Consejo que no responden al oficialismo y a los jueces de la Cámara Civil y Comercial por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por la Ley de Medios.

Mientras tanto, la propia Cristina dio vía libre para que el Gobierno vaya con todas sus fuerzas sobre la Corte para que falle como ella quiere sobre esa ley.

De esta forma queda demostrado que el per saltum que aprobó el Gobierno tenía una clara finalidad y es forzar a los ministros de la Corte para que traten inmediatamente el fallo de primera instancia del juez Horacio Alfonso, que consideró constitucionales los artículos 45 y 161 de la Ley de medio, pero que fue apelado por Clarín ante la Cámara, con lo que volvieron a quedar suspendidos.

Ahora se viene el debate sobre la gravedad institucional que puede tener este asunto como para justificar que lo trate los ministros de ese Tribunal y si se justifica que el gobierno se sienta agraviado.

En la Corte las aguas están divididas y por eso su presidente, Ricardo Lorenzetti, está metido en una delicada negociación tendiente a lograr que, al momento de pronunciarse sobre la cuestión de fondo, sus pares traten de llegar a un acuerdo y le pongan todos la firma al mismo dictamen.

Precisamente Lorenzetti hoy está en la mira de la Casa Rosada y de sus operadores políticos y judiciales. Y por esa razón, tratan de desprestigiar su figura.

Así planteadas las cosas, está claro que para la Presidente lo único grave parece ser que no pueda obligar a desinvertir al Grupo Clarín y desarmar sus negocios, comenzando por los más prósperos.

Y por eso le viene tirando encima a la Justicia, desde hace tiempo, todo el poder del estado.

Con este ambiente, el Gobierno volvió a poner el relato oficial sobre la mesa luego de conocido el fallo de la justicia tucumana que dejó en libertad a los acusados por la desaparición de Marito Verón y aceleró los tiempos para sancionar en la Cámara de diputados y en sesiones extraordinarias, la modificación a la Ley de Trata.

Así quiere neutralizar el efecto negativo que significó para su gobierno las críticas de distintos sectores de la sociedad, comenzando por Susana Trimarco, la madre de Marita, porque fue el propio kirchnerismo quien puso en el freezer la media sanción del Senado.

Está sobre la mesa la complicidad de sectores del poder político, la policía y la justicia con el funcionamiento de la prostitución y la trata de personas en la Argentina.

Y en esto no hay territorio que sea una excepción por las denuncias que se vienen haciendo año tras año, sin que nada cambie en serio.

Ni siquiera Santa Cruz y menos Río Gallegos, donde la zona de las Casitas siempre fue un símbolo sobre el funcionamiento de la prostitución y los delitos que la rodean.

Esto lo sabe Cristina como lo supo Néstor.