Cobró fuerza entre funcionarios y legisladores la creación de un proyecto de ley para reglamentar los juicios por jurados, pero en la Casa Rosada admitían que eso sólo sería una "democratización acotada".
Tampoco se descartó una nueva reforma al Consejo de la Magistratura, que fue modificada en 2006 por un proyecto de la entonces senadora Cristina Kirchner. Pero en el Gobierno sostienen que ese cambio no alcanzó para "democratizar" a los jueces y "desligarlos de las corporaciones".
La Presidenta había buscado anteayer capitalizar la absolución de los 13 acusados en el caso de la desaparición de Margarita Verón, en Tucumán, justo después de que la Corte Suprema rechazó el lunes último un recurso de per saltum del Poder Ejecutivo y permitió la continuidad de una medida cautelar que protege al Grupo Clarín de la ley de medios.
El propio jefe del bloque de diputados del PJ, Agustín Rossi, admitió que su bancada "buscará" redactar una iniciativa. Lo mismo confirmó a LA NACION el senador Marcelo Fuentes, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y miembro del Consejo de la Magistratura.
Según pudo saber LA NACION, tampoco el ministro de Justicia, Julio Alak, tiene ningún encargo de la jefa del Estado. En la Casa Rosada no descartan que Rossi introduzca nuevamente en el debate un polémico proyecto de ley que presentó su hermano en 2010, el ex diputado Alejandro Rossi, para modificar el Consejo de la Magistratura.
La iniciativa proponía un sistema de evaluación de todos los jueces, cada cuatro años, a través del Consejo con el fin de revalidar o no sus cargos.
El proyecto de periodicidad fue rechazado incluso por el oficialismo en medio de acusaciones de intromisiones indebidas en el Poder Judicial. Sin embargo, Rossi dijo ayer que "nadie está en un pedestal" y que "todos son susceptibles de ser interpelados por la sociedad".
Por ahora, el Gobierno descarta de plano la convocatoria a una reforma de la Constitución para imponer el nombramiento de jueces por medio de elecciones populares. "Eso está descartado", dijo a LA NACION un allegado a la Presidenta.
"Lo más probable es que se avance con el sistema de juicios por jurados", confió un alto funcionario. Ese mecanismo está previsto por la Constitución, pero requiere una ley especial del Congreso, que nunca fue votada.
Sería una "democratización" demasiado acotada. Ese sistema sirve sólo para algunos juicios en materia penal, los casos más graves. Y ese fuero no es precisamente donde el Gobierno denuncia que existe una corporación judicial subordinada a los poderes económicos y hegemónicos.
Ello podría ocurrir, en todo caso, en los fueros penal económico, federal, civil y comercial o contencioso administrativo, donde se litigan intereses económicos.
"Sería democratizar un pedacito del Poder Judicial, sólo en casos de delitos graves y sólo para una parte muy pequeña del proceso", dijo una alta fuente oficial.
Para Fuentes, en cambio, el juicio por jurados es "uno de los instrumentos para lograr la democratización de la Justicia", y propuso la "periodicidad" y la "revisión" de mandatos por parte del Consejo de la Magistratura.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, afirmó que "es importante que el Poder Judicial deje de pensar sólo en sí mismo y que deje de escuchar a las grandes corporaciones del poder".
El juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, cercano al Gobierno, agregó que "hay que democratizarlo, pero el propio Poder Judicial tiene que tener cuidado de no ocupar el lugar de los otros poderes; hay un límite y es la Constitución" (ver más información en página 9).
La diputada oficialista Diana Conti sostuvo que el juicio por jurados es "una deuda pendiente", pero "esto sólo no alcanza". Propició "avanzar" en la "elección de los jueces mediante el voto popular" y la "periodicidad" de sus mandatos.
La voluntad del kirchnerismo de avanzar con una "democratización judicial" recibió críticas de la oposición, que la cuestionó por "oportunista". En estos planteos se enrolaron desde el diputado justicialista Jorge Yoma, crítico del gobierno, hasta los opositores Victoria Donda (FAP), Ricardo Gil Lavedra (UCR), Gerardo Millman (FAP) y el ex ministro de Economía Roberto Lavagna.
OFENSIVA CONTRA LA JUSTICIA
El oficialismo se alineó con el reclamo de la Presidenta
"Es central que la Justicia entienda que no puede seguir viviendo afuera del contexto social"
Juan Manuel Abal Medina
Jefe de Gabinete
"Nadie está en el pedestal. También el Poder Judicial puede ser interpelado por la sociedad"
Agustín Rossi
Diputado FPV - Jefe del Bloque