El primer objetivo de mínima no es otro que soslayar la magnitud de los errores del Gobierno en distintas áreas, poniendo en primer plano a los jueces. El mensaje del relato K es que la culpa de muchos males, entre ellos la inseguridad, radica en la Justicia y no en el poder político.
El segundo propósito pasa por instalar la necesidad de modificar la legislación, con el fin de consolidar la hegemonía del Poder Ejecutivo. El foco sería una nueva reforma de la norma reglamentaria del Consejo de la Magistratura, para elevar el número de representantes del sector político, lo cual le permitiría al kirchnerismo un dominio casi absoluto del órgano encargado de la selección y remoción de los jueces inferiores.
Claro que el proyecto de "democratizar la Justicia" anunciado por Cristina Fernández de Kirchner, aun cuando no se conocen sus detalles, podría avanzar hacia un objetivo de máxima de la reforma constitucional.
De las declaraciones de la primera mandataria se desprenden sus desacuerdos con que lo jueces sean "el único poder dentro de la sociedad que tiene cargo asegurado para toda la vida". También, su discrepancia con que los jueces inferiores sean juzgados por sus pares (sólo los miembros de la Corte son juzgados por el Senado en juicio político).
Para que estos últimos deseos expresados por la Presidenta puedan ser llevados a cabo no quedaría otra alternativa que reformar el artículo 110 de la Constitución Nacional, que determina que los magistrados "conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta", y también el 114, referido al Consejo de la Magistratura, que establece que este órgano estará integrado por representantes de los jueces de todas las instancias, además de miembros del Congreso, del Poder Ejecutivo, de los abogados y de los ámbitos académico y científico.
El escandaloso fallo de la justicia tucumana sobre el caso Marita Verón le dio a Cristina Kirchner un pretexto para insistir en algo que ya insinuó con todas las letras el domingo pasado en la Plaza de Mayo: su obsesión por vengarse del mal trago que le hicieron pasar la Corte y la Cámara Civil y Comercial en la causa contra la ley de medios promovida por el Grupo Clarín.
En otras palabras, la jefa del Estado estaría pergeñando ahora una suerte de una nueva ley de medios que esta vez tendrá como blanco a los jueces que se resistan a las presiones del Poder Ejecutivo.
