Por: Carlos Burgueño
A más de un mes con precios de la soja de más de u$s 620 la tonelada, de promedio, el Gobierno considera que ya es tiempo más que suficiente para que los productores comiencen a liquidar la cosecha que se mantiene stoqueada en los silos y silobolsas por todo el país. Según la interpretación oficial, los sojeros mantienen la oleaginosa guardada, por mera especulación a la espera de precios aún más altos que los actuales (el cierre del viernes fue de u$s 638 la tonelada). Por consecuencia, y mientras continúe esta estrategia de los productores, el Gobierno deja de recaudar unos u$s 2.000 millones provenientes del 35% de la recaudación de las retenciones a las exportaciones sojeras correspondientes a los 10 millones de toneladas que restan liquidar, según los cálculos de la propia industria agropecuaria, para terminar el año.
Los principales exportadores sojeros que actúan en el país, ya hablaron con el Gobierno (con el que mantienen muy buenas relaciones, al menos desde este año), para asegurarle que no tardarán más de 72 horas en pagar lo que corresponda. Según este sector (fundamentalmente las multinacionales Bunge, Cargill, Dreyfuss y AGN), sólo necesitan saber la cantidad de porotos de soja que tienen a disposición, para luego hablar con sus agentes financieros que les pondrán los dólares que necesiten para acelerar las liquidaciones. El dinero inmediatamente estaría a disposición del Gobierno y depositado en las cuentas correspondientes. Esto sucede ya que las cuatro exportadoras son de los mejores clientes que hoy por hoy tiene el sistema comercial mundial, y pueden solicitar el dinero necesario por adelantado para la operación que corresponda. En el caso de los sojeros argentinos, necesitan el comienzo del movimiento de liquidación para acelerarle la liquidación al Gobierno. No es la primera vez en el año que el oficialismo cuenta con los exportadores. Ya entre febrero y marzo, y luego de una llamada personal a cada multinacional por parte del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, estas compañías adelantaron gran parte de los pagos de divisas de retenciones, aun antes de tener las operaciones ya liquidadas por parte de los sojeros. Sólo hicieron cálculos sobre cuál sería el piso de la cosecha y consiguieron los fondos desde bancos del exterior. Ahora la situación es diferente, ya que lo que resta liquidar es el 25% del ejercicio, porcentaje que además está stoqueado por parte de los productores. En otras palabras, hasta que éstos no decidan vender, los exportadores no saben cuál es el monto que deben pagar.
Así las cosas, los cañones del Gobierno apuntan ahora a los productores. Las oficinas que están mirando de cerca a este sector se reparten en varios funcionarios de máximo nivel. No sólo Moreno está al acecho. También desde el Banco Central de Mercedes Marcó del Pont, el Ministerio de Economía de Hernán Lorenzino y el de Agricultura de Norberto Yauhar y hasta el viceministro Axel Kicillof, diseñan embestidas a aplicar si dentro de unos días no hay novedades de las liquidaciones sojeras. Entre otros cálculos, el Gobierno cree que los precios actuales son más que buenos para que los productores tengan ganancias extraordinarias y que puedan proyectar un 2013 tan bueno como 2012. Sin embargo, se reflexiona, no hay ventas por mera especulación.
Muchos dentro del oficialismo aseguran que incluso los productores podrían perder una extraordinaria oportunidad, ya que los precios podrían no ser tan buenos en un futuro cercano. Incluso se conoció ayer un informe vinculado a los empresarios rurales brasileños, donde se pide «cautela» al sector frente a una posible ampliación del área plantada de soja a nivel mundial y una segura baja en las cotizaciones (ver Ámbito del Campo). Obviamente, si los precios caen, no sólo perderían los productores sino también el Gobierno por un menor ingreso por retenciones ante la necesidad de liquidar el 25% de la cosecha restante.
Desde el Gobierno se necesita que los dólares sojeros aparezcan lo antes posible. Desde hace no menos de 20 días hábiles, hay problemas para sostener la oferta de esa divisa en el mercado, lo que complica aún más la estrategia cambiaria oficial, bastante achacada desde la aplicación del cepo. La liquidación del Boden 2012 del 3 de agosto trajo además otra preocupación: sólo u$s 300 millones de los u$s 2.200 millones pagados quedó en el sistema local. Además el Gobierno debe terminar de cerrar el Presupuesto de este año para la compra de combustibles y comenzar a diseñar las necesidades de 2013 en este capítulo. En 2012, el dato más conservador habla de la obligación de destinar unos u$s 7.000 millones para este destino.
