Al menos cuatro gobernadores de provincias donde se han instalado plantas de biodiésel hicieron llegar a funcionarios del área del viceministro de Economía, Axel Kicillof, su preocupación por la decisión del Gobierno de bajar un 15% el precio del producto que las empresas venden en el mercado interno.
El 10 de este mes, cuando Kicillof anunció una suba de las retenciones al biodiésel para dejarlas en una tasa efectiva del 24%, paralelamente se dio a conocer un decreto que estableció un nuevo precio, inferior a lo esperado por las empresas. Así, contra los $ 5195 por tonelada que había dispuesto el Ministerio de Planificación Federal el mes anterior, el valor quedó en $ 4405,3, que significa una merma del 15 por ciento.
Esta situación colocó a las pymes, que en su mayoría vuelcan su producción al mercado local para las petroleras que cortan el gasoil con biodiésel en un 7 por ciento, en una situación de quebranto porque con el nuevo precio no cubren sus costos. De hecho, algunas pymes adelantaron su decisión de cerrar a fin de mes. Es el caso, por ejemplo, de Aripar Bio, de Daireaux, que denunció que le resultaba "imposible" seguir funcionando.
"Hay gobernadores que están presionando sobre la gente de Kicillof para tratar de revertir esta situación", dijo una fuente. Los gobernadores en cuestión serían tres de buena sintonía con la Casa Rosada y uno opositor. Por los primeros, se trata del radical K santiagueño Gerardo Zamora, el entrerriano Sergio Urribarri y el neuquino Jorge Sapag. Mientras tanto, el opositor es el socialista Antonio Bonfatti, gobernador de Santa Fe.
Todos ellos tienen en sus provincias plantas de producción. En Frías (Santiago del Estero), por ejemplo, Viluco, del Grupo Lucci, invirtió unos US$ 90 millones en una industria con capacidad para procesar para biodiésel un millón de toneladas de soja. Es una de las más importantes del país.
Pero el golpe más fuerte lo están sintiendo las pymes. Según diversas fuentes, en el país hay 27 pymes elaboradoras de biodiésel -producido, principalmente, sobre la base de aceite de soja-, que emplean a unas 2500 personas y cubren la demanda interna de las petroleras. Son todas nacionales, abastecen unas 645.000 toneladas, lo que representa el 50% de la demanda local. Y dicen que el nuevo precio las complica para seguir operando.
Negociaciones
Según trascendió, a partir de la presión de los gobernadores y de representantes del sector, hay negociaciones para que se revierta en parte el precio fijado para el biodiésel. "Podría quedar en los 4900 pesos", contra los 4405 actuales, dijo una fuente.
Otro informante dijo que "sólo hay un remedio para cambiar esto: hay que convencer a Kicillof, que es a quien va a escuchar Cristina" y quien desplazó a Julio De Vido en la discusión sobre los biocombustibles.
Algunos empresarios han buscado contactar al viceministro, pero no descartan hacerlo con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Uno de ellos, que estuvo con el funcionario, dejó trascender que éste había dicho que el precio "se iba a corregir".
Otra fuente señaló que Kicillof tendría pensado, además, analizar el esquema vigente para el etanol, otro biocombustible que se puede producir con azúcar o maíz, entre otros cultivos.
