Ni siquiera en el proyecto de ley ni en el decreto de intervención se dice quién es el dueño, con quién habrá que discutir el precio, litigar y, eventualmente, negociar una indemnización.

Las expropiaciones, quitas de concesiones y confiscaciones lanzadas por Cristina Kirchner han estado caracterizadas por la velocidad, los violentos golpes de timón y cambios de rumbo. YPF fue un ejemplo, pero hay otros.

Un decreto se publica en un suplemento del Boletín Oficial que aparece de noche. Un empresario que se entera por los medios de comunicación que no sólo no es más el favorito del Gobierno, sino que lo sacan literalmente corriendo. Empleados, abogados y funcionarios de la Justicia que se encuentran con que no saben cómo hacer para preservar documentación crucial que está en un edificio del Estado al que hay que desalojar porque los nuevos ocupantes están esperando en la puerta. No es una comedia de enredos, sino un acto de Gobierno.

Las expropiaciones y quitas de concesiones lanzadas por Cristina Kirchner han estado caracterizadas por la velocidad, los violentos golpes de timón y cambios de rumbo

La quita de las concesiones ferroviarias a TBA a las apuradas generó una cascada de errores y tropiezos, digna de de un sainete de mala calidad, en el cual fueron protagonistas un juez federal, ejecutivos de grandes compañías, peritos judiciales, obreros y empleados.

Claudio Cirigliano descontaba que tras el accidente que dejó 51 muertos en Once lo sacarían del negocio de los trenes. Pero descubrió que el Gobierno con el que tuvo muy buenas relaciones iba a ensañarse con él, el 24 de mayo. Se enteró viendo televisión que le habían quitado las concesiones. Cerca de él dicen que no hubo ninguna comunicación anterior, ni posterior de parte de funcionarios tratando de organizar el cambio de manos al grupo de empresas que pasaría a operar los trenes, integrado por Ferrovías y Metrovías.

No sólo el dueño de TBA, sino todos los que escucharon la noticia y hasta los que deberían hacerse cargo de la operación de los trenes Mitre y Sarmiento entendieron que el decreto 793 que dispuso la quita de las concesiones sería publicado el lunes siguiente, 28 de mayo, comenzaría a regir a las 24 horas y por ello el cambio de manos se efectivizaría el martes 29. Había tiempo.

Pero el Gobierno, que dejó pasar 90 días desde la tragedia de febrero, obró con alocado apresuramiento ese día. El decreto fue publicado en un suplemento nocturno del Boletín Oficial, un recurso insólito que por cierto no fue estrenado ese día. Su penúltimo artículo dice que rige desde el mismo 24 de mayo, al que le quedaban pocas horas cuando apareció el suplemento. Desde ese mismo momento la Secretaría de Transporte estaba facultada para tomar posesión de todos los bienes concesionados y pasarlos al operador de emergencia.

La quita de la concesión se formalizó al día siguiente, el 25 de mayo. Viernes y feriado.

"Tuvimos que salir corriendo", admiten tanto los desplazados como sus reemplazantes.

TBA debía entregar todos los bienes de la concesión. Y sus oficinas centrales estaban en Retiro, en un edificio que no le pertenece. Es del Estado y por lo tanto debían devolverlo ese día.

Hubo un detalle que nadie pareció prever. En esas oficinas estaba toda la documentación que la Justicia estaba peritando a raíz de la causa abierta por la tragedia de febrero.

La conducción de TBA decidió que debían llevársela, que no podían dejarla en manos de terceros por una razón sencilla: los responsables ante la Justicia por la guarda de esa información eran justamente los directivos de TBA. Hacía dos meses que un perito enviado por el juzgado de Claudio Bonadío llegaba todos los días para revisar los papeles por la causa de Once.

Cirigliano se enteró viendo televisión que le habían quitado las concesiones. Cerca de él dicen que no hubo ninguna comunicación de parte de funcionarios tratando de organizar el cambio de manos

El juez tampoco pareció prever que todo se haría con semejante celeridad y no pidió de inmediato, dicen las fuentes, resguardar la documentación. "Los abogados de TBA también se durmieron, porque bien podrían haberle avisado a Bonadío o a alguno de sus colaboradores que se llevaban las cajas", dice una fuente que participó del proceso. Las cajas fueron a parar a la empresa Emfer, del grupo Cirigliano, donde quedaron guardadas. Luego habrían sido trasladadas a un depósito de la calle Zelarayán.

El lunes 28, como hacía habitualmente, llegó el perito de Bonadío al edificio de la avenida Ramos Mejía en Retiro y debe haber quedado demudado. Se habrá sentido el protagonista de una de esas películas de intriga en las que el protagonista descubre con horror que su oficina ha sido cambiada, la empresa desapareció y los oficinistas han sido reemplazados en su totalidad. No estaba más TBA ni ninguno de los empleados con los que había tratado desde que había comenzado su tarea. Y tampoco estaba la documentación que había estado revisando.

Probablemente, después de asegurarse de que no era una alucinación, alarmado, le avisó a Bonadío, que, dicen, estalló de ira. Y comenzó a ordenar allanamientos y a llamar a indagatorias, no ya por el accidente, sino por el ocultamiento de información. "Era una cuestión de tiempo que dispusiera una detención, de paso tenía que cubrirse él mismo, que también fue sorprendido por el rally del Gobierno y no mandó preservar la documentación al conocerse la quita de la concesión, TBA tenía que devolver el edificio donde estuvo 17 años como tenía que entregar los vagones", dijo una fuente ligada a la causa.

Bonadío lanzó allanamientos a la empresa Emfer, que hace los trenes de doble piso y pertenece al grupo Cirigliano, en el partido de General San Martín. Las versiones desde TBA señalan que no tenían nada que ver los papeles que habían sido tirados en contenedores, uno de los cuales se quemó. Cuando llegó la Policía Federal dos camionetas se disponían a abandonar el predio. Estaban cargadas de papeles y cuando los policías interrogaron a los empleados que estaban a bordo, dijeron que llevaban a una planta de reciclaje. Los policías impidieron la salida y secuestraron la documentación. Desde el lado de Cirigliano dicen que se aclarará que la carga no tenía nada que ver con la causa de Once. Que eran otros viejos papeles para descartar que habían decidido enviar a escuelas y ONG que hacen reciclado de papel con fines benéficos.

Toda la documentación volvió al edificio de la avenida Ramos Mejía y quedó en una bóveda, bajo custodia. Y a Claudio Cirigliano lo mandaron a la cárcel, aunque días después Bonadío le concedió la prisión domiciliaria por motivos de salud. Una fuente del proceso señaló: "Sería medio raro que hubieran hecho una cosa tan burda para hacer desaparecer la información; los peritajes empezaron un mes después del choque en Once, en todo caso lo hubieran hecho en ese lapso y nadie se enteraba, pero, además, una cosa es hacer desaparecer algunos papeles comprometedores y otra hacer desaparecer todo, que no tiene mucho sentido, porque es imposible de disimular, en otros casos los que quieren hacer eso, en general, incendian el edificio".

Algunos otros hechos que demuestran el apresuramiento y por momentos el atolondramiento con que actuaron las autoridades son:

- Ferrovías y Metrovías, por orden del decreto de rescisión, formaron la Unidad de Gestión Operativa (UGO). Como si fuera un juego de palabras, ya existía una Ugofe (Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia). Nació en 2004 cuando le quitaron las concesiones al Grupo Metropolitano, de Sergio Taselli. Primero operó el San Martín y desde 2007 también el Roca y el Belgrano Sur. ¿Por qué no pasarle la concesiones de TBA a la Ugofe en vez de crear una UGO? Ocurre que en la Ugofe también estaba TBA como socio. Y el decreto no podía disponer su salida. Es una sociedad entre privados. Cirigliano negoció luego su salida con los otros socios, que no son otros que Ferrovías y Metrovías.

- TBA pagaba sus sueldos a los empleados de las líneas Mitre y Sarmiento, pero al momento de pagar los haberes de mayo, ya no estaba. El personal fue transferido a la estatal Belgrano SA, como pasó en todas las bajas de concesiones anteriores. Pero no pasaron todos. Algunos dicen que una parte, en la que estaban los fuera de convenio, experimentaron por unos días ser empleados de nadie. Habían quedado en el limbo, no eran empleados de TBA, ni de la UGO ni del Estado, por intermedio de Belgrano SA. Nadie legalmente podía pagarles los haberes. Los informantes dijeron que se encontró un modo muy poco ortodoxo para pagarles y que no hubiera conflictos y que la situación administrativa se ha ido normalizando de a poco.