Ha acumulado méritos, con sus conductas profesionales, para que eso sea así. Pareció arrancarle, en ese aspecto, varios cuerpos a sus pares de un Poder Judicial que, en general, se exhibe muy sensible a las necesidades políticas del gobierno de Cristina Fernández.

La aclaración resulta pertinente luego de que Oyarbide dispuso ayer la detención de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender y de Alejandro Gotkin, titular de la empresa Meldorek y asistente principal de Sergio. Se trata de la primera determinación de impacto público y político en una investigación cuyos pormenores tomaron estado público hace ya un año . Se trata también de una causa cuya vastedad es muchísimo mas amplia . Involucra al Gobierno, en el área de Planificación, a cargo de Julio De Vido, y a la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo, de la línea que conduce Hebe de Bonafini. La vieja luchadora por los muertos y desaparecidos de la dictadura constituye un ícono político que secunda siempre la figura de Cristina. Aquel involucramiento oficial y de las Madres tiene por ahora sólo un estado público.

Habrá que ver si Oyarbide, en alguna instancia, lo convierte además en un estado judicial.

Cómo la realidad en nuestro país circula siempre a ritmo de vértigo, convendría echarle un repaso a este escándalo que inevitablemente se enredan con otros que jalona la historia kirchnerista.

El de Amado Boudou, con el caso de la empresa Ciccone y las dudas sobre su patrimonio personal, parece el más sonado de estas horas . Sergio Schoklender fue por años apoderado de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo y protegido de Bonafini. El y su hermano Pablo habían asesinado a sus padres a fines de mayo de 1981, por lo cual purgaron una condena en la cárcel. A través de la Fundación de las Madres y con la participación de la empresa Meldorek encararon la construcción de viviendas para gente humilde.

“Sueños compartidos” , se llamó el proyecto. Los fondos los aportó el Estado, a través de la secretaría de Obras Públicas. Epílogo: hubo desvíos de esos fondos por cifras millonarias. Incluso, al parecer, destinados a alguna campaña electoral. Se construyeron muchas menos viviendas de las declaradas. Esa es, a trazo grueso, la madeja que Oyarbide debe desovillar.

Nadie podría afirmar, con seguridad, que las determinaciones de ayer de Oyarbide van en esa dirección. No por las detenciones de los hermanos Schoklender, cuyos antecedentes siempre hicieron inexplicable el ascenso junto a las Madres y su condición de contratistas del Estado, coadministrando fondos públicos. Sí, por los procedimientos del juez.

¿Por qué razón tuvo tanto tiempo inmovilizada la causa? ¿Por qué prorrogó de modo inexplicable el secreto del sumario? ¿Por qué alternó la inacción con súbitas decisiones que asemejaron a cortinas de humo? Ayer mismo pareció resolver con criterio dispar. Ordenó la detención de Sergio Schoklender luego de tomarle declaración indagatoria.

Cómo si de esas palabras del sospechado hubiera surgido alguna novedad . Pero no siguió la misma lógica con Pablo y con el titular de la empresa Meldorek.

Oyarbide acusó a esas tres personas de formar parte de una asociación ilícita . Sergio sería el jefe. La detención de todos fue ante la presunción de que podrían obstruir el progreso de la investigación o fugarse del país. Muy certero para el espectáculo público, aunque de confiabilidad frágil si se apunta a esclarecer el escándalo en su verdadera dimensión.

Esa peligrosidad de los hermanos Schoklender no pareció ser estimada por Oyarbide hasta ayer.

La causa transita hace demasiados meses un ritmo cansino.

El impacto de las detenciones, amén de intentar distraer la atención de otros asuntos que inquietan al Gobierno y a la sociedad, no pudo disimular tampoco el hilván de la trama política que encerrarían. Oyarbide estaría circunscribiendo las culpas, con sus decisiones, fuera de la órbita del Estado y de las Madres de Plaza de Mayo.

No se trataría de una sorpresa. El discurso político del kirchnerismo apuntó desde el inicio del escándalo a responsabilizar a los Schoklender y a eximir al resto.

Funcionarios y Madres.

El curso que adoptó el juez tuvo un sesgo similar: aceptó a las Madres de Plaza de Mayo como parte querellante, sin tener pruebas fehacientes de la inexistencia de vínculos de esa organización con el delito cometido.

Si alguna constancia mas hacía falta, Bonafini se encargó de aportarla. Hace rato que se declaró víctima de los Schoklender. Pero ayer celebró sus detenciones, los acusó de “traidores” y se enojó con periodistas que la interrogaron sobre la situación de su hija. María Alejandra Bonafini --de ella se trata-- fue imputada por Oyarbide y debe declarar. Hebe sentenció que la joven no tiene nada que ver con la estafa revelada. Y volvió a elogiar la actuación del juez.

Habrá que ver si Oyarbide, en efecto, convalida esa sentencia.

La consistencia política de los argumentos kirchneristas suscriptos hasta ahora por Oyarbide podría perderse frente a algunas preguntas de simple sentido común. ¿Pudo la “organización ilícita” de los hermanos Schoklender haber engañado tanto tiempo al Gobierno K y a una entidad que, como las Madres, supo desafiar a la dictadura? ¿Cómo creerlo cuando la Fundación terminó convertida en l a segunda constructora de viviendas del país acorde a la cantidad de personal? Bajo una lógica parecida, ¿podrían seguir siendo fiables los funcionarios que, con supuesta candidez, mal administraron el dinero y que continúan disponiendo ahora, con escasez de vigilancia, de fondos públicos? ¿Sería ese, tal vez, ejemplo de un Estado eficiente , como le agrada pregonar a Cristina en sus discursos? Oyarbide ha vuelto a sembrar con su decisión de ayer mas dudas que otra cosa. Repuso también la vieja e inmodificable noción de dependencia que la Justicia argentina tiene del poder político de turno.