De acuerdo a la información periodística que circuló la semana pasada, la presidenta del Banco Central (BCRA) se reunió con el director de la AFIP para forzar a todos los comercios a trabajar con tarjetas de crédito y de débito. Los argumentos serían dos: a) que se use menos efectivo dado que la producción de billetes no alcanza para emitir todo lo que necesita emitir el Central, al punto que no sería descabellado que de tanto imprimir billetes de $ 100 ahora empiecen a escasear los billetes de 5, 10 y 20 pesos y b) el al obligar a los comercios a utilizar tarjetas de crédito y de débito las mismas quedarían registradas y, de esta manera, se controlaría mejor la evasión impositiva. Al bancarizarse el sistema, bajaría la evasión. ¡El mismo argumento que se utilizó cuando se estableció el corralito!

En el 2001 el problema era que había una fenomenal fuga de depósitos. Esos depósitos estaban en dólares. Como el BCRA no tenía el franchasing de la Reserva Federal para emitir dólares no podía asistir a los bancos con redescuentos vía emisión de dólares. Por eso estableció el corralito. Hoy el problema es parecido. Tan fenomenal es la tasa de emisión monetaria, que el Central tiene el franchasing para emitir pesos, pero la capacidad de producción de la Casa de la Moneda no alcanza para abastecer la demanda del Central. En 2001 no podía emitir dólares porque no tenía el franchasing y ahora no pueden emitir pesos porque no tienen máquinas impresoras suficientes. El resultado es que hay dos similitudes increíbles con el 2001, bajo contextos diferentes. La primera es que hubo un corralito de hecho porque no se podía retirar el efectivo de los bancos y la segunda es que el argumento es exactamente el mismo que se usó en ese momento para esconder el problema de fondo: bancarizar la economía para bajar la evasión.

Sobre el tema del efectivo la primera reflexión que se me pasó por la cabeza cuando leí la noticia fue la siguiente: ¿no podrían avisarle a Cristina Fernández que use alguna tarjeta de crédito en sus viajes? Digo esto porque unos días antes nos enteramos que a un empleado de la Casa Rosada le habían robado el equivalente a unos U$S 100.000 que tenía que llevar Cristina Fernández en su viaje a Qatar, Turquía y algún país más. Si los U$S 100.000 eran para propinas, la verdad es que la presidente es muy generosa… con la plata de los contribuyentes. Pregunta, ¿qué tiene que pagar en efectivo que llevaba tanto dinero? ¿No podían transferirle a las embajadas ese dinero para que luego se lo entregaran en cada etapa del viaje? En rigor luce incomprensible que la presidente viaje con tanto dinero en efectivo, porque supongo que el hotel y el restaurante no los pagará en efectivo. Alguna tarjeta corporativa tendrá la presidente. ¿O habremos caído tan bajo en el mundo que en Qatar no aceptan ni las tarjetas de crédito del gobierno argentino?

El segundo punto a considerar respecto a esta idea de obligar a los comercios a trabajar con tarjetas tiene que ver con la logística. ¿Habrá suficientes aparatitos para que todos los comercios puedan trabajar con el postnet? ¿Hay suficiente capacidad de transmisión de datos? Digo esto porque a más de uno le habrá pasada que algún día clave (para navidad, el día de la madre, etc.) los comercios suelen tener problemas con la autorización de la tarjeta porque las líneas están sobrecargadas. No vaya a ser cosa que el sistema se atasque y en vez de tener problemas de faltante de efectivo, después tengamos problemas con la transmisión de datos.

Aunque el párrafo anterior suene irónico, la realidad es que todavía no pudieron implementar el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) y quieren poner postnets en todos los comercios.

En tercer lugar, la pregunta es: ¿quién le delegó al Estado el derecho a decidir cómo tiene que cobrar sus ventas cada comerciante? Una vez más se demuestra que una intervención del Estado lleva a otra, y luego a otra hasta limitar seriamente las libertades individuales. Y tan es así que para que los comerciantes puedan operar con tarjetas de crédito y débito el Estado se tiene que meter con la tasa que les cobran las tarjetas de crédito a los comerciantes. Ese es un precio que cada comerciante tiene que decidir si lo paga o no de acuerdo al costo beneficio de operar con esos sistemas. En rigor, el sistema de pagos con tarjetas debería surgir por la conveniencia de comerciantes, compradores, bancos y empresas de tarjeta de crédito y no porque el Estado quiere combatir la evasión. Si el objetivo es combatir la evasión violando los derechos individuales para recaudar más, mucha diferencia ideológica con los 70 no parece haber.

Pero ahora vayamos al punto central. ¿Se puede bajar la evasión impositiva con esta carga tributaria y con esta calidad de gasto público?

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) acaba de publicar un informe en el cual se observa que entre 2000 y 2009 la carga tributaria total (nación + provincias + municipios) pasó del 22,4% del PIB al 31,9% del PBI en 2010. El Estado se queda con casi 9,5 puntos porcentuales más de la riqueza que se genera en el país. Claro que este dato es un promedio, porque los que trabajan en el mercado informal no pagan nada y los que estamos en el mercado formal pagamos todo ese 31,9%. Puesto en otros términos, los que estamos en blanco pagamos impuestos que superan el 31,9% promedio.

Encima de esquilmar a una parte de la población con impuestos confiscatorios, todos los días vemos casos de inseguridad, al punto que la gran noticia va a ser el día que en los diarios salga en tapa: “HOY NO MATARON A NADIE PARA ROBARLE”. Además, la salud pública es deplorable. No tenemos Fuerzas Armadas. La educación pública es impresentable. Los jubilados ganan casi todos la mínima y así podríamos seguir con los ejemplos. La realidad es que no hay correspondencia entre la carga tributaria que se le aplica a la gente que trabaja en blanco y la calidad del gasto público.

El trabajo del IARAF compara la carga tributaria de Argentina con la de otros países para el año 2009. En ese año la carga tributaria de Argentina fue mayor que la de Canadá, Nueva Zelanda, España, Suiza y Estados Unidos, por citar algunos casos. ¿Puede el gobierno argentino afirmar que tiene el mismo nivel de seguridad, salud, educación y jubilaciones que Suiza, Canadá o Estados Unidos para justificar semejante carga tributaria?

Resulta bastante obvio que en el esquema de poder del kirchnerismo tener caja en abundancia es fundamental. Si se quedan sin caja se quedan sin combustible para construir poder. Así como la historia mundial está llena de ejemplos de rebeliones fiscales, es fácil imaginar qué podría ocurrir con la construcción de poder en Argentina si la gente se hartara de ser esquilmada impositivamente y que encima la maten como perros en la calle o en su casa para robarle.

Siendo que la primera función del Estado es defender el derecho a la vida y a la propiedad de las personas, y considerando que no solo el Estado está ausente en defender esos derechos básicos, sino que, además, pareciera ser que la ministra Garré está más preocupada por el bienestar de los delincuentes que la de gente decente, cabe preguntarse: ¿qué autoridad moral tienen para exigirnos tanto esfuerzo tributario? Encima que el Estado se cansa de meternos la mano en el bolsillo con impuestos y con el impuesto inflacionario, tenemos que soportar que nos maten y nos roben y, además, todos los derechos y garantías son para los delincuentes.

A tal punto ha llegado la inseguridad, que ya ni siquiera es seguro que entregando la plata al delincuente a uno no lo maten. Los robos son cada vez más violentos y quien hoy tiene que soportar un robo en su casa sabe que ya está “jugado” de entrada, porque puede entregar todo el dinero que tenga pero igual lo matan.

Al punto que estamos llegando en materia de inseguridad es que estamos en un punto de indiferencia. Si no reacciono, igual pueden matarme o no. Si reacciono pueden matarme o no. Es lo que en economía se llama punto de indiferencia. Cualquier opción que elija me da el mismo resultado. En realidad, superamos el punto de indiferencia porque, ante la certeza de que la vida no está garantizada ante la no reacción, la gente empezará a defenderse. Claro que, luego, con la filosofía que impera sobre la inseguridad, todo parece indicar que el problema lo va a tener la víctima y no el delincuente. Así, la víctima tendrá que defenderse por su cuenta porque el Estado está ausente, igual tendrá que pagar impuestos para mantener un servicio que el Estado no le brinda y, además, si sale vivo, deberá dar explicaciones porque el delincuente pasa a ser la víctima.

Volviendo al tema económico, mi punto es que la evasión se reduce por dos caminos: a) bajando la carga impositiva para reducir el premio por evadir. Por ahora el gobierno, con el incremento de la presión impositiva, está incrementando el premio por evadir y b) mejorando la calidad del gasto público, porque no está divorciada la carga tributaria de la calidad del gasto. A mayor carga impositiva y menor calidad de gasto público, más premio por evadir. A menor carga tributaria y mejor calidad del gasto, menos premio por evadir. Así de sencillo.

Claro que mi propuesta implica reclamarle a la dirigencia política vivir en una democracia republicana con un Estado limitado. Y esto implica, lisa y llanamente, cambiar los estímulos para llegar al poder. En vez de ver el ejercicio del poder como un negocio personal, tienen que empezarlo a verlo como un trabajo de administración transitorio de la cosa pública.

¿Suena muy loco lo mío, no?