Más allá de toda la retórica que envolvió la protesta, estaba muy claro cuáles eran los reales motivos por los que peleaban el Gobierno y los productores. Los Kirchner buscaban engordar la caja fiscal por medio de una parte sustancial de las ganancias que se obtenían a partir de los altos precios de la soja de ese momento (la "renta extraordinaria" era el mote acusatorio), mientras que los chacareros salieron a bloquear las rutas para defenderlas.

En cambio, los motivos que tiene el Gobierno para enredarse en esta trifulca por la comercialización del trigo, que en un año electoral se sabe cómo empieza pero no cómo termina, no son tan sencillos de comprender. ¿Cuáles son los intereses que defiende el Gobierno hasta el punto de arriesgar algún punto en las encuestas de opinión?

Por de pronto, ayer llegó a su fin la estrategia de apaciguamiento del campo llevada exitosamente durante dieciséis meses por el ministro de Agricultura, Julián Domínguez.

Las retenciones al trigo del 23% son en definitiva el único motivo visible por el que el Gobierno debiera pelear. Significan ingresos fiscales por unos 475 millones de dólares, que representan menos del 5% del total que se va a recaudar por retenciones durante la campaña agrícola, alrededor de 9000 millones de dólares. Aunque ínfimas, el Gobierno está lejos de otorgar cualquier tipo de rebaja o eliminación de las retenciones al trigo. Lo paradójico de esta situación es que el campo tampoco reclama nada de este gravamen. Esta vez, los ingresos fiscales no están en juego.

El problema es que para los productores de trigo el 23% de retenciones no es el fin de las deducciones que soporta, sino sólo el comienzo.

Debido a la intervención del Estado, por medio del manejo discrecional de los cupos y permisos de exportación, manejados desde la Secretaría de Comercio Interior por Guillermo Moreno, desapareció la pugna de precios entre los molineros que abastecen el mercado interno y la exportación. De esta falta de competencia resulta que el diferencial entre el precio internacional descontando las retenciones y el cobrado por los chacareros promedia otros 20 puntos de porcentaje. Son los 60 dólares menos por tonelada. En los cuatro años que ya tiene de vigencia la intervención en el mercado de trigo, representó cerca de 2000 millones de dólares. Ayer la Comisión de Enlace la describió como la "ganancia obscena" que fue a parar a los bolsillos de la exportación y la molinería. Ciertamente no ingresaron en el fisco.

La pregunta entonces se hace inevitable: ¿cuál es el interés del Gobierno en entablar esta nueva pelea con el campo? Está claro que por plata no es. Por lo menos en cuanto a los ingresos del fisco. ¿Se defiende este sistema distorsivo por la defensa de la mesa de los argentinos? Con la inflación disparada al 30% y con un precio del trigo que participa en menos del 10% del valor del pan se hace difícil seguir sosteniendo este argumento.

Llegar a entender las causas por las que se sigue sosteniendo este sistema es una tarea difícil, desde el momento en que la actual política agropecuaria del kirchnerismo se convirtió en "el mundo del revés". Pretende favorecer al pequeño productor, pero termina transfiriendo las ganancias a unas pocas manos. Quiere desalentar la siembra de la soja, a la que le cobra retenciones por un 35%, mientras "alienta" la siembra de trigo con diferenciales de precios del 43 por ciento. Eso sí, siempre que haya alguien que se lo compre.