El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, exhortó ayer a los empresarios agropecuarios a que se pronuncien en contra del trabajo esclavo en el campo, y se mostró a favor de la constitución de una mesa de diálogo que sirva para "revertir esta situación y avanzar en la registración del trabajo rural".
El funcionario, que participó de la reunión entre el Gobierno y la Mesa de Enlace por el tema trigo, dijo que próximamente convocará a los ruralistas para analizar el tema laboral, pero que si lo que los dirigentes del campo le van a pedir son rebajas de los aportes patronales "más vale no perder el tiempo".
Tomada, cuya presencia en el encuentro fue decidida a último momento con la idea de ampliar la agenda de discusión, denunció que sobre un millón de trabajadores rurales unos 600.000 no están registrados, por lo que consideró como "muy importante" que el secretario general de Uatre, Gerónimo Venegas -alineado con el duhaldismo-, se exprese sobre este tema "en defensa de los trabajadores del sector".
La presidenta Cristina Fernández también pidió que se discutiera en el encuentro la situación del empleo rural, luego de que el Gobierno detectara condiciones de esclavitud en algunos campos de la provincia de Buenos Aires.
La movida del Ejecutivo cayó mal entre los ruralistas, quienes a través del presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Hugo Biolcati, aseguraron que "se embarra la cancha" al discutir las exportaciones de granos junto a las condiciones laborales en el campo.
"Es un tema sumamente respetable, pero no se entiende muy bien porque se hace en la misma reunión que hablamos de trigo", señaló.
Por su parte el titular de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, afirmó que el que está en deuda con la resolución del trabajo en negro "es el gobierno", tras lo cual pidió "cana" para los responsables.
