El compromiso es, por lo mismo, único. No hay en la historia argentina contemporánea antecedente de un acuerdo sustancial. entre políticos próximos a disputarse el poder.

Radicalismo y peronismo firmaron en 1970 un documento conjunto -"La hora del pueblo"-, pero sólo para reclamar que se fueran los militares. El Acuerdo de Gobernabilidad y Políticas Públicas, suscripto el viernes 17 del actual, no emplaza a terceros. Obliga a los propios firmantes, que tendrán la responsabilidad de ejecutar políticas comunes. Esas políticas serán llevadas a la práctica "cualesquiera que sean las posiciones" que los respectivos partidos ocupen en el futuro, "fuere en el gobierno o en la oposición".

Este es el corazón de un acuerdo sobre políticas de Estado. A fin de implementarlo, el gobierno de turno deberá contar con el apoyo de sus opositores. ¿No hay riesgo de incumplimiento? No mayor del que pesa sobre todo contrato. En este caso, además, se han tomado recaudos que hacen difícil deshonrar la palabra: el compromiso fue firmado y "escriturado" en un acto público.

Quien ejerza el Ejecutivo, así como la fuerza mayoritaria en el Congreso, mantendrá un "diálogo permanente" con las minorías.

Algún firmante puede, en el futuro, estar al frente de la Nación. Por eso importa convenir, de antemano, que la mayoría "no da derechos absolutos". Si bien el/la jefe/a del Estado puede ejercer sus facultades a discreción, el acuerdo establece un mecanismo de consultas no vinculantes. La idea es que no se tomen decisiones de trascendencia sin agotar -en el tiempo que conceda la naturaleza o urgencia del hecho- la posibilidad de consenso.

Lo mismo les cabe a las mayorías legislativas; sobre todo, aquellas que tienen quórum propio y número para imponer su voluntad. Desechando esas ventajas, deben esforzase por unificar posiciones con otros bloques. Sólo cuando el esfuerzo resulte inútil, harán valer su peso.

La oposición se abstendrá de "obstruir ilegítimamente" la acción de gobierno, y de promover "alteraciones políticas o sociales".

Los opositores podrán diferir con el oficialismo en múltiples aspectos; pero no se sentirán ajenos a la responsabilidad de fortalecer las instituciones y asegurar la paz social.

Los firmantes se obligan a respetar "de manera rigurosa" la "división de poderes", así como la "independencia de la Justicia" y los principios y las garantías fundamentales "que consagra la Constitución Nacional".

¿Hace falta esto? ¿No es un deber ya consagrado por la propia Constitución? Claro, pero es un deber que ha sido continuadamente incumplido por las distintas fuerzas políticas.

La Ley Suprema dice que, si acaso el Congreso concede "facultades extraordinarias" al Ejecutivo, la concesión será nula. No tendrá ningún efecto. Sin embargo, el país vive bajo una ley de "emergencia económica" que le otorga al Ejecutivo esas "facultades extraordinarias", nulas pero vigentes.

La Constitución también dice que el Ejecutivo "no podrá en ningún caso", bajo pena de "nulidad absoluta e insanable", emitir "disposiciones de carácter legislativo". No obstante, la Casa Rosada se ha pasado lustros dictando leyes, disfrazadas de "decretos de necesidad y urgencia", con la resignación del Congreso y el consentimiento de la Justicia.

La independencia de los jueces es, en cierta medida, una ficción. Muchos de ellos están sujetos a presiones que ya no son siquiera subrepticias: con frecuencia, se las ejerce a la luz del día.

El compromiso de cumplir la Constitución "de manera rigurosa" no es, por lo tanto, innecesario ni banal. Es una condición para que la Argentina se convierta en una verdadera república.

La seguridad jurídica queda asegurada por una cláusula muy precisa: quien contrate con el Estado, "o realice inversiones autorizadas por éste", tendrá "garantizado" que esos actos jurídicos no serán alterados por "actos administrativos o leyes de efecto retroactivo".

Bajo producto por habitante y una inicua distribución del ingreso se combinan para debilitar la economía argentina y potenciar los problemas sociales.

Para duplicar su producción en una década, la Argentina debe crecer sin pausa a más de 6% anual; o elevar su productividad, si quiere hacerlo a una tasa menos exigente y más viable. Nada de eso se logra a falta de una inversión colosal: de 25 a 30 puntos del producto. Una parte la podrá aportar el Estado, pero el grueso dependerá del ahorro interno y la inversión externa directa.

Solamente en energía, calcula Daniel Montamat, hay que poner más de 7000 millones de dólares. Por año.

Toda inversión en el sector energético -como en infraestructura- es de recuperación lenta. Si se refiere a grandes obras, no pueden rescatarse sino en un decenio: tiempo equivalente a casi tres períodos presidenciales. ¿Quién va a hundir miles y miles de millones con el riesgo de que, en 2011, en 2015 o en 2019, se cambien las reglas de juego? De ahí la importancia de esta cláusula.

Agenda . Aun cuando no hay forma de coincidir sobre todos los puntos de la agenda nacional, el acuerdo establece prioridades que todas las fuerzas deben considerar, con vistas a eventuales compromisos complementarios.

La intención es no quedarse en los títulos. Proclamar la importancia de la educación es como elogiar la felicidad: nadie está a favor de la desgracia.

Para avanzar en políticas de fondo, hay que resolver más de un dilema.

¿Cómo impulsar una reforma tributaria que reduzca cuanto antes la perversa desigualdad social, sin desalentar la inversión? ¿Cómo imponer el federalismo económico sin violar la Constitución, que sujeta la reforma de la coparticipación a condiciones de cumplimiento imposible? ¿Cómo elevar el poder adquisitivo del salario sin entrar en una espiral inflacionaria? ¿Cómo hacer que la economía sea más competitiva sin caer en una devaluación con serios efectos colaterales?

Todos estos dilemas tienen respuesta; pero implementarlas requiere, no acuerdos plenos, pero sí un mínimo común denominador. A eso se dedicará la segunda parte del acuerdo.

La lista . El Acuerdo de Gobernabilidad y Políticas Públicas no es un documento redactado por comentaristas que describen el "deber ser". Es un compromiso contraído por potenciales gobernantes y futuros legisladores.

No es, tampoco, un acuerdo entre opositores. El adjetivo "opositor" es incompatible con un programa de largo plazo. ¿Quiénes estarán en el gobierno (y quiénes en la oposición) dentro de un año, o cinco, o nueve?

Es cierto que, por ahora, el compromiso sólo ha sido suscrito por miembros de la circunstancial oposición.

No debemos ahorrar esfuerzos por sumar a hombres y mujeres del actual oficialismo y de otras fuerzas democráticas, cualquiera que sea su ideología. Si estos objetivos se alcanzan favorecerán a los gobiernos del mañana, sean de izquierda, de centro o de derecha. Más importante aun: favorecerán a la sociedad.

Este acuerdo ha sido aprobado, a título personal, por estos/estas dirigentes (por orden alfabético de sus partidos de pertenencia):

Coalición Cívica: María Eugenia Estenssoro, senadora nacional, candidata a jefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Frente Cívico y Social de Catamarca: Oscar Castillo, senador nacional.

GEN: Margarita Stolbizer, diputada nacional, presidenta del bloque; Aldo Isuani, presidente del partido en la ciudad de Buenos Aires.

GEN-Partido Socialista: Jaime Linares, presidente del bloque GEN-PS en la Legislatura bonaerense.

Partido Socialista: Hermes Binner, gobernador de Santa Fe; Roy Cortina, diputado nacional, candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Peronismo Federal: Eduardo Duhalde, precandidato a presidente de la Nación; Felipe Solá, diputado nacional, presidente del bloque, precandidato a presidente de la Nación; Sonia Escudero, senadora nacional; Hilda Beatriz González de Duhalde, senadora nacional; Ramón Puerta, diputado nacional, vicepresidente III de la Cámara; Eduardo Amadeo, diputado nacional; Carlos Brown, presidente del Movimiento Productivo Argentino.

Pro: Mauricio Macri, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires; Francisco Cabrera, ministro de Desarrollo Económico de la ciudad de Buenos Aires; Gabriela Michetti, diputada nacional.

Unión Cívica Radical: Ernesto Sanz, senador nacional, presidente del Comité Nacional; Hipólito Solari Yrigoyen, presidente de la Convención Nacional; Ricardo Alfonsín, diputado nacional, precandidato a presidente de la Nación; Gerardo Morales, senador nacional, presidente del bloque; Juan Carlos Marino, senador nacional, presidente de la comisión Defensoría del Pueblo; Oscar Aguad, diputado nacional, vicepresidente I de la Cámara; Ricardo Gil Lavedra, diputado nacional, presidente del bloque; Daniel Katz, diputado nacional.

El compromiso, que tuvo su inicio en el Plan 10/16, también lleva mi firma y la de otros dirigentes. No es una lista cerrada.

El acuerdo está listo para que lo suscriban otros que -cualesquiera que sean sus posiciones políticas- coincidan en la necesidad de fijar políticas de Estado.

Acordar no significará adherir a una propuesta ajena.

El acuerdo es horizontal. No tiene dueño ni líder.

Tampoco desdibujará a las fuerzas representadas en él. Cada una tiene su historia y sus rasgos distintivos. Cada una representa a diferentes sectores sociales. Cada una tiene ideas propias.

El objeto de este convenio es poner bajo un paraguas que proteja de la competencia electoral y parlamentaria -así como de conflictos entre futuros oficialismos y futuros disidentes- políticas básicas que son condición sine qua non del desarrollo económico y social del país.