Las dos anteriores bastaron los superpoderes del jefe de Gabinete, pero esta vez necesitó del decreto de necesidad y urgencia (DNU) y la excusa del Congreso en receso.

En gran medida, el decreto conocido ayer es la admisión de que la ley de leyes del presente año estaba llena de falsedades y subestimaciones. El dinero para los subsidios de los servicios públicos apenas alcanzaba para seis meses y la recaudación impositiva estaba groseramente subestimada.

Además, es la admisión de la utilización de la Anses como tesorería paralela para todo servicio, desde financiar el reparto de netbooks a alumnos secundarios hasta ser prestamista de compañías privadas cuando el Estado es el dueño del banco más grande del país.

También con estos enormes cambios, la Presidenta se concede un piso de gastos altísimo para el año próximo. El Gobierno se empecinó este año en no hacer cambios a su proyecto de presupuesto para 2011, también lleno de cálculos cuestionables, mientras que la oposición fue incapaz de sancionar por sí misma uno un poco menos irrazonable.

El resultado es que, según el orden legal en vigor, Cristina Kirchner utilizará en los primeros días de 2011 una prórroga del presupuesto de este año vigente al 31 del actual. En consecuencia, podrá repetir los gastos que considere imprescindibles, recalcular los recursos, fijar los pagos y colocaciones de deuda. En síntesis, tendrá las manos más libres que nunca en el año electoral.

Sólo un accionar conjunto de la oposición, que no parece por ahora probable, o una caída de la recaudación impositiva, que nadie prevé, podría poner límites a una gestión que necesitará mucho menos que en ejercicios anteriores de superpoderes o decretos de necesidad y urgencia para administrar, gastar, endeudarse y prestar, sin necesidad de buscar consensos con nadie.

Si la inflación, la inducción al gasto, el desahorro y el desincentivo de la inversión están creados por esta política fiscal y monetaria, no hay a la vista ni la más pequeña intención de corregirla.

Con el actual presupuesto prorrogado, el Poder Ejecutivo estará en 2011 en condiciones de seguir incentivando el consumo.