"Es un disparate", lo que está sucediendo con el trigo. Si las definiciones son claras, entonces habría que preguntarse el motivo de tanta confusión. Una respuesta posible a ese interrogante es el doble discurso del Gobierno. Por un lado, el de las palabras que describen con precisión la distorsión del mercado del trigo y, por el otro, el de los hechos, que son el verdadero origen de esa distorsión.

Domínguez se mostró indignado porque los productores reciben menos de lo que les corresponde por el cereal que acaban de cosechar. Como toda solución al problema, acordó con las provincias trigueras el otorgamiento de un crédito a tasa cero en el Banco Nación destinado a productores que quieran retener el cereal, hasta 300 toneladas (en rigor por el 70% de ese número). Además, prometió que al 1ro. de enero la totalidad del mercado quedaría liberado, sin restricciones, mediante la apertura de un millón de toneladas adicionales y el pedido a la industria molinera para que adquiera 1,5 millón de toneladas más.

La Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), recordó que en junio pasado se había otorgado la liberación de tres millones de toneladas y que a principios de este mes se firmó un acuerdo para autorizar la exportación de dos millones de toneladas, lo que completaría un total de cinco millones de toneladas.

Agricultura, a su vez, dijo que el 76% del saldo exportable estimado ya fue liberado por la exportación. Este porcentaje resulta de la estimación total de la cosecha -13 millones de toneladas- a lo que se agrega 1,2 millones de stock inicial, y a que fueron autorizados 5,5 millones de toneladas, 500 mil más que la Oncca.

En tanto, se calcula que, para el mercado interno, se destinarán siete millones de toneladas, que corresponden a seis millones de la molinería, 0,5 millón para semilla y un curioso ítem denominado "margen de seguridad", al que le corresponde el 0,5 millón restante.

En ese informe del Ministerio de Agricultura, se indica que de los 5,5 millones de toneladas autorizados por el Gobierno, los exportadores "sólo han solicitado 2,8 millones, es decir el 50 por ciento, según la información de los registros que surge de la Oncca". Domínguez, para reforzar esos números, expresó: "La apertura del mercado externo no es la causa para que el productor no reciba el precio que corresponde".

El disparate o hacer algo fuera de la razón y la regla, tal como se define en el diccionario de la Real Academia, hay que encontrarlo en las ideas del Gobierno.

La teoría oficial -avalada por la presidenta Cristina Kirchner- dice que primero hay que alimentar a los consumidores argentinos y después exportar. Es un concepto curioso que parece desconocer el circuito de la producción. No hay bien, y menos uno de origen agropecuario, que primero se fabrique para un destino, y luego para otro.

Otra idea que dio origen a la distorsión actual es la que afirma que los argentinos no pueden comer a "precios internacionales". Para cumplir con ese objetivo se fijaron los derechos de exportación y las compensaciones a la industria procesadora por el cual el Estado subsidia, en el caso del trigo, a la industria molinera. Desde 2007 hasta la actualidad, este sector recibió 2250 millones de pesos en compensaciones. ¿El precio del pan ha bajado? No. En consecuencia, los consumidores tampoco se han visto favorecidos por la supuesta protección.

En rigor, el Gobierno no cree en la competencia. Eliminó la tradicional puja que existía entre molineros y exportadores por abastecerse de la materia prima. Según calculó la Federación de Acopiadores de Cereales, ese esquema derivó en una fenomenal transferencia de ingresos, subsidios a sectores no necesitados , y beneficios a competidores externos por un total de 3000 millones de dólares en las últimas cuatro campañas.

Además de esa transferencia de ingresos de los productores hacia otros eslabones, en estas semanas los productores no tienen quien le compren el trigo que acaban de cosechar. "Ya no sólo se trata del descuento sobre el FAS teórico, sino que directamente el acopiador o el exportador dice que no compra", comentó un productor de Suipacha. "La venta del trigo era la caja de fin de año que permitía solventar los gastos del primer trimestre. Ahora ni eso tenemos", se lamentó. Y ofreció un cálculo que pronto se hará extensivo a otras localidades bonaerenses. "Por la distorsión en el precio, en Suipacha dejan de entrar un millón de dólares, esa es plata que no ingresa en el circuito económico de una localidad de 10.000 habitantes", explicó. Los intendentes de la provincia de Buenos Aires no quieren volver a ser la cara visible del poder político que enfrente el malestar de los productores, por eso están en alerta para anticiparse a los conflictos. En el Ministerio de Agricultura saben que es la merma del poder territorial. La mayoría de los funcionarios de esa cartera -Domínguez incluido- fueron intendentes en el interior bonaerense. La política reacciona cuando se ve amenazada, no antes.

Lo curioso de esta batalla por el trigo es que sucede cuando se están obteniendo rindes altísimos, producto no sólo del buen tiempo sino también de la apuesta por la tecnología -genética en semillas y fertilizantes- que el agro sigue haciendo, más allá de los errores conceptuales y de las recetas equivocadas.