El decreto que firmó la presidenta de la Nación el jueves pasado, a partir del cual las provincias recibirían el 30% de los fondos recaudados por las retenciones a la soja, impone para su utilización la adherencia de los gobernadores al actual esquema de retenciones (35%), lo que conlleva a que los legisladores provinciales no voten a favor de una rebaja en el porcentaje de los derechos de exportación, proyecto impulsado por el bloque opositor en el Congreso.

Luego del anuncio de la primera mandataria, los ojos de los dirigentes rurales se clavaron en los gobernadores e intendentes.  Hoy, hay un claro rechazo de los intendentes al decreto del Ejecutivo. No sólo argumentan que la plata que les llegará les sirve sólo para construir “dos viviendas más” y “darle de comer a la gente en vez de destinarla en obras”, sino que además consideran que es “plata mal habida y sucia”, que no piensan recibir. 

El intendente santafecino de Armstrong, Fernando Fischer, expresó al diario UNO de la provincia “Adherir (al decreto presidencial) es ser cómplice de un robo que se le está haciendo al campo. El 35% de retenciones, en este momento, es una locura y un disparate.”

A su vez, advirtió: “Las industrias bajaron su producción en un 95 %, para no decir que están totalmente paradas”, en su localidad. Entre hoy y mañana, los intendentes y presidentes de comunas de la zona se van a reunir para pedirle al gobernador de la provincia, Hermes Binner, “que no adhiera” a la iniciativa de la presidenta; y “que si tiene que pasar por la Legislatura, que lo haga”.

Sin medias tintas, Fischer consideró que aceptar el modelo de coparticipación “es ser cómplice de un robo que se le está haciendo al campo”.

La semana pasada, el intendente de Chabás, Osvaldo Salomón, manifestó, horas después del discurso de la jefa de Estado: “A mí me tocan dos casas más de esas que construye el Fondo Federal de Viviendas, ¿qué tengo que festejar?”.

Dado que el criterio de distribución será el mismo que el del Impuesto al Cheque, a las provincias y municipios llegará cerca del 15% de lo que aporta la exportación de la oleaginosa al fisco. Ese valor se traduce en unos U$S 800 millones o $ 3,3 millones.