En medio del clima del creciente malestar en el sector agropecuario, la Comisión de Enlace llamó hoy a una nueva huelga, que comenzará mañana y se extenderá hasta el próximo viernes.

Se trata del décimo paro convocado por el sector desde que gobiernan los Kirchner.

En una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes los presidentes de las cuatro entidades que integran la Comisión, Mario Llambías (CRA) anunció: "Se declara desde las 0 de mañana hasta las 24 horas del viernes 27 de marzo el cese de comercialización de cereales y oleaginosa, ganado con destino a faena".

En ese contexto, aclaró que se permitirá la comercialización y traslado de alimentos perecederos como la leche, las frutas, las hortalizas, y de los productores provenientes de las regiones afectadas por la sequía.

"Se mantiene el estado de alerta y movilización de todos los productores. La comisión queda en sesión permanente", lanzó Llambías.

"No alentamos los cortes de ruta", señalaron.

El malestar del sector creció luego de que el oficialismo impidiera el debate en el Congreso del proyecto para reducir las retenciones móviles y tras el anuncio de Cristina Kirchner de que distribuirán con las provincias y municipios los ingresos por retenciones a la soja.

Una de las alternativas que circula con fuerza es la de volver a declarar un nuevo cese de comercialización de granos por varios días. También estudian la posibilidad de retener la cosecha y frenar la compra y la venta de insumos y granos.

En medio de la tensión y el malestar que se extiende en las bases, los presidentes de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati; de CRA, Mario Llambías; de Coninagro, Carlos Garetto; y de Federación Agraria, Eduardo Buzzi, mantienen encuentros para definir los pasos a seguir.

Aunque por ahora la opción de volver a convocar a cortar rutas está descartada, la dirigencia rural discutirá con un ojo puesto en lo que está ocurriendo en ciudades como Gualeguaychú, donde desde ayer está cortada la ruta 14.

Otro de los temas que está sobre la mesa es la "letra chica" del decreto que dispone la coparticipación y que se publicó hoy en el Boletín Oficial. Puntualmente, las entidades cuestionan el artículo 4 en el que se deja constancia de que las provincias deberán "expresar su adhesión" al sistema de reparto.

Según la evaluación de los ruralistas este requisito, es otra muestra de la "intencionalidad" política que vislumbran detrás de la medida. Afirman que el hecho de que la puesta en marcha del sistema no sea automática y generalizada y que, en cambio, cada gobernador tenga que formalizar su adhesión es "otra forma de presión".