A menos que se modifiquen las normas actuales, los pequeños y medianos productores no recibirán compensaciones del Estado que coloquen el nivel de retenciones que pagan en el 35%, prometido por el oficialismo en Diputados y vigente hasta marzo pasado. El proyecto de ley que ahora discute el Senado, y que establece ese nivel de reembolsos, nada dice de cómo se calcularán dichos pagos. Pero el Ejecutivo ya tiene su receta y ciertamente no hace justicia con los chacareros, porque calcula los montos a devolver en base a un precio mucho más bajo que el que correspondería aplicar en la fórmula. Esto le permitiría al Estado ahorrarse unos US$ 540 millones anuales.
La modalidad ya fue advertida por técnicos de las entidades agropecuarias y muchos productores que se pusieron a calcular cómo quedarían sus balances en caso de que el Senado apruebe finalmente el proyecto oficial y convierta en ley tanto las retenciones móviles como estos reintegros. La iniciativa que llegó de Diputados establece que a quienes cosechen hasta 750 toneladas de soja al año, el Estado les devolverá dinero de manera de llevar la alícuota de retenciones al 35% vigente hasta marzo. Todavía más, crea un estrato de productores de hasta 300 toneladas, que tributarían 30%, muy lejos del 48% que ayer pagaban de acuerdo con las retenciones móviles vigentes.
Pero cómo se concretarán dichos reembolsos La pretendida ley no dice nada, pero ese vacío ya fue cubierto por normativa de la ONCCA, el organismo que tendrá a su cargo pagar los reintegros. La Resolución 21/08, firmada por Ricardo Echegaray, fijó una fórmula para la compensación que reduce a casi la mitad los montos que debería devolver el Estado a pequeños y medianos productores.
Esa norma, en su artículo 4, establece que cuando un productor decida vender su soja y le corresponda cobrar la compensación, deberá presentar a la ONCCA una declaración jurada con los datos básicos de la operación. A partir de allí se calculará la diferencia entre la retención móvil de ese día y el 35% vigente el 10 de marzo. Por caso, si la venta se hubiera realizado el último martes --con un precio FOB (de exportación) de U$S 577, la soja pagaba 48%--, correspondería al Estado devolver 13% de retenciones al chacarero en cuestión, ya que esa es la diferencia con el 35%. Si el productor fuese de los más chicos, el reintegro rebería ser mayor, del 18%.
Nunca, a menos que se modifique esa norma, podrá cumplirse con lo establecido por el Congreso. La argucia de la ONCCA para la devolución de ese 13% o 18% consiste en calcular la compensación a partir del precio FAS (valor que cobra el productor, y al cual ya se le descontó la retención) y no al precio FOB (valor de exportación sobre el cual se aplica el tributo). Es decir que para hacer efectivo el reintegro toma un valor sensiblemente menor, de casi la mitad.
Así, en el hipotético caso anterior, al chacarero se le devolvería 13% de los 900 pesos que cobró por su soja (U$S 300 dólares) y no 13% de los U$S 577, el valor de exportación. En los hechos, de esta manera, terminará pagando un 42% de retenciones y no 35%. Recuperará U$S 39 por tonelada y no los U$S 75 que corresponderían.
No es poca cosa esa diferencia si se tiene en cuenta que este segmento de productores --la inmensa mayoría en el sector-- explica casi la tercera parte de la cosecha de soja, unas 15 millones de toneladas. Se entiende así el porqué de la estrategia oficial: el Fisco se ahorraría US$540 millones anuales, casi el 50% de lo que debería devolver.
Es otra de las razones que explican el gran rechazo del campo al proyecto del PJ, que además impone fecha de vencimiento a este supuesto beneficio, el próximo 31 de octubre. Tal como informó Clarín, la decisión de establecer dicho límite no fue producto del debate en comisiones. Por el contrario, al parecer sucedió que algún legislador distraido copió literalmente parte de una vieja resolución sobre los reintegros firmada por el ex ministro Martín Lousteau.
