A fines del 2020 se sancionó la llamada “Ley de los 1.000 días”. Su objetivo es fortalecer el cuidado de la salud de las madres y los niños en los primeros 3 años de vida. No se dispone de evaluaciones de impacto de esta ley, pero un indicio contundente de que no puede tener buenos resultados es que, quien la debe implementar, es una unidad de coordinación administrativa compuesta por 8 organismos nacionales involucrados con la niñez. Con el agravante de que el cuidado de la niñez en Argentina es responsabilidad de las provincias.
El proyecto de ley ómnibus elevado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso propone modificar esta ley. Entre los artículos 504° al 534° se enumeran cambios de escasa relevancia. En el artículo 511° se mantiene que el Estado nacional deberá implementar la provisión pública y gratuita de medicamentos, vacunas y leche a las embarazadas y los niños. Esto preserva la colisión de roles nacionales con los de las provincias.
Para mejorar la protección social hay que partir de que el Estado nacional administra diferentes instrumentos para asistir a la niñez. Suponiendo el caso de una madre con un hijo se observa que:
Si la mujer es asalariada formal con una remuneración inferior a $320.000 recibe en concepto de asignación familiar por su hijo $20.661 por mes.
Si no trabaja o tiene un empleo informal recibe $41.322 de la AUH más $33.000 del Programa Alimentar.
Si no trabaja o es informal y el hijo es menor a 3 años la “ley de los 1.000 días” le otorga $2.597 mensuales para leche más $41.322, una vez al año, por cuidado de la salud del niño.
Estos datos muestran la falta de racionalidad del sistema de asignaciones familiares que gestiona el Estado nacional. Por un lado, hay diferentes conceptos que dan asistencia a la misma gente por similares motivos (alimentación y salud del niño). Resulta grotesca la superposición de la “Ley de los 1.000 días” con la AUH y el Programa Alimentario. Por otro lado, se promueve la inactividad laboral y el empleo informal ya que ante un empleo asalariado registrado el monto de las asignaciones familiares se reduce de manera significativa y encima hay pagar cargas sociales por tener un empleo formal.
La ley ómnibus en lugar de mantener la promesa de medicamentos, vacunas y leche gratuitos debería abordar el ordenamiento del sistema de asignaciones familiares. Hay que eliminar los solapamientos entre prestaciones reguladas desde diferentes organismos. También hay que ordenar la compleja matriz que diferencia el monto de las prestaciones según 4 zonas del país y 4 niveles salariales. Esto confunde a los beneficiarios e impide que el Estado liquide y controle el otorgamiento del beneficio con eficiencia. Aún más cuestionable es que se siga usando una libreta de papel para los controles de salud y educación de la AUH. Digitalizando el monitoreo de las condicionalidades se puede reducir burocracia para la gente, las escuelas, los hospitales y la ANSES. La digitalización permitirá, además de bajar costos administrativos, reducir errores y fraudes.
El Congreso tiene la oportunidad de ordenar el sistema de asignaciones familiares. El factor disruptivo es la simplificación. En lugar que diferentes organismos nacionales transfieran dinero a las mismas familias por similares motivos, hay que unificar en una única asignación por hijo de igual monto para todo el país y sin diferenciar según situación laboral. Otro cambio imprescindible es que se deje de usar la libreta en soporte papel para controlar las condicionalidades de educación y salud. Las provincias –que administran las escuelas y los hospitales públicos– tienen que suministrar en soporte digital la información para que la ANSES monitoree las condicionalidades.
La ley ómnibus debería derogar la “Ley de los 1.000 días”. Porque al entrometerse en el cuidado de la niñez, que es una función provincial, choca contra la Constitución nacional y las provinciales. En su lugar debería simplificar el sistema de asignaciones familiares y digitalizar su gestión. Con estos cambios, plenamente coherentes con la filosofía del proyecto, el Congreso haría un aporte muy relevante para mejorar la protección social.
Fuente: idesa.org
