El gobierno venia reprimiendo la inflación con una batería de instrumentos. Entre otros, el atraso cambiario, que llevó a que el Banco Central registre reservas negativas. Ante una situación insostenible, a las pocas horas de terminada la PASO, se decidió devaluar el dólar oficial persiguiendo la modesta meta de morigerar tibiamente las inconsistencias. El impacto inmediato fue exacerbar la inflación. Cabe alertar que todavía queda mucha inflación por sincerar.

En este marco de alta incertidumbre y malestar se ejecutó la PASO. Dentro de Juntos por el Cambio confrontaron planteos de trasformación profundas y rápidas (Patricia Bullrich) versus cambios más pausados y consensuados (Horacio R. Larreta y la UCR). El principal candidato oficialista (Sergio Massa) también se mostraba más apegado a las líneas tradicionales de la política argentina. En el extremo se posicionó Javier Milei con postulados radicalizados de ruptura total con la política tradicional.

¿Qué mensaje dio la gente a través del voto popular? Según los resultados oficiales, en la PASO votaron 23,7 millones de personas con los siguientes resultados:

Javier Milei obtuvo el 30% y Patricia Bullrich 17%, sumando entre ambos el 47% de los votos.
Entre Horacio R. Larreta (11%) y Sergio Massa (21%) totalizaron 32% de los votos.
El resto de los candidatos (16%) y el voto en blanco (5%) totalizaron 21% de los votos.

Estos datos muestran que los que proponen explícitamente salir de las políticas tradicionales (Milei y Bullrich) acumularon la mitad de los votos emitidos. Tanta gente rechazando las políticas tradicionales es un hecho inédito en la política argentina, aun cuando se presenten en formatos diferenciados. Es una gran oportunidad para replantear integralmente la organización del Estado con enfoques disruptivos e innovadores.

Que exista la oportunidad no garantiza que se aproveche. Uno de los riesgos es ignorar los límites que impone el régimen federal. El mejor ejemplo es el inconducente debate alrededor de los vouchers en educación. Los libertarios los erigen como una herramienta para superar la anacrónica gestión estatal de las escuelas. Pero pasan por alto que el Estado nacional no gestiona las escuelas. El artículo 5° de la Constitución Nacional establece, explícitamente, que cada provincia se reserva para sí la administración de la educación básica. El Estado nacional puede inducir a que la gente presione a sus gobernadores para que mejoren la gestión educativa, pero carece de instrumentos para intervenir de manera directa en la gestión a fin de mejorar la calidad educativa.

También es inconducente el planteo de cerrar ministerios nacionales que interfieren en responsabilidades provinciales (Educación, Salud, Desarrollo Social, Hábitat), para crear un gran Ministerio del Capital Humano. Que los actuales ministerios pasen a ser un nuevo ministerio es un cambio cosmético. La transformación disruptiva es desmantelar las burocracias y los programas nacionales solapados con las provincias. La Nación tiene que dejar de interferir en funciones provinciales –que son vivienda, urbanismo, salud, educación y erradicación de la pobreza– para empezar a medir resultados de las provincias en estos temas. Medir y difundir resultados es la mejor herramienta que la Nación le puede dar a la gente para que presione a sus gobiernos provinciales y municipales a mejorar los servicios sociales. Eliminando solapamientos se puede alcanzar, en el corto plazo, la meta de reducir en 5% del PBI el gasto público nacional.

Frente a la necesidad de trasformaciones profundas en la organización del Estado, durante décadas prevaleció el inmovilismo bajo el argumento de que estas reformas son “políticamente incorrectas”. A través del voto, la gente manifestó que está tan hastiada de un sector público disfuncional con crónicos déficits financieros y de gestión que ahora está dispuesta a apoyar cambios disruptivos. Se trata de una oportunidad inédita. Para no desaprovecharla se necesita audacia política y profesionalismo técnico.

Fuente: Idesa