Las actuales autoridades económicas asumieron en agosto del año pasado en medio de una severa crisis cambiaria e inflacionaria. La estrategia no se basó en corregir las distorsiones acumuladas sino en aplicar paliativos avalados con un fuerte despliegue político y mediático.

El objetivo no fue resolver los problemas, sino –más modestamente– diferir sus consecuencias hasta pasadas las elecciones. Entre las medidas más “creativas” están el dólar-soja y una fuerte presión para que el FMI flexibilice las metas acordadas.

Más allá de las expectativas que generó el cambio de Ministro de Economía, la realidad transita por el sendero previsible: la profundización de la crisis. La evidencia más directa es que la tasa de inflación mensual casi triplica la que las nuevas autoridades se plantearon como objetivo inicial. La otra evidencia –que la sufren de manera más directa los sectores productivos– son las restricciones a las importaciones que impone la escasez de dólares. Ya no solo afecta a los bienes de consumo no esenciales, sino también insumos y bienes de capital imprescindibles para sostener la actividad económica. Una evidencia adicional es que esta semana el Banco Central dispuso que las provincias solo dispondrán del 40% de los dólares que necesiten para las amortizaciones de sus deudas.

La Consultora 1816 estima que esta disposición le permitirá al Banco Central ahorrar unos 276 millones de dólares en todo el 2023. Mientras que, según datos del Banco Central, desde que las autoridades económicas asumieron se consumieron reservas a razón de:

Unos USD 630 millones por mes en turismo con tarjeta en el exterior.

Unos USD 270 millones por mes en compras de dólar ahorro.

Es decir, un total de USD 900 millones por mes.

Estos datos muestran que el ahorro del Banco Central con el cepo a las provincias representa el consumo de poco más de una semana de reservas que las actuales autoridades económicas vienen autorizando a través del dólar turismo y el dólar ahorro. En otras palabras, se trata de una medida que aporta muy poco para frenar el drenaje de reservas, pero genera un enorme daño institucional. No parece exagerado afirmar que se está en presencia de un nuevo acto de desesperación e improvisación. El cepo es un muy mal instrumento y aplicado de manera tan inconsistente –como lo viene haciendo el gobierno– los perjuicios que ocasiona se potencian.

Una medida muy simple, que le evitaría al gobierno caer en una incoherencia tan grosera como poner trabas a las provincias para cumplir con sus obligaciones, es disponer un desdoblamiento del mercado cambiario. Bajo este esquema, el acceso a dólares para turismo y atesoramiento se haría en un mercado donde no intervendría el Banco Central.

Esto permitiría que las reservas se utilicen sólo para las importaciones y las deudas en el exterior. Es el camino más directo para aliviar la crítica situación por la que atraviesa el sistema productivo nacional por la falta de insumos importados. De lo que se trata es de bajar la asfixia que sufre la producción local simplemente eliminando la demagogia de usar reservas para reducir el valor del dólar turismo y el dólar ahorro.

El desdoblamiento cambiario no es la solución a la crítica situación que transita la Argentina, pero permitiría reducir daños. Disminuiría las dificultades para la producción interna y los incumplimientos con el exterior. Lo deseable es que con el desdoblamiento cambiario se atenúen los daños, mientras los que se preparan para asumir con el cambio de gobierno diseñen una estrategia integral para abordar las causas estructurales de la decadencia: los crónicos déficits fiscales y de gestión que padece el Estado.

El desgaste del actual gobierno lo invalida para abordar estos desafíos. Pero es muy importante que no persevere en desatinos tan graves e inútiles como el cepo a las provincias. El próximo gobierno tendrá una nueva oportunidad. Para no desperdiciarla es crucial no limitarse a un plan de estabilización basado en una reforma monetaria y cambiaria acompañada de un ajuste fiscal. Aunque sea políticamente mucho más complejo, hay que abordar el desafío del ordenamiento integral del Estado.

Fuente: Idesa.org