Productora junto a su familia en un campo de Iowa, el mayor estado maicero de Estados Unidos, y ex presidenta del potente US Grain Council (USGC), Deb Keller se refirió al funcionamiento del programa de checkoffs. Se trata de programas financiados con fondos de los productores para la promoción de ciertas materias primas, con el objeto de mejorar su posición de mercado, tanto local como internacional, mediante acciones que van desde campañas de promoción de consumo, hasta investigaciones y penetración internacional.
Estos programas, indicó la dirigente estadounidense, fueron autorizados por el Congreso estadounidense en 1966; son de nivel estadual y, en el caso del maíz, funcionan en los 23 estados maiceros del país. Los checkoffs aportan fondos a la USGC y a la National Corn Growers Association (NCGA). En el caso de Iowa, programa en el que se centró Keller, los productores votaron pagar 1 centavo por bushel, y esto les da voz respecto de cómo se usa el dinero.

El USGC promociona el maíz de Estados Unidos en el exterior, y los productores se respaldan mucho en él para poder acceder a los mercados. “El acceso a mercados es clave para que seamos financieramente viables”, dijo Keller. A la vez, el NCGA se encarga de la promoción a nivel local y federal, en función de prioridades domésticas, y los checkoffs del maíz financian la investigación y desarrollo para crear demanda y mejorar las perspectivas del sector maicero en general. Los checkoff dollars, explicó Keller, se invierten para estimular la demanda en tres de los principales usos del maíz: alimentación animal (actualmente, el 35% del consumo), producción de etanol (que absorbe el 31%) y exportaciones (que representan un 17% del total).

Por su parte, el brasileño Glauber Silveira, director ejecutivo de Abramilho, asociación brasileña de productores de maíz con sede en Brasilia, que se financia con aportes de los productores y de algunas empresas de insumos, detalló la experiencia del Instituto Pensar Agropecuaria (IPA), entidad de la que también es director ejecutivo.

El IPA es una organización sin fines de lucro focalizada en la agricultura, fundada en 2008, integrada por 48 entidades ligadas a los agronegocios para apoyar técnica y logísticamente el Frente Parlamentario Agropecuario (FPA), en el que coordina las actividades de los legisladores de ambas cámaras del Congreso, a la vez que actúa como interlocutor ante el Gobierno y la Justicia, y estimula “políticas públicas para el desarrollo de la agricultura”.

El FPA es una bancada “mixta y suprapartidaria”, creada en Asamblea Constituyente para promover el desarrollo de la agricultura nacional, y lo componen nada menos que 241 diputados y 39 senadores, estructurados por cargo legislativo y por regiones.

Casi en las antípodas de esa representación, Federico Zerboni, vicepresidente 1° de Maizar y próximo de Maizall, expuso el caso de nuestro país. Sobre datos de la Fundación Barbechando, mostró que en la Argentina no había ningún representante parlamentario de la agroindustria antes del conflicto por la Resolución 125, que intentó aplicar retenciones móviles al sector en 2008. A raíz de ese conflicto, en 2009, el sector pasó a tener 11 representantes en el Congreso, es decir, 3,3% del total de ese período parlamentario. En el siguiente período, la representación se redujo a 4 legisladores (1,2%).

En la actualidad, pese a que el sector agropecuario aporta cerca del 25% del PBI, tiene solo 22 legisladores vinculados, un 8,5% del total, y no conforman un bloque, como en Brasil, donde además tienen el 50% de representación. “Aportamos, pero no representamos; tenemos que tomar conciencia de que precisamos mucho más compromiso; si no nos involucramos, no vamos a salir adelante. Brasil es ejemplo”, dijo Zerboni.

Maizall

Más allá de lo que ocurre en cada país, el panel abordó el trabajo que hacen en conjunto Estados Unidos, Brasil y la Argentina, que producen el 50% del maíz mundial y generan más del 70% de su exportación, y tienen posiciones similares en materia de barreras al comercio, tecnologías agrícolas y política de límites mínimos de residuos. Así, hace ocho años fundaron Maizall, una alianza internacional conformada por 4 directores de cada uno de los tres países, con una presidencia rotativa anual. El USGC, la NCGA, empresas de agronegocios y los checkoffs estaduales contribuyen a su financiamiento.

El actual presidente de Maizall, el brasileño Paulo Bertolini, explicó que la alianza apunta a remover obstáculos al comercio, abogando ante gobiernos y organizaciones internacionales como la Unión Europea, la FAO, la OMC, agencias de reglamentación y parlamentarios, para derribar barreras paraarancelarias, agilizar la aprobación de eventos biotecnológicos y de edición génica, y reducir las exigencias en cuanto a límites de residuos.

En estos años, Maizall fue sumando y conocimiento, y ganó alcance, influencia y acceso político. La organización participa en misiones regulares a los países importadores de maíz, es escuchada en foros internacionales y ha contribuido a la organización de diferentes cumbres alimentarias de la ONU. A través de los años, dijo Bertolini, Maizall ha sostenido el mensaje de que los productores de maíz argentinos, brasileños y norteamericanos hacen una agricultura sostenible, usando la innovación y la tecnología, y continuarán por esa senda.

Algunas pretensiones europeas, como la de reducir el uso de fertilizantes, los límites de residuos, las políticas espejo, pretenden influir en mercados internacionales para otros consumidores. Son muchas regulaciones y muy amplias, como en el tema de bienestar animal, donde la Comisión Europea ya no se refiere al fin de jaulas, sino al fin de establos y corrales para animales como cerdos, aves y otros, lo que puede llevar a una caída de producción y aumento de precios en Europa.

“Nos quieren imponer su sustentabilidad, con otro ambiente y otra situación socioeconómica”, agregó Zerboni. “Es importante que Maizall salga y defienda nuestra postura”, concluyó.