El Presupuesto Nacional es una ley, a la que a veces se refiere como la ley de leyes dada su importancia, que se sanciona anualmente. Aquí se proyectan los ingresos que recibirá el Gobierno y cómo se ejecutaran para poder cumplir con las necesidades de la sociedad en diferentes dimensiones, por ejemplo: salud, educación, seguridad social, justicia, entre otras.

El proceso presupuestario se inicia en el Poder Ejecutivo Nacional que realiza estimaciones económicas y fija las políticas públicas, con distintos órdenes de prioridad, a desarrollar en el próximo año. Esto culmina el 15 de septiembre cuando se envía el proyecto de Ley de Presupuesto al Congreso Nacional.

Un presupuesto confiable y preciso es importante, porque puede sentar las bases para la estabilidad económica y generar un ambiente propicio para el desarrollo de nuevas inversiones, posibilidades de proyección y decisiones de ahorro-consumo más acertadas.

En los últimos 12 años, las proyecciones de los presupuestos nacionales estuvieron lejos de ser precisas. Analizando una variable macroeconómica muy importante para la Argentina como es la inflación, se puede observar que las diferencias son mayores al 70% en todos los años entre lo proyectado y lo observado en la realidad. Solo en el 2020 se vio una diferencia pequeña, pero la fuerte recesión a raíz de la pandemia del año pasado fue lo que ayudo a que la inflación estuviese contenida.

En el proyecto de ley del presupuesto de 2022 se estima una inflación anual del 33%, mientras que las estimaciones de los privados están muy por encima. Esta y otras valoraciones, quizás muy optimistas, llevaron a que el presupuesto fuese rechazado en el poder legislativo.

Ahora bien, ¿qué sucede cuando se rechaza la ley de presupuesto? La alternativa del gobierno es prorrogar la Ley de Presupuesto del año 2021 mediante un decreto. Se estima que si se utiliza esta herramienta, habrá recursos extra sin asignación, los que podrían ser reasignados de manera ambigua y discrecional.

Para encaminar una política económica seria, un buen punto de partida es consensuar una ley de presupuesto fiable y alcanzable. A partir de esto el control y la transparencia son fundamentales para evaluar el cumplimiento de los dirigentes políticos y reducir al mínimo los desvíos. Si lo proyectado en el presupuesto se cumple en la realidad, se podría llegar a generar un circulo virtuoso que ayudara a recuperar la confianza en este instrumento.

Fuente: Idesa.org