1 – Se expresa el contundente rechazo a los derechos de exportación, cuyas últimas subas golpean fuertemente a todo el sector agropecuario y en especial al interior productivo. Esto, sumado al desdoblamiento cambiario, sólo provocará una fuerte retracción en la producción, atentando contra el empleo y la generación de recursos, a la vez que impactará directamente en la sustentabilidad del sistema, fundamental para el equilibrio social, ambiental y económico.

2) El sector agropecuario estuvo siempre a la vanguardia de todo compromiso para ayudar a superar las distintas crisis que ha vivido nuestro país, pero no se puede seguir sacando del mismo bolsillo. Menos aun cuando la suba en los derechos de exportación se anuncia en plena campaña agrícola, de resultados inciertos por los factores climáticos, dejando a numerosos productores con rentabilidad nula o negativa. Los últimos informes indican que en el último trimestre volvió a aumentar considerablemente la participación del Estado en la renta agrícola, representando ya un 60,4 por ciento.

3) La transferencia del campo al Estado se estima en alrededor de 180 mil millones de dólares en los últimos 18 años, observándose que este enorme aporte no fue utilizado para morigerar los índices más sensibles para la sociedad como la pobreza, la indigencia y el desempleo, o para mejorar los niveles de educación y salud públicas.

4) La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública, recientemente sancionada por el Congreso Nacional (delegando en el Poder Ejecutivo facultades que son propias del Legislativo), implica un drástico ajuste y “expropiación solidaria” que saldrá de los jubilados, la clase media, las economías regionales y la producción en general.

5) Es imprescindible que el Estado se comprometa a achicar los costos de la política y bajar el gasto público. Mientras se agobia a los sectores productivos con una mayor presión tributaria, no se observan señales ni voluntad política de reducir los gastos en los tres poderes del Estado, tanto nacionales, provinciales como municipales.

6) Es imperioso conocer cuáles son los lineamientos económicos del Gobierno Nacional en el mediano plazo para tener un marco de previsibilidad no sólo en la producción agropecuaria sino en los distintos sectores motorizadores de la economía.

7) La necesidad de contar con reglas claras tiene que estar acompañada con el cabal conocimiento de las actividades de las distintas ramas de la producción por parte de las autoridades. En ese sentido, sonaron desconcertantes las declaraciones de la más alta investidura gubernamental cuando dijo que la producción de leche no tenía insumos dolarizados. Es necesario aclarar que el productor tambero sólo se lleva el 30 por ciento de lo que el consumidor paga en el supermercado y se estima que el 78 por ciento de los costos de un tambo están dolarizados.

8) Se mantiene el estado de alerta permanente con el acompañamiento continuo a nuestros representados. Al mismo tiempo, se propende a agotar todas las instancias de diálogo con el Gobierno Nacional para buscar soluciones que vayan más allá de la coyuntura.

9) Se solicita a la Mesa de Enlace Nacional que esté presente en todas las instancias de diálogo y participación posibles.