La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) reaccionó frente a las propuestas impositivas del Gobierno que están en la ley de Presupuesto. "No puede abandonarse el espíritu de la reforma fiscal, aprobada en diciembre pasado, y en especial el compromiso asumido en el marco del pacto fiscal con las provincias en materia de ingresos brutos", señaló en un comunicado.

Tras la reforma tributaria y fiscal del año pasado, las provincias subieron el impuesto de Ingresos Brutos, ya que después estaba previsto que fueran a bajarlos año a año. Este impuesto tiene "fuerte incidencia en toda la cadena agroindustrial, la que además enfrenta día a día a las complejidades de los regímenes de recaudación con elevados costos financieros que genera la propia instrumentación al interior de las distintas jurisdicciones", precisó.

"No es posible postergar la reducción de Ingresos Brutos y otras tasas, que en conjunto pueden representar hasta un 10% de los costos de un producto", describió Daniel Funes de Rioja, presidente de Copal.

Copal representa a 37 sectores. "Considerando el gran aporte que asumen los sectores productivos con las últimas medidas anunciadas, el sector considera importante la mesa de diálogo intersectorial con el ministerio de Producción en pos de encontrar en el rumbo de competitividad estratégica, un marco de razonabilidad alineado con la situación coyuntural de emergencia", detallan

También hay un decreto (814), con especificaciones sobre contribuciones patronales en el interior del país. "Reiteramos la necesidad de mantener (ese decreto) ya que ayuda a paliar, entre otras cosas, los costos logísticos para la comercialización de productos de economías regionales, que en algunos casos llegan a representar hasta el 30%" de los costos, según Copal.

La industria de alimentos lleva acumulada una baja del 2,1% en su actividad. El uso de su capacidad instalada está en torno al 60%, un porcentaje bajo para el sector. "La presión tributaria (nacional, provincial y municipal) varía entre el 40% y 50%, dependiendo del sector, siendo en términos comparados de los niveles más altos del mundo". Esta situación retroalimenta la evasión y restringe el empleo formal.

"Los empresarios están dispuestos a compartir esfuerzos y esperamos lo mismo del Estado para que el equilibrio fiscal se alcance lo más rápidamente y se preserve a las empresas, en particular a las Pymes y economías regionales", según Funes de Rioja.