Fue, para Mauricio Macri, el mejor martes en mucho tiempo. La mayoría de los
gobernadores peronistas (con las excepciones de los siempre ásperos Alberto
Rodríguez Saá y Carlos Verna) le dieron al Presidente cierta garantía de que
tendrá aprobado el crucial presupuesto del próximo año. Pocas horas antes, una
mayoría de la Corte Suprema de Justicia votaba a Carlos Rosenkrantz como próximo
presidente del tribunal en lugar de Ricardo Lorenzetti. Rosenkrantz era el
candidato de Macri para presidir ese cuerpo desde que lo propuso como miembro
del máximo tribunal de justicia del país.
Con Lorenzetti, Macri siempre tuvo una relación contradictoria, a veces desconfiada. Durante gran parte de su gestión, el Presidente entendió que era el interlocutor más seguro que tenía en la Corte, pero dudaba al mismo tiempo de sus fluctuaciones y, sobre todo, de sus promesas incumplidas. Macri no quiso que fuera Lorenzetti quien le entregara los símbolos del poder presidencial el 10 de diciembre de 2015, después de que Cristina Kirchner se negara a hacerlo. Ese menester lo terminó cumpliendo el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo.
También ese día le pidió a Lorenzetti que fuera toda la Corte, y no solo su
presidente, quien asistiera al acto de asunción del nuevo jefe del Estado.
Ejemplos de la sutil desconfianza que surcó esa relación desde el principio
hasta el final. Macri confió siempre, en cambio, en que Rosenkrantz sería el
presidente ideal de la Corte una vez que se asentara como miembro del tribunal,
que conociera a los otros miembros, sus mecanismos de trabajo y sus
personalidades. Horacio Rosatti, a su vez, se había desgastado en el combate
contra Lorenzetti. Rosatti fue quien terminó tumbando a Lorenzetti de un sitial
en el que parecía eterno, pero no pudo cosechar sus frutos. La política suele
tener esas derivaciones inexplicables: a veces, el que conspira no gana.
Doce de los catorce gobernadores peronistas le deslizaron ayer al Presidente que
están dispuestos a apoyar la aprobación del presupuesto, uno de los mensajes
claves que Macri puede dar a los mercados para calmarlos de una buena vez. El
otro mensaje crítico es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para
apresurar el envío de dólares (o para ampliar el crédito de 50.000 millones de
dólares).
Pero el acuerdo con el Fondo está atado, de alguna manera, al acuerdo político
de Macri con sus opositores. Después de las reuniones de ayer de los
gobernadores con Rogelio Frigerio, primero, y con Macri, después, es difícil
imaginar un escenario en el que el presupuesto no sea aprobado.
En rigor, nunca fue complicada esa negociación a partir de la decisión política
de Macri de que el ajuste cayera sobre el sector productivo del país (los
exportadores industriales y agropecuarios) y sobre la clase media, que deberá
enfrentar la inflación y los aumentos de tarifas con ingresos prematuramente
viejos.
El ajuste se hará por los ingresos y no por los gastos. Nunca fue esa la
solución del Presidente. Las conversaciones con los gobernadores habían
comenzado por una merma temporaria de la coparticipación federal, pero se
encontró con un bloque sombrío e inamovible. La política no está dispuesta a
ajustarse.
En el gobierno de Macri, las provincias recibieron más recursos que durante todo
el período de Cristina Kirchner. No bien asumió, el Presidente decidió
devolverles a todas las provincias el 15 por ciento de indebidas retenciones
para la Anses, que la Corte Suprema había ordenado que se les restituyeran solo
a tres: Córdoba, Santa Fe y San Luis. Durante todo el kirchnerismo esas
retenciones existieron y convirtieron a las provincias en rehenes del gobierno
federal. Cualquiera de los dos Kirchner hubiera esperado que la Corte Suprema
fuera resolviendo caso por caso. Macri decidió que todas las provincias
recibieran las restituciones en el acto. Ahora, casi todas tienen superávit o
equilibrio fiscal, salvo excepciones, como Santa Cruz o Formosa.
Esa situación les permitió a los gobernadores, a su vez, mantenerse firmes en
sus posiciones en las negociaciones con Macri. Extraño caso: las provincias
usaron el poder contra el que les dio el poder. ¿Un error de Macri? Tal vez. Un
viejo y experimentado peronista suele decir que al peronismo hay que pagarle
siempre con cheques diferidos. "Mejor: hay que mostrarle el cheque, pero nunca
entregárselo", añade, socarrón.
El gobierno nacional no tiene muchas herramientas ahora como para amenazarlos con no enviarles recursos, porque los recursos están casi automáticamente en poder de las provincias. Durante el período kirchnerista, las provincias aumentaron el empleo público en un promedio del 60 por ciento, pero algunos superaron el ciento por ciento. Los municipios son otra monumental bolsa de empleos discrecionales. La política se resiste a achicar sus gastos. Que ahorren los otros, aunque sean los sectores más dinámicos de la economía nacional.
En la intimidad, Macri detesta esa solución. No tiene otra alternativa. Ese es su problema. El presupuesto necesita la aprobación del Congreso y ahí está en minoría en las dos cámaras. El peronismo predomina en el poder parlamentario.
Tampoco la mayoría de las provincias debía hacer muchos sacrificios. Del total del ajuste en las provincias, entre un 45 y un 50 por ciento le correspondía a la provincia de Buenos Aires, aunque esta tiene al enorme e indómito conurbano, residencia de millones de argentinos que se fueron de sus provincias. El resto de las provincias es indiferente. Entre un 10 y un 15 por ciento de ese total del ajuste lo haría la Capital Federal, que no puede argumentar que carece de recursos cuando la ciudad es un obraje en permanente mutación.
Las 22 provincias restantes deben hacerse cargo de entre el 35 y el 40 por ciento que falta para el ajuste. Poca cosa para tanta negociación, tratativas y condicionamientos. El peronismo (o su mayoría no kirchnerista) se cuida de aparecer obstaculizando la gobernabilidad de Macri, pero tampoco está dispuesto a hacerle fácil a Macri su vida de presidente.
Una incógnita (¿otra más?) es Sergio Massa. Macri aspira a verlo apoyando el acuerdo sobre el presupuesto, aunque le alcanza con los votos de los gobernadores peronistas y de los partidos provinciales, como Neuquén y Santiago del Estero, para aprobarlo. El apoyo de Massa sería un mensaje al mundo y a la sociedad de que hay un peronismo racional en el país y de que el cristinismo es solo una anomalía en su historia.
Pero Massa manda mensajes de que está buscando la forma de apoyar y diferenciarse al mismo tiempo. Busca la cuadratura del círculo. Nadie sabe, además, si realmente controla el bloque de diputados que supuestamente lidera. Felipe Solá, uno de sus integrantes, ya anticipó que votará en contra del presupuesto. ¿Realmente Massa está buscando una fórmula imposible o no quiere quedar expuesto ante una eventual falta de liderazgo? ¿Sería mejor, acaso, que terminara votando junto con el cristinismo y la izquierda más cerril? No sería la primera vez, al fin y al cabo.
La política esperaba ayer la firma de un acuerdo entre el gobierno de Macri y los gobernadores, sobre todo los peronistas. Esa posibilidad nunca existió. No la quiere Macri y, menos aún, el peronismo. Ambos bandos solo trabajaban para un acuerdo político por el presupuesto, que se traduciría en declaraciones públicas de los mandatarios provinciales.
El peronismo siente que un año hasta las elecciones presidenciales es poco
tiempo y que no le conviene mostrarse firmando un acuerdo con su seguro
adversario electoral. Macri piensa lo mismo del peronismo. La última batalla,
que no concluyó todavía, es sobre si habrá menos Ingresos Brutos o más impuesto
al sello.
El impuesto a los ingresos brutos es el más distorsivo que existe, porque es
acumulativo, se cobra antes de que se realicen las ventas y el consumidor final
termina pagando una carga inmerecida de gravámenes, además de todas los otras
cargas impositivas. El peso del Estado es ya insoportable para los argentinos
que trabajan o producen en blanco. Habrá déficit cero el año que viene, pero la
política seguirá siendo injusta y mezquina. Como siempre.
Por: Joaquín Morales Solá