¿Volvieron las retenciones?
Parece la misma película de tantos años. Y la pesadilla sigue. No habiendo logrado reducir el gasto público y, ahora, con el agua hasta el cuello, se recurre, nuevamente, al aumento de los impuestos para la producción. Sin seguir un criterio de equidad, se persigue la facilidad en la cobranza.
Sí, los derechos de exportación han vuelto, aunque, en rigor nunca se habían ido del todo, pues los productos del complejo oleaginoso seguían bajo este impuesto tan distorsivo.
Hasta el viernes, por ejemplo, la soja estaba gravada con un 25,5%.
Ahora bien: los nuevos derechos de exportación tienen una forma más perversa aunque, justo es decirlo, no se concentran en el área agrícola sino en todos los productos exportables. Con algo de hipocresía, se los llama “transitorios”.
Según lo confirmado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, éstos serán de entre $3 y $4 por cada dólar que se exporta hasta 2020.
Más claramente: se trata de una suma fija de $ 4 por dólar para las exportaciones primarias y servicios y de una suma fija de $ 3 por dólar para el resto de las exportaciones de todo tipo.
Esta suma fija también se aplica al complejo sojero. Por ello, se reduce la alícuota en concepto de derecho de exportación que se venía aplicando (25,5%) a una alícuota de 18%. Es decir que la soja queda sujeta a tal derecho de 18% más la suma fija de $ 4 por dólar.
El impuesto sobre la oleaginosa, a partir de ahora, pasa del 25,5% al 18%, más el gravamen general de $4 por dólar. De esta forma, el ratio final sería de aproximadamente 29%. Y éste se modificará según sea el precio internacional de la soja y el valor del dólar en el país.
Pues, por ejemplo, no es lo mismo $ 4 sobre un dólar de$38 que sobre un dólar de $36. Tampoco, es lo mismo $ 4 sobre una soja de USD 300 que una de USD 270.
Respecto a los cereales el maíz, el trigo y todos los demás granos, la suma de $4 por dólar representa aproximadamente una retención de 11%.
Así, el nuevo esquema de derechos de exportación resulta más difícil de prever. ¿Por qué?
Pues bien, en primer lugar porque el impuesto depende de las fluctuaciones del dólar. Si el dólar, por alguna razón, llegara a bajar, la suma fija pasa a tener mayor incidencia. Y viceversa.
Por otra parte, si el valor de los granos bajara, las mencionadas sumas fijas tendrían un mayor peso impositivo. Y viceversa.
Como vemos, si bien el derecho de exportación es fijo, ante las variaciones del tipo de cambio o del precio internacional de los granos, su incidencia sobre el precio interno variará.
De acuerdo al gobierno, estas medidas sobre retenciones permitirán una recaudación adicional de $ 68 mil millones en 2018 (0,5% del PBI) y $ 280 mil millones en 2019 (1,5% del PBI).
El grafico que sigue fue presentado en la conferencia del ministro de Hacienda.
En fin… así está el país. Con estas medidas, la devaluación queda amenguada para los que producen para la exportación. Y, en tanto, ésta castiga fuertemente las importaciones. Dentro de ellas están las inversiones para producir.
El agro deberá hacer nuevos números; y evaluar cómo serán sus ingresos y cuánto aumentarán los costos, es decir sus egresos e inversiones. Inevitablemente, estas últimas tenderán a disminuir respecto a lo planeado.
El gobierno recurre a lo mismo de siempre. Lo transitorio es lo permanente. Y la emergencia es lo usual.
Lo que siempre tenemos es un horizonte incierto. Parece que ello es la principal política de estado en nuestro país.