En febrero de 2016, con los albores de la administración de Mauricio Macri, el Gobierno anunció la primera recomposición en las tarifas de luz. Se trató de una quita de subsidios a los hogares y comercios de Buenos Aires y el conurbano, que disfrutaban de una subvención de casi 90% en el costo de sus boletas. Desde allí, se pautó un esquema de revisión tarifaria cada seis meses.

Si se trata de seguir el calendario, el cuadro tarifario actual está vigente hasta el próximo 1° de agosto. Sin embargo, el oficialismo deslizaba la posibilidad de esperar un tiempo más antes de anunciar una corrección. Como antecedente, el ex ministro de Energía Juan José Aranguren recién plasmó en diciembre de 2017 un incremento correspondiente a agosto.

Pero algo cambió en ese plan murmurado por la Casa Rosada. Desde el miércoles 1° de agosto estará vigente un nuevo cuadro tarifario. No habrá espera, como hizo Aranguren en la última corrección, en la que aguardó que transcurrieran las elecciones legislativas.

Javier Iguacel, actual ministro de Energía, manifestó en distintas ocasiones que las subas en las facturas serían de entre 25% y 30%. Los aumentos en el gas, que también depende de esa cartera, correrán desde el 1° de octubre.

El viernes pasado, el ministro de Transporte -Guillermo Dietrich- anunció aumentos en los boletos de colectivos y trenes. Fue para evitar la suba de subsidios en esa cartera. Ahora, Energía también tiene que comunicar cómo informará una medida que puede traer beneficios fiscales -como menores subsidios- pero mayor exigencia para el bolsillo de los clientes.

En el caso de la electricidad, en las empresas había algo de sorpresa. En las tarifas vigentes hasta el miércoles, se reconoce un costo de generación eléctrica de US$ 74,8 por MWh (la unidad de medida). Como el dólar estaba a $ 19,30, eso daba $ 1.440. Pero si el ministerio de Energía sigue validando que el costo de generación eléctrica es de US$ 74,8, las nuevas tarifas debieran convalidar un costo "monómico" de casi $ 2.100. Es un importe que es 45% superior al de diciembre.

Las boletas de luz ajustan por dos factores: costo de la electricidad, que talla en un 40% de la factura, y valor agregado de la distribución más impuestos, que representan un 60% de la boleta. Este renglón refleja el margen que cobran las empresas que llevan la luz a los hogares y comercios.

Edesur y Edenor tuvieron sus márgenes casi congelados hasta 2016. En dos años, su situación se regularizó parcialmente. Desde esta revisión, pueden reclamar un aumento que compense la inflación mayorista de estos seis meses y otros costos vinculados.

El costo de generación es la parte de las facturas que sigue estando subsidiada. El Estado subvenciona un 20% de las boletas de hogares y un mayor porcentaje cuando se trata de viviendas que poseen el beneficio de tarifa social.

Con alza en los costos de generación, parece difícil que el Gobierno pueda disminuir los subsidios. Es que aún para mantener el actual porcentaje de subvenciones sobre el total de la factura, se requerirá mayor cantidad de dinero.

El ministerio de Energía creía que una licitación para la compra de gas por parte de Cammesa (la mayorista estatal del sistema) para las usinas eléctricas podía ayudar a reducir los costos.

La discusión llega en medio de la probable transferencia de los subsidios que hoy paga el Gobierno nacional a las administraciones de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Es porque Edesur y Edenor están bajo jurisdicción nacional, pero podrían pasar a las órbitas de los lugares que operan.

Las distribuidoras no reciben subsidios del Gobierno nacional. Los clientes los reciben para no pagar la energía eléctrica al precio que vale. La revisión de esa ecuación también está en discusión.