En base al acuerdo al que se llegó con el FMI, el déficit fiscal primario deberá bajar de 2,7% del PBI este año a 1,3% del PBI en 2019. Es decir, el gran esfuerzo fiscal habrá que hacerlo en 2019 en el medio de un año electoral. La baja de 1,4 puntos del PBI del déficit fiscal exige una reducción del gasto público de aproximadamente unos U$S 6.900 millones si tomamos el PBI proyectado en el presupuesto 2018 para 2019 y un tipo de cambio de $ 28.
Para tener idea de la magnitud del esfuerzo fiscal que habrá que hacer, tomemos como referencia el ajuste del gasto público que quiso hacer Ricardo López Murphy en marzo del 2001. En ese momento la baja del gasto propuesta fue de $ 3.000 millones que eran U$S 3.000 millones. Indexando la cifra en dólares por el IPC de USA, serían unos U$S 4.700 millones. Esto quiere decir que en un año electoral habrá que hacer una baja del gasto público un 47% mayor que en ese momento. Si lo tomamos respecto al gasto público, mis cuentas dan una baja del 8% en 2001 y lo mismo para 2019 aproximadamente. Es decir, tomando como porcentaje de baja del gasto público, la baja del gasto es igual a la 2001, si lo tomamos en valores absolutos, la reducción del gasto es mucho mayor la propuesta en 2019 que la que se formuló en 2001.
Hasta ahora, cada vez que uno proponía una baja del gasto público, salía el ejemplo de Ricardo López Murphy: no se puede bajar el gasto porque miren lo que pasó con Ricardo López Murphy, duró dos semanas en el cargo. Claro que nunca cuenta cuál fue el costo de no haber bajado el gasto público como proponía Ricardo López Murphy. Primero bajaron las jubilaciones y los sueldos de los empleados públicos un 13%, luego vino el corralito, luego 5 presidentes en una semana, después el default, la pesificación asimétrica, caída del 15% del PBI y un salto de la pobreza del 50%. El costo social, político y económico de no bajar U$S 3.000 millones fue infinitamente mayor al de haberlo bajado.
Es posible que si el gobierno no cumple con la meta fiscal acordada con el FMI en el electoral año 2019, el FMI otorgue un waiver y deje seguir al gobierno hasta las elecciones. No obstante, en algún momento habrá que enfrentar la realidad y esa realidad es más compleja que en 2002 y las licuaciones del gasto público anteriores.
¿Qué ocurrió en la crisis del 2002 y las anteriores? Normalmente se recurría a una llamarada inflacionaria y cambiaria y con eso se licuaba el gasto público. Se subían los salarios públicos y las jubilaciones por debajo de la inflación y se licuaba el gasto estatal. Al mismo tiempo que se hizo eso en 2002, también se había declarado el default (con buena parte del Congreso aplaudiendo de pie a Rodríguez Saá cuando anunciaba la suspensión del pago de la deuda pública) con lo cual se entró durante 4 años en superávit fiscal.
Hoy es inviable pensar en un ajuste del gasto público con la “tecnología” del 2002. Entre las jubilaciones que actualmente están indexadas y los intereses de la deuda pública en dólares superan cómodamente el 50% del gasto público. Por lo tanto, un salto inflacionario y cambiario ajusta automáticamente, por lo menos, el 50% del gasto público. La licuación del gasto público vía llamaradas inflacionarias solo tienen “sentido” si hacen caer el gasto público en términos reales. Es decir, la mayoría del gasto público sube menos que la inflación.
Tampoco luce probable que el gasto público crezca menos que el PBI o, si se prefiere, que el PBI crezca más rápido que el gasto público. En 2017 inflaron artificialmente el consumo con créditos blandos y endeudamiento externo para estimular la actividad económica vía obra pública, creció el PBI, poco considerando el bajo punto de partida, y ahora entramos en recesión. De nada sirve inflar artificialmente la actividad si luego se cae en un proceso recesivo.
El gráfico muestra las tasas anuales de variación del PBI. Es un sube y baja constante con un claro estancamiento en los últimos 38 años. Todos los intentos por poner orden fiscal formal, licuando el gasto público con devaluaciones y llamaradas inflacionarias, terminaron en un estancamiento de cuatro décadas como mínimo.
Imaginando que el gobierno puede dominar la situación económica de aquí a las elecciones, y suponiendo que luego de octubre gana el oficialismo o cualquier otro partido político que quiera mantenerse dentro de cierto orden institucional no autocrático, tiene que descartar la fórmula del pasado de corregir el déficit fiscal cambiando los precios relativos con una devaluación que permitía sustituir importaciones para reactivar junto con un incremento de las exportaciones, hasta que se licuaba el tipo de cambio real por efecto del financiamiento inflacionario del déficit fiscal que nunca desapareció, terminando en una gigantesca crisis económica.
Mi impresión es que se acerca un momento crucial para Argentina. Seguir con la decadencia que venimos teniendo desde hace 70 años o bien comenzar a hacer reformas estructurales que incluyan una reforma del estado para bajar en forma ordenada el gasto público.
Mirando las opciones que hoy tiene la economía Argentina, por el lado de los ingresos no hay espacio para aumentar tanto más los impuestos, el financiamiento inflacionario ya está en el 30% anual piso y genera descontento en la población. La deuda externa está acotada por un mercado internacional que no parece tener mucho interés en financiarnos y el endeudamiento interno llevó la tasa de interés a niveles insólitos que hacen inviable el crecimiento.
Queda solo trabajar por el lado del gasto y la vieja fórmula de licuarlo con inflación y devaluación ya no es viable. Mejor que tanto el oficialismo como la oposición, el gobierno nacional, los provinciales y los municipales se tomen en serio la reforma del estado en todos los niveles porque la salida de la llamarada inflacionaria puede generar un caos fenomenal sin “resolver” transitoriamente el problema fiscal como se hacía en el pasado.
Fuente: Economía para Todos
