CÓRDOBA.- Con intervenciones judiciales, protestas de consumidores e intervenciones políticas, los conflictos por los aumentos de tarifas se extendieron en el interior del país:
En Santa Fe, la jueza provincial Graciela Gustscher ordenó ayer frenar el pago de boletas de electricidad a los comerciantes de San Cristóbal hasta que se revise el cálculo y se explique por qué la suba registrada es del 75%. Fue la respuesta a un amparo presentado por el Centro Comercial.
En Santa Cruz, un juez provincial pidió investigar a los funcionarios que decidieron aplicar aumentos de hasta un mil por ciento en las tarifas de servicios públicos pese a existir una medida cautelar que frenaba los tarifazos de la gobernadora Alicia Kirchner. Ahora, el juez que concedió el amparo pidió a la Justicia Penal que investigue a los funcionarios por presunto delito de desobediencia y ordenó una nueva audiencia pública para que expliquen el cuadro tarifario.
En Mendoza, diez legisladores provinciales del PJ propusieron declarar la emergencia tarifaria y retrotraer los aumentos a noviembre de 2017. Argumentaron que en dos años el agua subió 117%; el transporte público, 314%, y la luz, 600%.
En Entre Ríos -donde la energía subió en diciembre entre 14% y 17%, según el usuario, y en febrero otro 14%- se vienen realizando cortes y ollas populares en localidades como Paraná, Concordia, Santa Elena, La Paz, Chajarí y Federación, donde hay familias que recibieron facturas de hasta $15.000. La Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos presentó un amparo.
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, debió retrotraer el aumento de la luz después de varias protestas de los consumidores; ordenó a la prestadora Electricidad de Misiones que no suba el valor agregado de distribución (VAD), el componente provincial de la tarifa. La medida implica una baja de entre 15% y 20% en la boleta. Además, reincorporó a la tarifa social a unos 19.000 usuarios.
En Formosa hubo, hace unas semanas, una protesta de vecinos frente a la empresa Recursos y Energía Formosa por los montos de las facturas recibidas; el gobierno provincial responsabilizó a la Nación.
La tarifa eléctrica tucumana subió entre 10% y 15% en febrero, cifra que se sumó al incremento de 15% a 20% de diciembre; ahora se espera otra alza del 15%. La Defensoría del Pueblo presentó en febrero un amparo para dejar sin efecto las subas.
En la localidad tabacalera jujeña de Monterrico los vecinos se movilizaron porque aseguran que reciben facturas con hasta 90% de incremento; la empresa provincial aplicó el 7% en febrero, por lo que no se explica la brecha.
En Chaco el servicio eléctrico aumentó en enero 20%, en promedio, para residencias y pequeños comerciantes y 12% en febrero; las facturas llegan con vencimiento en julio por un amparo de un centro de jubilados que el año pasado frenó la aplicación de alzas.
En La Rioja los productores de economías regionales sostienen que con las nuevas tarifas no pueden trabajar; en diciembre, el alza para el consumidor fue de 23%, en promedio, y 15% en febrero. El gobierno provincial -que desde el año pasado subsidia la tarifa- este año destinará $300 millones, cifra que no alcanza para cubrir el incremento.
Los pampeanos pagarán este mes una suba del 40%; las cámaras comerciales insisten en que reducen sus márgenes de rentabilidad porque no pueden trasladar los aumentos a precios. Una situación similar plantearon los productores del Alto Valle a los ministros nacionales de Producción y Agroindustria.
En Córdoba se aplicó en febrero la cuarta suba mensual (7,3%); desde octubre, los incrementos superan el 50%. Existe un conflicto entre la gobernación y el gremio de Luz y Fuerza por cambios que buscan mejorar la eficiencia de la empresa eléctrica.
