La leve baja interanual del desempleo junto al aumento en la tasa de empleo; un crecimiento del PBI en 2017 del 2,9%, como no se veía desde 2011, y el fuerte respaldo de la directora general del FMI, Christine Lagarde , son noticias con las que el Gobierno está intentando remontar la cuesta tras la caída de su nivel de imagen favorable en las encuestas que signó gran parte del verano. Quienes conocen a Mauricio Macri , sin embargo, aseguran que su preocupación no pasa tanto por el eventual descenso del apoyo en el electorado como por convencer a empresarios e inversores de que, por el camino del gradualismo, se alcanzarán las metas deseadas.

En los últimos días, algunos gestos del Presidente y de sus colaboradores dieron cuenta de un clima más propicio para que revivan en el Congreso ciertas iniciativas en materia de legislación del trabajo que parecían sepultadas. La reforma laboral, tras la furia callejera de diciembre por los ajustes jubilatorios, había quedado reducida a poco más que un blanqueo de trabajadores. Es probable, con todo, que se trate de señales que apuntan más a entusiasmar a los empresarios que a convencer a los parlamentarios de la oposición.

Sin embargo, en las próximos días o semanas, el Gobierno estaría en condiciones de ofrecer un muy buen indicio para la economía real: la vuelta de los acuerdos de productividad y competitividad. Será de la mano de un novedoso convenio que están por firmar la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y la Asociación Obrera Minera Argentina, que agrupa a los trabajadores del sector. Se comenta que el acuerdo, que va más allá de lo salarial y se centra en las condiciones de trabajo para favorecer la productividad, sería revolucionario para la actividad y seguiría la línea de los pactos celebrados con bombos y platillos con los representantes de los petroleros para la explotación de Vaca Muerta, con el gremio de la construcción y con la industria automotriz.

Empresarios de la minería local se quejan de que, mientras en países como Canadá un trabajador puede estar 12 horas seguidas en una mina, en la Argentina esa labor se limita a 7 horas y 50 minutos, dentro de las cuales se incluyen los traslados hacia y desde la mina, lo cual reduce la productividad. Esta situación sería uno de los aspectos que se corregirían en el próximo convenio, para alentar nuevas inversiones extranjeras en un sector estratégico.

Recuperar la confianza de inversores y contribuyentes no es tarea fácil. En especial luego del fallo de los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah que favoreció a Cristóbal López. En una sociedad siempre propensa a evadir impuestos, no es de extrañar que esa sentencia incentive a más empresas que son agentes de retención de impuestos a quedarse, como López, con dinero retenido. De ahí que en el Gobierno apuesten a que la Cámara de Casación Penal rechace el cuestionado fallo y ponga las cosas en orden.