Habilitó un nuevo inventario de tensiones y conflictos. La identidad del gobierno de Mauricio Macri se definió durante sus dos primeros años en oposición al kirchnerismo. Con la declinación de esa fuerza, se está reconfigurando. Las contradicciones comienzan a establecerse sobre nuevos ejes y, por lo tanto, los sujetos y las posiciones se clasifican de otro modo.
Ayer hubo, en campos muy distintos, dos señales de esta renovación del debate. Macri comunicó que Inés Weinberg de Roca es su candidata para ocupar la Procuración General de la Nación. Casi al mismo tiempo, el vicejefe de Gabinete Gustavo Lopetegui conseguía una reforma estratégica en el sistema de contrataciones del PAMI con los grandes laboratorios medicinales. Después de una durísima pulseada, está a punto de lograr que esa industria admita bajar los costos de sus prestaciones. Y no solo por un acuerdo de precios, sino por algo más interesante: un cambio de método. En adelante, para proveer a esa mega obra social las empresas deberán competir en licitaciones. Además, el que se cartelizará es el Estado, coordinando la demanda de varias dependencias. Una conquista relevante para una administración que viene de una crisis con los jubilados. Por mucho menos, Cristina Kirchner convocaría a una plaza de la soberanía farmacéutica.
El Presidente despejó ayer la incógnita sobre la sucesión de Alejandra Gils Carbó. Eligió a la jueza Weinberg, que ahora debe obtener el visto bueno del Senado. Esta jurista conduce el Tribunal Superior de Justicia porteño y ocupó posiciones destacadas en la justicia penal internacional. Esos antecedentes son relevantes. Pero no fueron la clave de la selección. Macri quiso promover a una figura ajena a la corporación judicial. Y, sobre todo, al decadente sistema de Comodoro Py. El primer reproche que ayer se escuchó sobre Weinberg fue que "desconoce dónde queda la escalera de Tribunales". Para Macri, ese es su mérito.
Al impulsar a esta candidata, Macri saldó una controversia en su propio círculo. Quedaron postergados el binguero Daniel Angelici; el jefe de la AFI, Gustavo Arribas, y, en menor medida, el ministro de Justicia, Germán Garavano. Son los negociadores habituales con el fuero federal. En cambio, se fortaleció el ala que lidera José Torello y que integran el asesor Fabián Rodríguez Simón; el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías; el secretario legal y técnico, Pablo Clusellas, y el consejero de la Magistratura Pablo Tonelli. Ese bloque pretende conquistar la mayor autonomía posible respecto del establishment judicial.
No debe sorprender la opción de Macri. Si bien el nombre de Weinberg se definió apenas Gils Carbó resolvió renunciar, algunas novedades recientes reforzaron la inclinación por un outsider. La más notoria es el escandaloso fallo de los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballestero que benefició a Cristóbal López con un misericordioso cambio de carátula. Ayer se produjo otra decisión controvertida: el juez Luis Rodríguez apartó al fiscal Carlos Stornelli de la investigación sobre malversación de fondos en el yacimiento Río Turbio a pedido de Roberto Baratta, la mano energética de Julio De Vido.
Sin embargo, el pronunciamiento que más irritó a la Casa Rosada fue la acordada con la que la Corte, por el voto de Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, anuló la federalización del Tribunal Oral Nº 9, que debía juzgar a Cristina Kirchner y Lázaro Báez. El principal argumento es que los jueces no contaban con acuerdo del Senado para cambiar de fuero. La Corte colocó una gota de ácido en el principal proyecto del Poder Ejecutivo para diluir el poder de Comodoro Py: la extensión de las facultades federales a los magistrados del fuero ordinario de la Capital Federal. Esa política no queda invalidada. Pero pasa a depender de los senadores. En concreto: de un entendimiento con el PJ federal.
En el clima de estos disgustos, Macri ignoró las preferencias de la corporación judicial. Sobre todo de los fiscales, a quienes propuso una jefa ajena a su club. Se desmarcó también de la polarización que dominó el Ministerio Público: la cofradía tradicional vs. el kirchnerismo de Justicia Legítima. Weinberg no pertenece a ninguna de estas facciones. Esa independencia hace juego con el estado actual de ese conflicto. El procurador interino, Eduardo Casal, recortó el poder de varios militantes de la era Gils Carbó, como Félix Crous o Leonel Gómez Barbella. Y algunos magistrados, como Ariel Lijo, aproximaron a los simpatizantes del gobierno anterior para, de ese modo, blindarse frente a cuestionamientos. Fiscales como Paloma Ochoa o Juan Pedro Zoni creen que Lijo puede dar amparo. Son alineamientos indiferentes para Weinberg.
El anuncio de ayer cobijó otro desafío. Macri también puso en tela de juicio su relación con el Senado. El nombre de la candidata no fue negociado con la oposición. Ni informado al oficialismo. Una curiosidad: ayer por la mañana, Federico Pinedo y Pichetto estuvieron reunidos con el fiscal de Casación Raúl Plée, que era el candidato más probable a convertirse en procurador si Macri hubiera aceptado el consejo de los actores tradicionales de los Tribunales y el Congreso. Otros aspirantes ya habían quedado en el camino: entre ellos, el camarista Gustavo Hornos, el constitucionalista Alberto García Lema y el fiscal Guillermo Marijuan.
Sería ingenuo suponer que el Presidente postuló a Weinberg sin consultas previas porque estaba distraído. En la Casa Rosada se consolida la hipótesis de que existe un pacto tácito entre Ricardo Lorenzetti, Comodoro Py y el bloque de senadores del PJ poskirchnerista, que actúa como un núcleo independiente del resto de la clase política. Esta conjetura tiene cada día más adeptos. La inauguró Elisa Carrió. Y acaba de obtener una última adherente: Cristina Kirchner. Este juego puede ser decisivo para entender los comportamientos de la próxima campaña electoral. Pichetto lanzará en los próximos días una línea interna junto al precandidato a presidente Juan Manuel Urtubey. Esa alianza controla posiciones estratégicas de la Cámara alta. El hermano de Urtubey, Rodolfo, preside la Comisión de Acuerdos, que decide sobre designaciones de magistrados. El primo de Urtubey, Dalmacio Mera Figueroa, preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, que dictamina, entre otras cosas, sobre los desafueros de los senadores. Al negarse a pactar la identidad del sucesor de Gils Carbó, Macri se definió también frente a esta escuadra opositora.
Esta prescindencia abrió ayer un interrogante sobre el comportamiento del Senado, donde Weinberg necesita dos tercios de los votos. ¿Podrá la oposición dialoguista desairar al Presidente? En el currículum de Weinberg no aparecen razones para hacerla fracasar. ¿Puede entonces el PJ humillar a Macri como, en 2012, la oposición humilló a Cristina Kirchner con la recusación de Daniel Reposo? La expresidenta tal vez resulte, en este caso, imprevisible. La candidata oficial tiene tres rasgos que la pueden seducir: es mujer; fue expulsada de la Justicia por la dictadura militar, y tuvo un papel importante en el juzgamiento de violaciones de los derechos humanos a nivel internacional, y, sobre todo, no pertenece a la corporación del fuero federal. ¿Habrá una coincidencia inesperada entre Macri y su antecesora? Las clasificaciones habituales se pueden estar modificando.
Sería superficial leer la nominación de Weinberg solo a la luz de las disputas de poder. Al indicar a esa jueza porteña, Macri está proponiendo a la funcionaria que deberá comandar un cambio de primera magnitud en el orden judicial. En octubre comenzará a ponerse en práctica, en Salta, la reforma que convierte a los fiscales en los titulares de la investigación penal. Es una transferencia importantísima de facultades que hoy son de los jueces. Weinberg deberá dirigir esa transformación. Desde el punto de vista político, el Presidente le está asignando un rol importantísimo. Si es verdad que entre los tres objetivos del Gobierno está replegar al narcotráfico, Macri reveló ayer el nombre de alguien que tendrá más relevancia que varios de sus ministros.
