Los discursos vacíos de propuestas que se sucedieron anteayer en la avenida 9 de Julio hicieron más que evidente el objetivo de la convocatoria lanzada por Hugo Moyano: demostrar capacidad de movilización y control de la calle para presionar al Poder Ejecutivo y a la Justicia y preservar los viejos privilegios corporativos y la impunidad de quienes deberían estar presos.
La cantidad de gente movilizada no es el único termómetro a la hora de ponderar adhesiones. Los estudios de opinión pública reflejan con bastante precisión esos apoyos y no dejan dudas respecto del hartazgo de la gran mayoría con estas prácticas a las que nos tienen acostumbrados líderes sindicales que se aferran al pasado y a sus injustificables patrimonios.
No hay dudas de la absoluta inutilidad de la concentración ni del verdadero motivo de la convocatoria, pues el propio dirigente del gremio camionero se encargó de dedicarle buena parte de su discurso: el apremio que siente a medida que avanzan varias investigaciones judiciales sobre su patrimonio y el de sus familiares. Así lo sugieren también sus bravuconadas expresando que no tiene miedo a ir preso. No es ningún secreto que solo lo movió su desesperación ante la acción judicial, de la que culpa al Gobierno, con el que hasta hace muy poco mantenía relaciones aceptables. Sin embargo, a medida que comenzaron a avanzar los expedientes judiciales y a aparecer nuevas pruebas y testimonios en su contra, Moyano descubrió que disentía del Gobierno y que había reclamos salariales de su sindicato que no eran atendidos.
Se ha dicho que el acto de anteayer marca el surgimiento de una suerte de polo opositor que trasciende lo sindical. Es una expresión de deseos de una oposición tan carente de figuras, de propuestas, de iniciativas y de proyectos como el discurso del propio Moyano. La sociedad asistió a un lamento personal y a una pretendida manifestación de poderío carente de propuestas alternativas.
Lamentablemente, en la Argentina, a medida que parecen perder fuerza las discusiones sobre los distintos proyectos de país y se desvanecen los debates de ideas, solo quedan el agravio o las viejas y remanidas movilizaciones, único recurso de dirigentes que atrasan. ¿Qué significa hoy trasladar o convocar a 100.000 o 200.000 personas? ¿Qué peso político tiene? ¿Acaso sirve para rebatir las pruebas acumuladas en los expedientes judiciales?
Moyano es un fiel exponente del gremialismo corrupto y acomodaticio dominado por dirigentes cuasieternos que ceden el poder a sus hijos al frente de los sindicatos mientras incrementan en forma exponencial sus riquezas a costa del quiebre de sus obras sociales. Precisamente, varias de las empresas bajo investigación en la actualidad, pertenecientes a su actual mujer, han florecido mientras realizaban negocios con la obra social de Camioneros, que luego habrían derivado en la compra de residencias para la familia Moyano.
Es necesario que nuestro país deje atrás definitivamente este tipo de sindicalismo y sus mecanismos defensivos, como la manifestación del miércoles, que solo sirvió para que el miedo de una persona trabara el desplazamiento de quienes viven y trabajan en la ciudad. Colmar de gente una avenida puede considerarse un vano intento de amedrentar a la Justicia, pero no exime a nadie de tener que rendir cuentas ante ella.
